“Nadie quiere que Costa Rica se parezca a Grecia”

Se la conoce como “la Suiza de Centroamérica” porque es el país más estable y el segundo con mayor ingreso per cápita de la región.

Pero hace unos días, el 1 de agosto, el presidente Luis Guillermo Solís Rivera reconoció que enfrentan “dificultades de liquidez para pagar obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales”.

Y para afrontar la crisis anunció una serie de medidas de austeridad como cancelar contratos y pagos innecesarios.

“Nadie quiere que Costa Rica se parezca a Grecia, Italia o España en el 2018″, dijo en entrevistas posteriores a su anuncio como referencia a las recientes crisis económicas en esos países.

En el país muchos se sorprendieron: este año el Banco Central espera un crecimiento de 3,8% en la economía, mientras que la inflación y tasas de interés se mantienen bajo control.

¿Entonces por qué la administración pública se encuentra en contingencia?

Las autoridades dicen que ha sido más difícil contratar la deuda con la que se financia el 46% de los servicios públicos.

Es consecuencia de un problema no resuelto en décadas: la recaudación de impuestos de Costa Rica es una de las más bajas de América Latina.

En cambio, analistas y partidos de oposición aseguran que la situación no es tan grave como asegura Guillermo Solís, y denuncian una maniobra política para conseguir respaldo a la reforma fiscal propuesta por el presidente a la Asamblea Legislativa.

La propuesta contempla un aumento y la modificación de los impuestos de la renta y a las ventas comerciales.

Pero la oposición cuestiona que en los primeros años del actual gobierno aumentaron la deuda y el gasto público.

El debate ocurre en un momento complicado: en febrero próximo hay elecciones presidenciales.

Y la contingencia fiscal será uno de los temas centrales en el debate político.

Sin default… por el momento

¿Hasta dónde puede llegar la crisis?

El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, dice que por ahora no se contemplan impagos de las deudas, una situación conocida como default .

Pero si la contingencia de liquidez se mantiene pueden suspenderse servicios, o retrasarse el pago de contratos no esenciales.

“El temor nuestro es que el problema se incremente y la situación se acelere”, le dice el viceministro a BBC Mundo.

“Por el momento no estamos cerca de un default. Sí hay una situación compleja que de no resolverse se va a complicar en los próximos meses”.

Este año el gobierno de Costa Rica ha tenido problemas para conseguir el financiamiento con que, desde hace décadas, sostiene casi la mitad de sus operaciones.

Hay dos explicaciones, dice el viceministro Rodríguez.

Legalmente se necesita el respaldo de dos terceras partes de los diputados en la Asamblea Legislativa para contratar deuda externa.

Un proceso que ahora se complicó por el entorno político y el recelo de legisladores de oposición.

Pero esto no es todo. En junio pasado, el Banco Central utilizó parte de sus reservas para enfrentar el impacto de una súbita devaluación del colón, la moneda local.

Eso les dejó con una cantidad menor de moneda para respaldar bonos de deuda interna, con los que el sector público suele financiarse cotidianamente.

Esto en la práctica significa menos dinero para cumplir con las obligaciones de gobierno.

Por eso, el anuncio del 1 de agosto es una primera llamada de alerta ante una mayor crisis financiera, según el viceministro de Hacienda.

El presidente Solís emitió un decreto para garantizar primero el pago de la deuda, los salarios y las pensiones de empleados gubernamentales.

También se cubren servicios esenciales como salud y educación y después, “tomando en cuenta la liquidez” del gobierno, el resto de sus compromisos financieros.

Vieja historia

Pero el tema va más allá de la coyuntura.

Desde las crisis económicas de los años 80, Costa Rica se quedó con una elevada deuda interna y externa, que se agravó con decisiones oficiales en las décadas siguientes.

Por ejemplo, en 2011 aumentaron los recursos para la educación, que eran del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), para equipararlos al estándar internacional del 8%.

Antes se establecieron programas contra la pobreza, y se crearon miles de empleos en varias dependencias del gobierno.

Pero todo se hizo con los mismos recursos, pues la recaudación y el modelo de impuestos se mantuvieron sin cambios, explica el viceministro.

El gasto del gobierno aumentó y para financiarlo se contrataron créditos en el mercado financiero nacional e internacional. Actualmente el 46% de los servicios públicos se paga de esta manera.

La deuda creció un 12,7% este año, según datos del Ministerio de Hacienda.

Tan sólo los créditos del gobierno central suman US$25.000 millones, dice el viceministro Rodríguez.

Y la deuda total del sector público equivale al 62% del PIB. La recaudación vía impuestos es cuatro veces menor: el 13,5% del Producto Interno Bruto.

“Un susto”

Las autoridades insisten en que es necesario cambiar el sistema tributario y de ahí la propuesta de reforma fiscal.

Muchos de los impuestos fueron diseñados en la década de los 80, cuando la economía del país era más cerrada y con fuerte componente agrícola, explica el especialista Juan Pablo Arias, del medio CRHoy.com

Ahora, la mayor actividad económica está en los servicios como el turismo.

Pero los gravámenes no han cambiado. “Son impuestos para un país que ya no existe, son desfasados”, le dice el analista a BBC Mundo.

Sin embargo, concretar la reforma fiscal es complicado, reconoce Arias.

Primero, porque es un tema donde fracasaron gobiernos anteriores, y esa experiencia sigue muy presente en el escenario político.

Y en la Asamblea Legislativa, los diputados de oposición reclaman que Solís Rivera hizo a un lado el tema del déficit fiscal durante los primeros años de su gobierno.

Algunos incluso creen que su advertencia sobre la crisis de liquidez es una estrategia para conseguir apoyo a su reforma legislativa.

“De alguna manera esa fue la señal que quiso dar, un susto, que se vea el riesgo que enfrentamos”, asegura Juan Pablo Arias.

“Analistas más aventurados dicen que la falta de liquidez se creó artificialmente” por el gobierno.

No es verdad, responde el viceministro Rodríguez.

“Ningún político gasta su capital político a seis meses de las elecciones haciendo una alerta innecesaria para tratar de aprobar unas reformas que no lo van a beneficiar”, subraya.

La intención del mensaje fue advertir de una crisis que podría agravarse.

“Imagínese si escondemos el problema, hubiéramos conseguido los recursos si no decimos nada y en seis meses o un año el problema se hacía mucho más grande. No era justo con el país”.

Política

Resolver la contingencia de liquidez gubernamental depende en buena medida de la Asamblea Legislativa.

No sólo porque debe autorizar más deuda externa, sino también la solicitud del presidente Solís Rivera para derogar la Ley para desincentivar el ingreso de capitales externos.

Es una norma aprobada en 2014 para controlar el capital especulativo, a través de impuestos especiales de hasta el 33% del total de la inversión.

El problema es que nunca tuvo un reglamento claro para ejecutarla, y ahora es un obstáculo para que inversionistas extranjeros compren la deuda del gobierno, dice el especialista Arias.

Además, legisladores de oposición cuestionan que el presidente pretende solucionar el problema con mayores ingresos, pero sin ajustar los gastos de su gobierno.

Guillermo Solís insiste que han sido austeros. “No somos un gobierno gastón”, asegura.

Hasta ahora, no está claro si la contingencia se resolverá antes de las elecciones presidenciales.

“Cuando nos preguntan de plazos”, dice el viceministro Rodríguez, “yo digo: quisiera que se resolviera muy pronto porque no sabemos de qué magnitud puede ser el próximo año”.