Soldados “DREAMers” defienden a un país que ahora quiere echarlos

Los departamentos de Seguridad Nacional y de Defensa no tienen una idea clara de qué pasará con los soldados "DREAMers" que no puedan renovar sus permisos.

WASHINGTON.- Alrededor de 900 “DREAMers” están enlistados en las Fuerzas Armadas de EEUU y defienden a un país que,  bajo la Administración Trump,  ahora quiere echarlos, sin que el Pentágono o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tengan respuestas claras para su situación.

La Administración Trump anunció el martes pasado la anulación del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012, que desde entonces ha amparado a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados de la deportación, y les ha permitido trabajar legalmente, estudiar, y hasta inscribirse en el Ejército.

La fecha de vencimiento del “DACA” será el 5 de marzo de 2018, y los “DACAmentados” con permisos que venzan en o hasta entonces, tienen hasta el próximo 5 de octubre para renovarlos.

Los permisos vencerán de forma escalonada dos años después de la fecha en que la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) apruebe su renovación.

A menos que el Congreso apruebe una legislación, como el “DREAM Act”, que los legalice de forma permanente, los “DREAMers” quedarán expuestos a la deportación.

Sin linterna en la oscuridad

Consultados hoy por este diario, funcionarios del DHS y del Pentágono dijeron que ambas agencias realizan discusiones internas sobre el futuro derrotero de los soldados “DREAMers” que están en activo o desplegados en el exterior.

El teniente general, Paul Haverstick, portavoz del Pentágono,  dijo que cerca de 900 beneficiarios de “DACA” prestan servicio militar o han firmado contratados, dentro del programa piloto lanzado en 2009 y conocido por su sigla en inglés “MAVNI”.

Ese programa, “Military Accessions Vital to National Interest”(algo así como “ingreso militar vital para el interés nacional”), permite a ciertos extranjeros indocumentados enlistarse en las Fuerzas Armadas debido a que tienen profesiones, destrezas y conocimientos -particularmente en el sector de salud-, o dominio de ciertos idiomas, considerados vitales para la defensa del país.

“El Departamento de Defensa está coordinando con los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional sobre el impacto que pueda tener cualquier cambio en la política para los beneficiarios de DACA”, dijo Haverstick.

Dicho de otra forma, no hay una guía clara sobre qué ocurrirá con los soldados “DREAMers” que no puedan renovar sus permisos para el próximo 5 de octubre, o una vez que sus permisos venzan sin más prórrogas.

Pero el portavoz de DHS, Dave Lapan, explicó que, según los parámetros de la anulación de “DACA”, los “DREAMers” no podrán continuar en las Fuerzas Armadas, ya sea que estén en el período de entrenamiento,  en activo, o en las unidades de reservistas, una vez que venzan sus permisos, sin excepciones.

El Pentágono no considera como “enlistados” a aquellos que apenas participan en entrenamiento militar básico y, sin un permiso vigente, “no serán elegibles bajo los reglamentos del MAVNI” y serían eliminados de las filas, dijo Lapan.

“Estamos trabajando con el Departamento de Defensa para determinar cómo se manejarán estos casos”, afirmó el portavoz del DHS.

Desde 2009, el “MAVNI” otorgó una vía a la legalización y ciudadanía a unos 10,400 soldados extranjeros a cambio de su servicio,  pero fue suspendido para nuevos reclutas para el año fiscal 2017. Permitió el ingreso de beneficiarios de “DACA” en 2014, pero dejó de aceptarlos en agosto de 2016.

La abogada de Inmigración y exteniente general del Ejército, Margaret Stock, fue la arquitecta de “MAVNI”, desde su diseño hasta su implementación,  y en declaraciones a este diario advirtió hoy de que la firma de un contrato con el Ejército no escuda a los “DREAMers” de la deportación, porque lo perderán cuando se venza su permiso.

Activistas se movilizan

Activistas de la comunidad inmigrante, entre ellos el abogado “DREAMer”, César Vargas, se movilizan para que el Congreso dé luz verde a la legalización de los jóvenes indocumentados antes de que se cierre la ventana de seis meses.

Vargas, el primer abogado abiertamente indocumentado, ha encabezado los esfuerzos para facilitar el ingreso de los “DREAMers” al Ejército y, según dijo a este diario, “es una tragedia  que el gobierno quiera deportar a gente que quiere prestar servicio en este país… le están dando la espalda a una tradición que data de la Revolución, en la que también hubo inmigrantes”.

El abogado “DREAMer”, César Vargas, en una foto de 2013 con jóvenes que aspiraban a enlistarse en el Ejército. Foto: suministrada.

Parte del problema es que el Pentágono “carece de un entendimiento sobre los inmigrantes en el Ejército, y esto se ve en todo el proceso, desde los reclutadores que creen que todos los “DREAMers” pueden prestar servicio militar, hasta el proceso de naturalización de los soldados inmigrantes”, explicó Vargas.

“Como estamos viendo ahora, el Pentágono probablemente no sabrá… cómo coordinar el potencial fin de DACA. Esperamos que el Pentágono sí permita que los que reúnen todos los requisitos para enlistarse, completar el entrenamiento básico y prestar servicio militar, puedan hacerlo”, subrayó

Vargas realizó un video con “Human Rights Watch” en el que responde a las “voces minoritarias de la extrema derecha”que envían mensajes de odio contra los inmigrantes indocumentados.

“La persona promedio, el estadounidense promedio verdaderamente entiende que somos una nación que da la bienvenida (a inmigrantes)… lo que mi mamá siempre me ha dicho es que el Sueño Americano no es tener un coche de lujo o una casa grande, es abrir las puertas de la oportunidad a otros”, dijo Vargas.

El grupo “VoteVets.org”, divulgó un video en Facebook destacando las contribuciones de los “DACAmentados” y otros extranjeros para la defensa de EEUU.

Todd A. Weiler, exsubsecretario de Defensa, ha señalado que “menos del uno por ciento” de los estadounidenses presta servicio militar y,  a su juicio, lo mínimo que pueden hacer quienes no quieren ir al Ejército es “apoyar quienes lo hacen, incluyendo nuestros Dreamers” y no permitir que el país les dé la espalda.

Para Bruna Bouhid, portavoz de “United We Dream”, la solución no tiene más vueltas: “llegó el momento de actuar, y nuestro mensaje al Congreso es que tienen que aprobar el DREAM Act. Los DREAMers no se pueden dar el lujo de quedar un solo día sin protección”.

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