Censo 2020 no debe preguntar sobre ciudadanía, piden 19 fiscales generales

Preguntar sobre la ciudadanía podría llevar a muchos a no participar en el censo. La Constitución dice que se deben contar a ciudadanos y no ciudadanos por igual

19 Fiscales se oponen a que el censo de 2020 pregunte sobre la ciudadanía de las personas

19 Fiscales se oponen a que el censo de 2020 pregunte sobre la ciudadanía de las personas Crédito: PAUL J. RICHARDS | Getty Images

El Fiscal General de Nueva York, Eric T. Schneiderman, al frente de una coalición de 19 fiscales generales y el estado de Colorado, instó hoy al Departamento de Comercio de Estados Unidos a rechazar la adición de una pregunta de ciudadanía al censo de 2020.

Esta pregunta adicional supondría una amenaza para la representación equitativa de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, así como miles de millones de dólares en fondos federales críticos. Tendría consecuencias en la participación del censo entre inmigrantes, causando que muchos no se declaren como parte de la población en el estado y las ciudades con grandes comunidades de inmigrantes, como Nueva York.

“La representación justa es el corazón de nuestra democracia. Sin embargo, el esfuerzo del Departamento de Justicia para agregar una casilla con la pregunta de ciudadanía a nuestro Censo afecta directamente a estados como Nueva York que tienen grandes y prósperas poblaciones de inmigrantes, amenazando nuestra representación en el Congreso y el Colegio Electoral y miles de millones en fondos federales de los que dependen los neoyorquinos”, dijo Schneiderman.

El 12 de diciembre de 2017, el Departamento de Justicia de EEUU solicitó a la Oficina del Censo que incluyera una pregunta de ciudadanía en el formulario del censo 2020 enviado a cada hogar de Estados Unidos, aunque según la Constitución el censo debe contar todas las personas: ciudadanos y no ciudadanos por igual.

El Departamento de Justicia argumentó que la recopilación de dicha información era necesaria para garantizar la aplicación adecuada de la Ley de Derechos Electorales de 1965. Sin embargo, como explican los Fiscales Generales en la carta de hoy, la propuesta del Departamento de Justicia tendría exactamente el efecto opuesto al reducir la participación en las comunidades de inmigrantes.

El conteo insuficiente resultante privaría a las comunidades de inmigrantes de una representación justa cuando se distribuyan los escaños legislativos y se tracen las líneas de los distritos electorales.

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