DHS: separación de familias indocumentadas en la frontera sur es una “rareza”

WASHINGTON— Funcionarios de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendieron este jueves ante el Congreso la separación de familias en la frontera sur, alegando que es una “rareza” y sólo ocurre en casos de “fraude” o posible actividad criminal.

Durante una audiencia del subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, los funcionarios defendieron la solicitud presupuestaria para el DHS para el año fiscal 2019, que incluye un aumento de fondos para las operaciones de detención y deportación de inmigrantes indocumentados en la frontera y al interior del país.

La audiencia, en general, se realizó sobre líneas partidistas: la mayoría de los demócratas atacaron las políticas migratorias de la Administración Trump, mientras los republicanos destacaron la urgencia de mejorar la vigilancia fronteriza.

Durante un intercambio con la congresista demócrata por California, Lucille Roybal-Allard, el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), Kevin McAleenan, afirmó que la separación de unidades familiares es una “rareza”.

Roybal-Allard señaló el sonado caso de una madre congolesa detenida en diciembre pasado en San Diego (California), donde pidió asilo, pero fue separada de su hija de 7 años de edad porque ésta fue enviada a un albergue en Chicago (Illinois), operado por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud.

La Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) entabló una demanda contra el DHS, y ambas fueron posteriormente reunificadas gracias a pruebas de ADN.

“La separación de un grupo que se presenta como una unidad familiar, ahora mismo, es un evento muy raro. Sólo es de cerca del 1,4% de todos los grupos que se presentan en la frontera”, afirmó McAleenan, al insistir en que se obtiene permiso de un supervisor y, de todas maneras,  la separación de familias “no ocurre con frecuencia”.

Para determinar la veracidad de los lazos familiares, las autoridades de Inmigración entrevistan a los individuos, los procesan, les toman las huellas digitales, cotejan su información contra bases de datos del DHS, y se coordinan con las autoridades consulares del país de procedencia, explicó.

“Cuando decidimos separar a una familia por el hecho de que creemos que no tienen vínculos familiares, generalmente nos basamos en que han admitido o hay un caso de fraude claro… si es una unidad familiar, lo hacemos si hay algún asunto criminal con un padre de familia”, enfatizó McAleenan.  

Por su parte, Matthew T. Albence, subdirector de las operaciones de deportaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), argumentó que los agentes dependen de la ayuda de las autoridades consulares pero, muchas veces, las familias no viajan con documentos o se niegan a cooperar, lo que “levanta sospechas” y dificulta el proceso.

“Desafortunadamente, es un acto de equilibrio a veces, en el que tenemos que errar del lado del bienestar del niño. Dios no permita que lo dejemos en mano de un traficante o de alguien que no es su padre, y se vuelven víctimas”, dijo Albence, quien prometió entregar un informe sobre el uso de ADN para la identificación de familias.

Activistas cívicos y grupos defensores de los derechos humanos, entre éstos “Human Rights Watch”, han denunciado la detención y separación de familias, especialmente de personas que huyen de la violencia y presentan casos de asilo legítimos.

También han condenado las órdenes de detener y “criminalizar” a inmigrantes mientras aguardan audiencia de sus casos; el despliegue de la Guardia Nacional; la agilización de las deportaciones y, esta misma semana, la suspensión de un programa del Departamento de Justicia para dar asesoría legal a inmigrantes en centros de detención.

Aunque también la Administración Obama detenía a familias indocumentadas mientras aguardaban la resolución de sus casos, el DHS de Trump, para disuadir la emigración ilegal de Centroamérica, ha incrementado la separación de familias y ha pedido fondos para ampliar los centros de detención.

Durante la audiencia, los demócratas dejaron en claro que apoyan la misión de resguardar la seguridad fronteriza pero que su partido se opone rotundamente a la “crueldad” con la que la Administración aplica “medidas draconianas” para ensañarse con los inmigrantes.

“Esta solicitud presupuestaria no refleja la grave naturaleza de las amenazas que afrontamos”, subrayó la legisladora demócrata, Nita Lowey.

Para el año fiscal 2019, el DHS ha solicitado $16,700 millones para la CBP, incluyendo $1,600 millones para un sistema de barreras físicas y tecnología a lo largo de 65 millas en la frontera sur. Para ICE, la solicitud es $8,300 millones, un incremento de $967 millones sobre el año fiscal en curso.

En paralelo a la audiencia, siete líderes demócratas de la Cámara Baja enviaron hoy una carta a los secretarios de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen,  y de Defensa, Jim Mattis, para denunciar el despliegue apresurado de la Guardia Nacional a la frontera con México.

Al igual que, en la audiencia de hoy, los legisladores exigieron que la Administración explique el porqué del despliegue, tomando en cuenta el drástico descenso en los cruces ilegales, y presente un plan detallado sobre los costos.