Jueces de inmigración reclaman independencia para hacer su trabajo lejos de la politización del gobierno

Dicen que están sometidos a demasiada presión al no ser jueces independientes y que el actual gobierno "ha ido más lejos" que ningún otro en sus ansias de control.

El gremio de los jueces de inmigración rechazó esta semana enérgicamente los intentos del gobierno de Donald Trump y del procurador Jeff Sessions de ejercer presión para que cumplan con cuotas en procesos de deportación y afirmaron, por medio de su nueva presidenta, que el Congreso debe actuar para protegerlos de “influencia indebida” de parte del ejecutivo.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) representa a 350 jueces que trabajan en las cortes civiles migratorias bajo el organigrama del Departamento de Justicia, encabezado por Jeff Sessions.

En una entrevista con La Opinión, la presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración Ashley Tabaddor,  dijo que aunque todos los gobiernos hacen manejos políticos del sistema migratorio, este ha sido el que más lejos ha llegado hasta ahora.

“Esta administración ha anunciado la aplicación de cuotas de trabajo y esto crea una tensión y afecta las decisiones que debemos tomar”, dijo la magistrada, que trabaja en la corte migratoria de Los Ángeles. “Necesitamos reformas que nos protejan y que no ataquen nuestra independencia judicial“.

En diciembre, el Departamento de Justicia Federal ordenó que los jueces de inmigración terminen los casos pendientes ante sus tribunales en un tiempo máximo de un año para casos de personas no detenidas y de 60 días para los migrantes detenidos.

Dijeron también que las cortes serán auditadas para determinar qué tanto se está cumpliendo con estas órdenes.

El objetivo de las medidas, según Sessions, es atacar el retraso que ha llevado a la acumulación de 665,000 casos pendientes frente a los jueces migratorios, pero los magistrados llevan años quejándose de recursos insuficientes, manejo político de los reglamentos y falta de entrenamiento.

“Tomamos decisiones que pueden resultar en la vida o muerte de una persona, particularmente en casos de asilo”, dijo Tabaddor. “Pero funcionamos en medio de unos tremendos conflictos de interés”.

La jueza Tabaddor es una inmigrante de Irán, que tenía apenas 10 años cuando su familia escapó de ese país tras el advenimiento de la revolución islámica en ese país y lograron inmigrar a Estados Unidos.

¿Jueces independientes o supeditados?

Estos tribunales, a diferencia del resto -los civiles, los penales- no son parte de un sistema judicial independiente, sino que son tribunales civiles que dependen del procurador de la nación y el Departamento de Justicia.

“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene demasiada influencia sobre Justicia y sobre nuestros tribunales”, dijo Tabbador. “Eso es un problema y el Congreso debe resolverlo”.

Los jueces apoyan una serie de reformas que serán presentadas por la senadora demócrata Macie Hirono, para aislar a los magistrados migratorios de la presión indebida por parte de la procuraduría.

Una de esas reformas es darle a los jueces migratorios la categoría de “jueces” y no de “abogados” de dicho departamento, en cuyo caso la jefatura del mismo tiene mucha más influencia sobre lo que ocurre dentro de una corte, dijo Tabaddor.

“Si eres un abogado, la presión que puede ejercer un designado político es grande, pero si eres juez es diferente”, apuntó.

La enmienda de ley que persiguen los jueces los protegería de “disciplina arbitraria”, establecería un proceso más transparente de disciplina y reforzaría el entrenamiento legal para los jueces sobre, por ejemplo, las condiciones en otros países que afectan los casos de asilo.

“Estas sería soluciones temporales”, dijo Tabaddor. “Pero estamos en una verdadera crisis”.

Lo que los jueces realmente quisieran es convertirse en un juzgado independiente, no uno que depende de un designado político.

“Por ahora, sin embargo, ningún político ha enarbolado nuestra bandera en ese asunto”, apuntó la jueza.

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