Al frente en la lucha por los inmigrantes

Tras la devastación del huracán Harvey, inmigrantes en Texas se enfrentaron ante otra amenaza: el comienzo de una nueva ley cuyo propósito es atacar a los inmigrantes y convertir al departamento de policía en una rama de la fuerza de deportación de Trump.

Sin embargo, dos días antes que la medida de ley del Senado número 4 (SB 4) tomara efecto, un juez federal bloqueó por el momento la mayor parte de esta ley provocando un alivio temporero para cientos de miles de tejanos,  los cuales impulsaron una campaña durante meses para bloquear esta ley tan pronto como fue aprobada en mayo.

A tan solo unas semanas de la aprobación de SB 4, organizadores movilizaron un grupo de concejos municipales para que votaran a favor de impugnar la ley. Estos organizaron protestas durante el verano, incluyendo una movilización masiva en el Capitolio estatal el 29 de mayo. También, proveyeron entrenamientos para que los inmigrantes conozcan sus derechos y sepan como resisitir la medida de ley SB 4.

Y esta semana, ganaron su primera victoria. La decisión del tribunal será impugnada y habrá una larga y dura batalla. Pero lo más importante, esta semana demostró que organizarse y resistir funciona.

En Nueva York, hemos sabido esta realidad por años. Nueva York tiene una larga tradición de ser una ciudad de inmigrantes, y tiene una red extensa de apoyo disponible para asegurar que los inmigrantes se sientan seguros, una red de apoyo que existe en parte porque los inmigrantes han luchado por ella.

Por ejemplo, en 2013, tras una larga campaña del Center for Popular Democracy y Make The Road New York, la ciudad de Nueva York fue la primera en el país que ofreció a los inmigrantes que enfrentan deportación un programa universal de representación financiado con fondos públicos. El proyecto ha ayudado a aumentar en 1,000 por ciento la probabilidad de ganar un caso, y se está imitando en ciudades de todo el país, entre ellas Los Ángeles

Un año más tarde, Nueva York pasó a ser una de las primeras ciudades del país que emitió una tarjeta municipal de identidad, lo que permite que los inmigrantes tengan acceso a una gran variedad de servicios públicos y puedan abrir cuentas bancarias, entre otros beneficios. La tarjeta se ha vuelto sumamente popular entre los neoyorquinos en general, entre otros motivos, porque con ella se puede entrar por un precio reducido a muchas de las principales instituciones culturales de la ciudad, lo que prueba una vez más que ayudar a los inmigrantes ayuda a todos.

Todavía queda mucho trabajo por hacer en nuestro estado. Por ejemplo, la legislatura estatal  no ha logrado aprobar una medida que haría de Nueva York un “estado santuario” y aseguraría que no se pueda utilizar a los agentes de la ley para poner en práctica los planes de Trump en el estado.

El estado de Nueva York también ha tratado repetidamente sin lograrlo de aprobar una Ley DREAM que ofrecería ayuda con la matrícula universitaria a los hijos de inmigrantes indocumentados.

Ambas medidas ayudarían a hacer de Nueva York un estado más próspero, y seguiremos luchando por ellas.

Mientras tanto, nos mantenemos unidos con la oposición en Texas, que ha encabezado una campaña extraordinaria contra la Ley 4, la que ha llevado a muchas ciudades del estado a interponer recursos contra la ley ante los tribunales y ha llevado a empresas, líderes comunitarios y agentes de la ley a pronunciarse públicamente en su contra. La oposición en Texas es un modelo de que el movimiento a favor de los derechos de los inmigrantes es cada vez más poderoso en todas partes.

Por eso, el 1 de septiembre, afiliadas a CPD en Nueva York, Pensilvania, Carolina del Norte, California y Maryland manifestaron su solidaridad con la oposición en Texas. Además nos uniremos a legisladores locales de todo el país para aprobar resoluciones que dejan en claro que medidas como la Ley 4 no tienen cabida en su estado.

Todos somos parte de una lucha por un mundo mejor. Y no descansaremos hasta que, en todos los rincones del país, se les dé la bienvenida a todos los inmigrantes.

Ana María Archila es codirectora ejecutiva del Center for Popular Democracy