Repatriados luchan desde México por sus casas en EEUU

MÉXICO – Durante poco más de un año, Francisco V.  peleó desde México por la casa que compró en Estados Unidos. Pagarla le llevó décadas; abandonarla, apenas unos días después de que la policía lo detuvo por conducir a exceso de velocidad y deportarlo por no tener documentos.

Francisco, quien pide a su abogado Alan Shön que reserve su nombre completo, era uno de los 1.9 millones de propietarios mexicanos que, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), tienen viviendas en Estados Unidos.

Pero una vez que llegó a su país se dio cuenta de que no había hecho nada para proteger su patrimonio en caso de deportación.

No habló anticipadamente con algún litigante para prever los escenarios en caso de repatriación a pesar de que el riesgo siempre fue latente. Tampoco firmó ningún documento (“living Trust”) para ceder a alguien de su confianza el poder de actuar en caso de ausencia, como recomiendan especialistas y la cancillería mexicana.

El poder no significa que se ceda las pertenencias a otra persona, sino que con él podrá realizar operaciones de compraventa de  bienes u operaciones financieras con el nombre del propietario.

El empoderado debe tener detalle de las propiedades o cuentas bancarias sobre las cuales se otorgan derecho de administración, como nombre de los bancos, número de cuentas, registro del automóvil, así como su ubicación exacta, o el pago de impuestos y deudas.

“Los principales problemas jurídicos-económicos detectados en grupos de migrantes de retorno están relacionados con dinero: bancos, acciones, negocios y propiedades”, advierte Ericka de la Peña, abogada de migrantes repatriados.

El gobierno mexicano opera formalmente los centros de defensa de inmigrantes en los consulados mexicanos que ofrecen asistencia, guía y consejo local “con el apoyo de una fuerte red de aliados locales, incluyendo abogados y organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los inmigrantes”.

El problema es cuando el deportado ya está en México.

Francisco V. optó por buscar un litigante particular (el abogado Shön) porque el acercamiento con la Secretaría de Relaciones Exteriores nunca lo concretó y porque tenía un dinero ahorrado para pagar a diferencia de otros casos.

Shön explica que lo que hicieron  fue contactar a un abogado en EEUU para seguir su trámite. “El migrante hizo desde aquí un documento firmado autorizando la venta de su casa, con el monto. El inmueble se puso en venta unos meses hasta que siete meses después fue vendido a una familia”.

Deportados, analistas y funcionarios durante un foro en el que discutieron las diversas crisis que viven las familias repatriadas.
El abogado hizo el contrato de compra-venta y recibió el dinero, pero luego envió el pago del inmueble al migrante es un problema, porque son cantidades altas que no se permiten, y muchos deportados no tienen cuenta bancaria en México.

El envío entonces se tiene que hacer por partes, en tiempos separados, justificando el motivo. “En este caso (el de Francisco) fue exitoso, pero los migrantes se arriesgan a que el abogado se quede con el dinero o haga mal uso del inmueble”, advierte Shön.

Otro problema puede ser la mala elección de la persona a quien se le da el poder para hacer los trámites.

Eleazar Silvestre, de 25 años de edad, relata a este diario el infierno que ha vivido desde que en 2016 su mujer lo traicionó en Estados Unidos y  le quitó su casa, sus coches, dinero, trabajo y toda posibilidad de continuar el sueño americano.

Silvestre emigró a Texas en 2006. Tenía 14 años. Trabajó en la construcción hasta que su mujer lo acusó de violencia doméstica, asalto agravado e invasión a propiedad privada. “La casa la compramos entre los dos en 2009  con un valor aproximado de 150,000 USD, estaba en proceso de pago (faltaban 70,000 USD) pero ella se la quedó con mi parte y con la deuda y poco puedo hacer desde la Ciudad de México”.

“Los deportados pueden también ser engañados porque no  tienen la posibilidad de firmar documentos físicamente en EEUU, ni saber exactamente a cuánto corresponde el monto de la operación”, precisa Peña.

Hasta el momento no existen cifras oficiales de cuántas personas podrían encontrarse peleando desde México por sus bienes, pero algunos activistas calculan que podrían ser alrededor de 1.5 millones tomando en cuenta las estadísticas de Condusef que afirman que la mitad de los mexicanos en EEUU tienen casa propia o en hipoteca y en los últimos ocho años han sido repatriados tres millones.

Silvestre está muy triste ante la impotencia de un mal salario en México con el que no comprarse otra casa y la que tenía en EEUU la perdió. Sabe que debió hacer las cosas de otra forma para proteger su patrimonio y acudir al menos al consulado para asesorarse pero no lo hizo.

“Quise contratar un abogado ya que estaba en proceso de repatriación pero eso lleva tiempo y dinero. Siempre estuve solo en el proceso, sin familia ni esperanza de recuperar algo, porque aunque mis primos viven en Carolina, no se acercan a la policía por ser ilegales. Lo más facil entonces fue firmar la salida voluntaria y dejar todo atrás”, dijo Silvestre.