Otro juez federal ordena a Trump la reactivación de DACA e incluir a nuevos solicitantes
Otros jueces habían ordenado la reactivación de DACA para renovación de permisos
Trump es quien dio fin al programa DACA que protegía a jóvenes indocumentados. Crédito: EFE
WASHINGTON– Un tercer juez federal asestó este martes el golpe más duro contra la Administración del presidente Donald Trump en el campo migratorio, al ordenarle no sólo la reactivación de DACA, que él desmanteló en septiembre pasado, sino que también acepte a nuevos solicitantes.
En su dictamen de hoy, el juez federal en el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, John D. Bates, dijo que la Administración “prácticamente” nunca explicó el desmantelamiento del programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 y, por lo tanto, su decisión unilateral fue ilegal.
“La anulación de DACA fue arbitraria y caprichosa porque el Departamento (DHS) no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era ilegal. Ni el escaso razonamiento legal ni la evaluación de riesgo de un litigio que dio el DHS para respaldar su decisión de anulación son suficientes para sustentar la terminación del programa DACA”, explicó Bates, un juez designado por el entonces presidente republicano, George W. Bush.
Si en ese plazo la Administración no da una justificación aceptable, entonces el juez anulará la decisión de Trump de eliminar DACA y el DHS tendrá que “aceptar y procesar” tanto la renovación de permisos como nuevas solicitudes bajo el programa migratorio, según el documento de 60 páginas, que deja la pelota en el techo de la Administración.
El juez no se pronunció sobre la legalidad de DACA sino en la forma en que la Administración Trump desmanteló el programa, por lo que falta ver lo que hará el DHS hasta el próximo 24 de julio, cuando tenga que contestarle.
Una fuente del DHS, que pidió el anonimato, dijo a este diario esta noche que la agencia “está revisando la orden, y estará dando actualizaciones en cuanto sea apropiado”.
Este año, otros jueces federales, en California y Nueva York, respectivamente, ordenaron la reactivación de DACA pero solo para la renovación de permisos, mientras el caso proseguía en las cortes. El Tribunal Supremo, de hecho, rechazó en febrero pasado intervenir en la apelación de la Administración Trump.
Ante la inacción del Congreso respecto a una reforma migratoria integral, el entonces presidente Barack Obama, presionado por la comunidad inmigrante, puso en marcha DACA en agosto de 2012 y en su momento el programa amparó a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados.
El DACA sirvió de escudo de la deportación a jóvenes que entraron a EEUU de forma ilegal antes de los 16 años de edad y que pudieron mostrar que vivían en este país de forma consecutiva desde el 15 de junio de 2007, entre otros requisitos. Además, solo calificaban los que tenían menos de 31 años cuando la Administración Obama anunció DACA el 15 de junio de 2012.
El programa ha permitido a decenas de miles de jóvenes a continuar sus estudios universitarios, obtener empleos y licencia de conducir en algunos estados, además de inscribirse en las Fuerzas Armadas de EEUU.
En la actualidad, el programa protege de la deportación a unos 690,000 jóvenes indocumentados, y la cifra es menor debido a que muchos dejaron vencer sus permisos, les fue revocado, o lograron ajustar su estatus migratorio a residencia permanente por medio de sus empleadores o cónyuges, según la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).
Según cálculos del “Migration Policy Institute, alrededor de 1,3 millones de jóvenes reúnen los criterios para DACA y podían haber solicitado sus beneficios cuando inició el programa.
La Administración Trump canceló el programa en septiembre de 2017 y dio al Congreso plazo hasta el pasado 5 de marzo para lograr una solución consensuada.
Pero el Legislativo no logró consenso y sendos tribunales en California y Nueva York ordenaron la reactivación de DACA para la renovación de permisos vigentes.
Dulce victoria para inmigrantes
El dictamen de Bates fue una dulce victoria para activistas y grupos cívicos de la comunidad inmigrante en todo EEUU, entre éstos “United We Dream” y el Foro Nacional de Inmigración, que habían presionado a Obama a que protegiera a los “Dreamers” y luego se sumaron a una intensa campaña legal y de convencimiento ante la opinión pública sobre sus enormes contribuciones al país.
