Instan al Congreso a impulsar reforma que elimine el sistema federal de fianzas

Defensores de los derechos civiles abogan por la derogaría de esta antigua práctica que afecta a los más pobres
Instan al Congreso a impulsar reforma que elimine el sistema federal de fianzas
Varios líderes de los Derechos Civiles liderados por el reverendo Al Sharpton, se reunieron con la senadora Kirsten Gillibrand, para abogar por la reforma.

NUEVA YORK.- Defensores de los Derechos Civiles y líderes comunitarios de Nueva York dieron hicieron un último llamado para que el Congreso federal, tome acción sobre la reforma de justicia penal y ponga fin al actual sistema de fianzas.

Este domingo, el reverendo Al Sharpton, presidente de la Red de Acción Nacional, Geoffrey Eaton, vicepresidente de la filial del Estado de Nueva York de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (de NAACP), junto a la senadora neoyorquina Kirsten Gillibrand, pidieron al Congreso que apruebe una legislación para poner fin al actual sistema federal de fianzas en efectivo que, desproporcionadamente provoca que las personas de color de bajos ingresos sean encerradas, incluso si aún no han sido condenadas por un delito.

Los promotores de la iniciativa dijeron que este lunes, el Congreso federal podría tomar finalmente una acción sobre la reforma de la justicia penal.

“El sistema de fianzas en efectivo en nuestro país es discriminatorio y un desastre. Si sólo ha sido acusado de un delito, es posible que deba esperar en la cárcel durante meses, o incluso más, antes de tener su juicio y contar su versión de los hechos”, dijo la senadora Gillibrand, al comentar sobre el sistema en vigencia.

Gillibrand recordó que hay miles de neoyorquinos en las cárceles simplemente porque no pueden pagar su fianza.

“No debemos encerrar a las personas simplemente porque no tienen los medios financieros para pagar su fianza. Estoy pidiendo al Congreso que resuelva este problema de una vez por todas y que apruebe una legislación que finalmente se deshaga de nuestro sistema de fianzas en efectivo a nivel federal, y que presione a los 50 estados a hacer lo mismo”, detalló la senadora.

En Nueva York y en todo el país, el sistema de fianza en efectivo genera un encarcelamiento en el que los niveles de ingresos pueden determinar si las personas pueden salir de la cárcel o no.

“Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo y gasta $ 14 mil millones cada año para encerrar a las personas sin una condena. Somos uno de solo 2 países del mundo que incluso permite a las compañías de bonos con fines de lucro que ganan entre $ 1.4 y $ 2.4 mil millones cada año”, criticó Sharpton, presidente de la Red de Acción Nacional.

Según un estudio publicado en el Quarterly Journal of Economics, las personas de color tienen más probabilidades de que se les asigne una fianza monetaria y, en promedio, se les asigna pagar cantidades de fianza más altas que sus contrapartes blancas.

La senadora Gillibrand es copatrocinadora de la Ley de fianza sin efectivo, una legislación que eliminaría el sistema de fianza en efectivo a nivel federal y alentaría a los estados a reformar sus sistemas previos al juicio mediante el uso de prácticas alternativas que prohíben el uso de la fianza en efectivo. La ACLU, Brennan Center y Color of Change apoyan este proyecto de ley.

“Esta es una cuestión de derechos civiles, la ‘Ley de fianza sin dinero de 2018’ se está moviendo en la dirección correcta. Instamos al Congreso a respaldar y aprobar esta Ley que prohibirá el uso del pago de dinero como condición de la libertad preventiva en casos penales federales y para otros fines”, dijo Hazel N. Dukes, presidente de la Filial de Nueva York de la NAACP.

Alcances de la legislación:

  • Finaliza el uso de bonos garantizados en procesos penales federales.
  • Brinda subvenciones a los estados que deseen implementar sistemas alternativos antes del juicio y reducir su población en prisión preventiva.
  • Retiene fondos de subvenciones de estados que continúan utilizando un sistema de pre-fianza.
  • Requiere un estudio de la Oficina de Contabilidad del Gobierno (GAO) tres años después de la implementación para garantizar que los nuevos sistemas alternativos tampoco estén conduciendo a tasas de detención dispares.