Juez federal ordena a la Administración la completa restauración de DACA

La Administración tiene hasta el 23 de agosto para responder al fallo del juez, ya sea impugnando la decisión o restableciendo por completo el programa de alivio migratorio
Juez federal ordena a la Administración la completa restauración de DACA
Activistas mantienen su lucha para defender a "Dreamers".
Foto: SAUL LOEB/AFP/Getty Images

WASHINGTON — En un duro revés para la Administración Trump, un juez federal ordenó este viernes el pleno restablecimiento del programa de “acción diferida” de 2012 (DACA), que el gobierno desmanteló en septiembre de 2017, dejando en un limbo legal a los cerca de 800,000 jóvenes indocumentados amparados al programa.

El juez federal, John Bates, emitió una orden de 25 páginas en la que explicó que la anulación de DACA fue “ilegal” y que la Administración Trump no ha logrado justificar su cancelación adecuadamente, aún después del plazo de 90 días que su tribunal le había dado.

Sin embargo, Bates, del tribunal en el Distrito de Columbia, sede de la capital estadounidense, dio plazo de 20 días a la Administración, hasta el próximo 23 de agosto, para responder a su orden judicial, apelándola o solicitando su suspensión temporal.

Bates precisó en el documento que no está cuestionando si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene o no la autoridad legal o constitucional de anular DACA, sino que, si desea hacerlo, tiene que dar una “explicación racional”.

Bates, un juez designado durante la Administración de George W. Bush, rechazó la solicitud de la Administración de reevaluar su decisión del pasado 24 de abril de restaurar DACA, al precisar que el tribunal “ya dio al DHS la oportunidad de remediar las deficiencias” en su justificación, y “no lo hará más”.

En declaraciones a este diario, Devin O´Malley, portavoz del Departamento de Justicia, dijo que la orden de Bates “no cambia la postura del Departamento de Justicia sobre los hechos: DACA fue implementado unilateralmente después de que el Congreso declinó extender beneficios a este mismo grupo de extranjeros ilegales”.

Repitiendo los argumentos que utilizó en abril pasado, O´Malley insistió que el DHS actuó dentro de su autoridad  legal para eliminar de forma gradual y ordenada DACA, y que el cumplimiento de las leyes es vital para “proteger a una nación, sus fronteras y ciudadanos”.

“El Departamento de Justicia continuará defendiendo vigorosamente esta postura, y espera reivindicarla en más litigios”, puntualizó O´Malley, dejando entrever una prolongada batalla legal.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido aún a una solicitud de comentario de este diario.

A menos que la Administración apele el nuevo fallo de Bates –y efectivamente se prolongue esta batalla legal-, el dictamen entrará en vigor a finales de mes y la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) tendrá que aceptar nuevas solicitudes de jóvenes que reúnen los requisitos de DACA.

Tres jueces federales, incluyendo a Bates, ya habían ordenado el restablecimiento de DACA, por lo que USCIS ha estado tramitando solicitudes para la renovación de los permisos.

La decisión de Bates ha sido causa de celebración de grupos defensores de los Dreamers, que desde siempre han destacado, con testimonios y múltiples estudios a la mano, las contribuciones de estos jóvenes a la economía y la vida nacional.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización angelina “CHIRLA”, aplaudió la decisión de Bates porque pone freno a los “ataques” de la Administración contra las comunidades inmigrantes y abre espacio para restablecer cuanto antes DACA.
El tribunal ha rechazado los argumentos de Trump para eliminar DACA y “ahora tiene una oportunidad de trabajar en una solución permanente, humana, y real para estos jóvenes inmigrantes y sus familias”, afirmó Salas, quien prometió mantener la presión para que fuerzas anti-inmigrantes obedezcan la orden de Bates y permitan que estos jóvenes “florezcan” en este país.

Por su parte, Todd Schulte, presidente de FWD.us, instó a la Administración a que “deje de intentar de defender la cancelación de DACA, lo restablezca oficialmente, y apoye legislación que provea protecciones permanentes para sus beneficiarios”.

Schulte señaló que el beneficiario promedio de DACA entró a EEUU a los seis años de edad y lleva más de 20 años viviendo en este país, por lo que tienen derecho de “planear sus vidas y continuar sus tremendas contribuciones a EEUU, en vez de ser forzados a vivir con incertidumbre de una decisión judicial a otra”.

Tras fuertes presiones del movimiento de los Dreamers, el entonces presidente Barack Obama anunció DACA en junio de 2012, que puso en marcha en agosto de ese año para proteger de la deportación a cerca de 800,000 jóvenes indocumentados.

En esa ocasión, Obama dejó en claro que DACA era apenas un “parche” temporal para dar “alivio y esperanza” a jóvenes “talentosos y patrióticos”, y que el Congreso debía ofrecer una solución legislativa permanente.

Obama intentó ampliar ese programa creando otro, conocido por su sigla en inglés “DAPA”,  para incluir a padres indocumentados con hijos ciudadanos o residentes legales. Pero ese programa fue frenado en los tribunales debido a una demanda colectiva de una veintena de estados, en su mayoría conservadores, liderada por Texas.

Trump ganó la presidencia en 2016 por su promesa de combatir la inmigración ilegal, incluso desmantelando DACA, aunque después matizó su retórica prometiendo una solución “con corazón” para los Dreamers.

Sin embargo, Trump ordenó el desmantelamiento de DACA en septiembre de 2017 e impuso un plazo al Congreso para encontrar una solución permanente para marzo pasado.

La cifra de jóvenes protegidos bajo DACA es menor ahora debido a que muchos ajustaron su estatus migratorio a la residencia permanente,  otros no renovaron sus permisos o les fueron revocados por USCIS.

El Congreso jamás se puso de acuerdo y, mientras tanto, los tribunales ordenaron el restablecimiento del programa migratorio.


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