Petición de matrimonio es clave para que ‘La Migra’ libere a repartidor

Aunque los abogados lograron frenar la deportación de Pablo Villavicencio hasta el 20 de julio, los defensores pro inmigrantes tendrán que batallar duro aún para que el repartidor de pizzas de origen ecuatoriano, pueda regresar con su esposa y sus dos hijas.

En ese lapso de tiempo, las organizaciones proinmigrantes y prominentes funcionarios elegidos del Partido Demócrata trabajan contra reloj para presentar una estrategia que permita al inmigrante ecuatoriano regularizar su estatus.

Por ahora, la carta que está en juego es la petición por matrimonio que presentó en febrero a Inmigración, Sandra Chica, la esposa de Villavicencio, quien tiene ciudadanía estadounidense.

La Legal Aid Society (LAS) logró el fin de semana que la jueza Alison J. Nathan del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, fallara una “permanencia de emergencia”, en favor de Villavicencio, luego de analizar el recurso de Hábeas Corpus  interpuesto por los abogados.

La orden de la jueza federal establece  que el gobierno debe mantener a Villavicencio dentro del área de la ciudad de Nueva York. El inmigrante está en manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en la cárcel de inmigración  de Kearny, condado de Hudson, Nueva Jersey.

Villavicencio, de 35 años, fue arrestado el viernes 1 de junio cuando fue a entregar una orden de pizzas a la base militar de Fort Hamilton en Brooklyn, un trabajo que hacía de rutina sin problemas con sólo presentar el IDNYC, el documento de identidad que entrega la ciudad a los residentes.

Un portavoz de Fort Hamilton dijo que los agentes de seguridad llamaron a ICE después de descubrir durante la verificación de antecedentes de rutina que Villavicencio tenía orden de deportación, según la cual un juez ordenó a Villavicencio que abandonara el país en 2010, pero se quedó.

“Aunque estamos decepcionados porque Pablo aún permanece detenido, la estancia de hoy es una victoria para él y su familia, y también para el debido proceso y la justa administración de justicia”, dijo Gregory Copeland, abogado de la Unidad de Derechos de LAS.

Según Copeland, la jueza Nathan estuvo de acuerdo con el argumento de a Villavicencio  debe tener la oportunidad plena y justa de presentar su caso ante el Tribunal Federal.

“Esta decisión es también un recordatorio de que el poder judicial sirve como una poderosa herramienta cuando otras ramas del gobierno toman decisiones apresuradas, crueles e imprudentes. LAS continuará representando a Villavicencio y trabajará con él para garantizar el ajuste de su estatus”, agregó Copeland.

De acuerdo a Legal Aid Society,  Villavicencio permanecerá bajo la custodia de ICE, pero esta suspensión le permitirá buscar una forma meritoria de desagravio y ajuste de estatus para permanecer con su familia.

No obstante el anuncio de que Villavicencio podría estar amparado por la “permanencia de emergencia” aprobada por la jueza federal, los defensores proinmigrantes y funcionarios públicos abogan por la inmediata liberación del inmigrante.

Apenas se reveló la decisión judicial, el gobernador Andrew Cuomo solicitó a través de una carta a Thomas R. Decker, director de Campo del Departamento de Seguridad Nacional y Aplicación de Aduanas que libere de la custodia del ICE a Villavicencio. El gobernador además reiteró el pedido de que se haga una investigación sobre las circunstancias del arresto y la conducta de los agentes de Inmigración y Aduanas.

“El ritmo significativamente acelerado con que ICE parece moverse para deportar al Sr. Villavicencio amenaza con violar los derechos al debido proceso tanto de él como de su familia bajo la Constitución de los Estados Unidos y excede los estándares básicos de sensatez y decencia que proporcionan una base de legitimidad para nuestras instituciones públicas, particularmente la aplicación de la ley”, escribió Cuomo.

Natalia Aristizabal, de Make the Road New York anticipó que su organización continuará resistiendo en las calles, en los tribunales y en los pasillos del Congreso en Washington, los esfuerzos de la Administración Trump a través de “La Migra” para separar a las familias.

“Estamos aliviados por el fallo del tribunal, que brinda protección temporal a Pablo Villavicencio, un hombre que no quiere nada más que quedarse con su esposa e hijas”, destacó Aristizabal.

El concejal Francisco Moya se sumó al clamor de la liberación de Villavicencio a la luz la suspensión temporal de la deportación.  Moya es el único ecuatoriano-estadounidense en el Concejo de Nueva York y el primer ecuatoriano-americano elegido para un cargo público en los Estados Unidos.

“Como hijo de inmigrantes ecuatorianos, la historia de Pablo resuena personalmente conmigo. Al igual que Pablo, mi familia echó raíces aquí y trabajó duro para mantener a esa familia. Este es un hombre al que se le debería permitir regresar a su familia y completar su solicitud de inmigración. Me sentiría honrado de llamarlo mi vecino y me entristece que aún no pueda llamarlo mi compañero estadounidense”, dijo  Moya.