La ciudad obliga al dueño de 30 KFC a compensar a trabajadores por malos horarios
El operador de esta cadena quiso eludir la Ley de Semana Laboral Justa durante el primer año de implementación
Trabajadores de 30 establecimientos de Kentucky Fried Chicken en Queens, Brooklyn y The Bronx presentaron una queja ante las autoridades apenas días después de que entrara en vigor, el 26 de noviembre de 2017, la ley de la Semana Laboral Justa (Fair Workweek Law). La resolución se produjo ayer, casi coincidiendo con el primer aniversario de unas normas que obligan a los establecimientos de comida rápida en la ciudad de Nueva York a ofrecer horarios previsibles.
La Oficina de Estándares y Prácticas Laborales (OLPS) del departamento de Asuntos de Consumidores (DCA) dió a conocer un acuerdo con el dueño y operador de estas tiendas (Divine Investors, Divine Anju, Divine of Brooklyn, Divine of Queens, Nulife of Broobkly, Nulife of Queens y Nulife of Queens), Hiren Patel, quien obligó a los empleados a firmar una renuncia legal a un pago premium que, de acuerdo con esta joven ley, debe abonarse cuando los horarios se cambian con menos de dos semanas de anticipación.
El acuerdo obliga a Patel a pagar $80,000 en restitución a más de 600 empleados y someterse a una auditoría comprensiva por parte de un monitor independiente durante 18 meses para asegurar que se cumple con la ley. Este monitoreo tiene que pagarlo el propio operador de esta franquicia.
Además de transgredir este aspecto de la ley y cambiar los horarios, este operador no ofreció información en los idiomas requeridos sobre esta ley, no mantuvo recuentos de estimaciones de horarios y también puso límites al uso de la ley de licencias por enfermedad.
Hasta ahora se han cerrado más de 40 investigaciones sobre el cumplimiento de esta ley y la DCA ha cerrado acuerdos con otros operadoras que han permitido asegurar más de $217,000 en restituciones y multas civiles que han beneficiado a unos 1,200 trabajadores.
La ley de la Semana Laboral Justa los empleadores de comida rápida deben dar a los trabajadores una estimación de buena fe sobre la carga de trabajo que van a tener a lo largo de la semana y horarios predecibles. Además, entre otras cosas, tienen la obligación de asignar turnos de trabajo nuevos a empleados ya existentes en vez de contratar nuevos.
“Desde que esta ley entró en vigor el año pasado, tenemos una mejora de vida, podemos organizarnos la agenda diaria”, explica el ecuatoriano Edwin Cabrera quien ha trabajado en una pizzería de Domino´s desde hace 11 años. Cabrera es miembro de Fast Food Justice, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los trabajadores de este sector y explica que antes de esta ley “teníamos un caos”.
“En la pared había un papel lleno de tachones con los horarios y muchas veces decían ´ven mañana si puedes´. Vivía desorganizado”.
Ahora Cabrera lo que lamenta es que le han rebajado a 28 las horas de trabajo frente a las 40 de antes y contratan a otras personas para hacer trabajo que él podría hacer. “Hay quien trabaja 40 horas pero yo veo a gente nueva y a mi no me dan más horas”, dice Cabrera antes de explicar que cree que sufre discriminación por pertenecer a Fast Food Justice.
Con un sueldo de $13.50 la hora dice que le cuesta mantener a su familia. “Me ayuda mucho que tengo propinas si fuera solo el cheque no podría”. Varios días a la semana, dado que el trabajo en la cadena de pizzerías está planificado, trabaja en un restaurante tres horas más. “Antes de la ley no habría podido tomar un segundo trabajo”.
