La solución más cara para el problema menos real

Desde el lanzamiento de su candidatura, Donald Trump ha prometido construir un “gran y hermoso muro” en la frontera sur de los Estados Unidos con el fin de detener a los inmigrantes que buscan ingresar ilegalmente al país.  Según reporta Forbes, la anacrónica idea del muro ni siquiera fue originada por Trump, sino por un grupo de sus asesores quienes pretendían usarla como recurso mnemotécnico para que el entonces candidato a presidente no se olvidara de atacar a los inmigrantes indocumentados.

La historia nos ha enseñado que los muros nunca han servido para detener personas con serias intenciones de sobrepasarlos. Es una solución del pasado y, en este caso, una bastante costosa. O, como dijo el alcalde de Laredo (Texas), Pete Saenz, “es una solución del siglo 14 a un problema del siglo 21”. En esa misma línea, en diciembre de 2018 el propio Wall Street Journal afirmaba en su editorial que un muro no es efectivo para detener la inmigración ilegal.

Pese a que datos oficiales de la Patrulla Fronteriza sostienen que la inmigración ilegal desde México ha disminuido en un 90% desde el año 2000, el presidente se aferró a esta idea que mantiene encendida a su base de seguidores. El exorbitante costo del capricho (5 mil millones de dólares, que los demócratas del Congreso se niegan a otorgar) ha llevado a un cierre parcial del gobierno que va camino a su cuarta semana y es el más largo de los últimos seis años.

Para justificar la construcción del muro, la administración Trump declaró el 3 de enero que en la primera mitad del año 2018 se detuvieron 3.755 personas sospechosas de terrorismo en la frontera con México. No obstante, datos oficiales de la Terrorist Screening Database revelan que, entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, solamente se detuvieron 41 personas sospechosas de terrorismo en la frontera sur, de los cuales 35 eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Estos datos, entre otros, revelan que la frontera sur no es el problema migratorio más grande que enfrenta el país.

Mientras unos 800.000 empleados federales siguen sin cobrar sus salarios y los servicios se ven afectados, las líneas Republicanas comienzan a fracturarse. Los senadores Cory Gardner (Colorado) y Susan Collins (Main) han manifestado la necesidad de reabrir el gobierno con o sin muro, añadiendo más presión a la Casa Blanca. Los días pasan y la solución aun no se vislumbra, aunque sí queda claro que el capricho del presidente es el más caro para el problema menos real.

-Favio Ramirez-Caminatti es analista político y especialista en migración. Es Director Ejecutivo de El Centro del Inmigrante y Consejero en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).