Asesinato de una joven exhibe crudeza de violencia laboral contra mujeres en México

MEXICO – “La maté porque ya me tenía hasta la madre”, confesó Miguel N., uno de los dos presuntos asesinos de Jazmín Contreras, una joven de 19 años cuyo nivel de responsabilidad en una fábrica de textiles en el estado de Tlaxcala pudo llevarla a la muerte, según apuntan las primeras averiguaciones de la fiscalía estatal quien tomó el caso aún sin reconocerlo como feminicidio.

Los inculpados, conocidos  con los nombres de Miguel y Oscar N., de 24 años, fueron videograbados en el lugar de trabajo por las cámaras de seguridad cuando forcejeaban el pasado 17 de octubre con la muchacha para hacerla inhalar cloroformo con un trapo y así asesinarla.

“Eso fue  lo que utilizaron de acuerdo con la declaración de ellos y eso fue lo que provocó que le dieran muerte“, dijo Tito  Cervantes, procurador de justicia de la entidad.

El cuerpo de la Jazmín se localizó tres días después tirado en la Barranca del Parque Nacional La Malinche, cuando los confesos llevaron a las autoridades de justicia al sitio y reconocieron tener una deuda con ella por alrededor de 800 dólares.

El procurador advirtió que evadir el pago pudo ser la razón principal del homicidio, pero el esposo de la muchacha declaró a la prensa local que fue un asunto más profundo. “No soportaban que una mujer mas joven que ellos los mandara y por eso la mataron, ¡por su machismo¡“, dijo.

La Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 reconoció que en México tres de cada 10 mujeres han sido víctimas de acoso laboral en México. El perfil de estas agresiones, según en Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), está conformado por una lista de 28 actitudes  que tienen como objetivo “preservar el orden histórico de género en el que las mujeres están subordinadas a los hombres“.

Esta lista incluye desde la ridiculizaron a la sobrecarga de trabajo; murmullos, rumores y calumnias; someterla a exámenes psiquiátricos, cuestionar sus desiciones, injurias en términos obscenos y degradantes; mensajes verbales o escritos represivos u ofensivos; críticas a creencias políticas o religiosas; emulaciones, reducción  de salario, maltratos públicos o hacer sentir a la empleada como objeto de su propiedad.

En 2015, María Isabel Puente, la asistente de Julio César Kala, uno de los catedráticos de mayor prestigio de la Universidad Autónoma de Guanajuato, denunció con nombre y apellido que su jefe intentó violarla durante un viaje de trabajo en el que se metió a su cuarto con el pretexto de contarle algunos problemas familiares.

La denuncia terminó con la doble criminalización en el trabajo de Isabel al punto de que ella tuvo que cambiar su lugar de residencia aunque  dejó tras de sí  un trabajo positivo: el gobierno del estado mejoró los estándares de un protocolo de Inmujeres para prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual en el sector público.

Al menos cuatro burocracias estatales en el país (la CDMX, Coahuila Quintana Roo y Durango) se han sumado en los últimos años al protocolo de  Inmujeres así como algunas instituciones federales como el Instituto Nacional Electoral e Inmujeres del sector publico. En el sector privado, la participación es mucho menor con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

“El protocolo de Inmujeres debería ser una obligación nacional con lineamientos generales para que se adapten de manera particular tanto en las instituciones públicas como privadas“, advirtió la aboga y activista en temas de genero Ana Yeli Pérez, en observación de los retos que tiene el pais para enfrentar el tema.