Familia de mujer repatriada se “descompone“ por bajo salario en México

MEXICO – Hace siete años que María Tinoco regresó a Tonatico, Estado de México, de Waukegan, Illinois, y desde entonces su vida va de mal en peor como limpiadora doméstica con un salario de 100 dólares mensuales y madre soltera de cuatro chicos que no pueden completar sus estudios por un problema de la burocracia mexicana  y falta de atención.

“Lo he intentado todo y ya no puedo más: voy a regresar a mis hijos a Estados Unidos aunque me duela’’, cuenta en entrevista telefónica con este diario en un momento de descanso, de fregar pisos y quitar cochambre; lavar platos y planchar ropa ajena: su día a día mientras la familia se le desmorona porque  tiene que dejar a los muchachos solos todo el día para ir al trabajo y este abandono ya le pasó la factura.

Estefanía, de 17 años, volvió a embarazarse después de parir a los 15 a su primogénito Justin, que sumó a la numerosa familia, otra boca más que alimentar; Santiago, de 18 años, no estudia ni trabaja, es muy grosero con ella y ya comenzó a probar drogas y el más pequeño, Jonathan, de ocho años, tiene problemas de ingreso a la primaria porque los profesores le piden identificación mexicana que no tiene.

A José Manuel (el hijo mayor de 19 años) lo pudo enviar hace poco “de  vuelta“ a Waukegan con una amiga que le renta un cuarto y ahora el joven trabaja como jardinero con su tío.

“Allá está mejor, la vida en México es sumamente complicada. Si yo pudiera tener una visa para llevarme a todos juntos y volver a trabajar como obrera en las fábricas, tendría más dinero para darles estudios y mejor vida porque allá ganaría mil veces más. Aquí no gano ni para comer’’.

La falta de dinero es la razón que ha impedido a María sacar el acta de nacimiento del niño de ocho años en el ayuntamiento de Tonatico, donde cobran 20 dólares, y sin este documento tampoco puede sacar la identificación personal CURP que le exigen en la primaria para darlo de alta en el sistema de educación pública.

En enero de este año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminaron el requisito de “apostilla’’, un proceso de legalización y certificación para que su validez pueda ser reconocida en otros países, pero que resultaba una tortura para los repatriados y la inscripción de sus hijos a la escuela.

Sin embargo, muchas instituciones desconocen de esta disposición por falta de difusión de la medida o porque los maestros no comprenden las necesidades binacionales y son poco pacientes con los alumnos estadounidenses hijos de deportados que a la fecha suman alrededor de 500,000 niños según cifras reconocidas oficialmente.

Recientemente una profesora de la Puerta de Santiago, la ranchería donde vive María y sus hijos,  habló con ella para decirle que tenía que entregar el CURP o Jonathan perdería el año escolar igual que pasó con Santiago, quien sólo pudo terminar la secundaria por la modalidad de sistema abierto.

“Hasta los maestros me dicen que es mejor que los regrese a EEUU porque ellos son de allá y yo ya estoy ahorrando para enviarlos por camión’’.