Proponen instalar GPS para supervisar sanidad en carritos de comida
Críticos temen que funcionarios federales podrían usarlos contra vendedores, en su gran mayoría inmigrantes
La mayoría de los vendedores son inmigrantes Crédito: Mariela Lombard | El Diario NY
El Departamento de Salud de la ciudad (DOH) está preparando un plan para equipar a los vendedores ambulantes de alimentos con un “dispositivo de ubicación compartida” para facilitar las inspecciones sanitarias.
Actualmente, una quinta parte de los 5,500 carritos de alimentos con licencia de la ciudad no pueden ser supervisados porque los inspectores no los encuentran, de acuerdo con la propuesta.
Los críticos dicen que el plan es una receta para el desastre, porque los funcionarios federales podrían usarlo contra vendedores, en su gran mayoría inmigrantes.
“Estamos realmente preocupados por que esta información caiga en manos equivocadas dado el clima político y la dura postura que las autoridades federales han estado tomando”, dijo Matt Shapiro, del grupo de defensa The Street Vendor Project, que representa a más de 1,800 expendedores.
Los vendedores también los han cuestionado como un alcance excesivo. “¿Entonces ahora tengo que tener un rastreador de GPS porque no pueden hacer su trabajo?”, comentó Adam Disilvestro (38), citado por New York Post.
Una portavoz del Departamento de Salud dijo que la ciudad pagaría el costo de los dispositivos, que se usarían sólo para realizar inspecciones, y que “tiene prohibido compartir la información de ubicación con cualquier persona a menos que se requiera legalmente hacerlo”.
DOH también está proponiendo que las clasificaciones sanitarias por letras (A, B y C) de los restaurantes de NYC se extienda a los carritos de comida.
La semana pasada se informó que el alcalde Bill de Blasio quiere revivir un plan para agregar más de 3 mil permisos para carritos de comida en las calles en la próxima década y tiene “la esperanza” de poder llegar a un acuerdo con el Concejo Municipal este año.
Actualmente, la ciudad limita el número, creando un mercado negro donde los permisos por dos años valorados en $200 dólares pueden venderse por hasta $25 mil.
