El misterioso cártel de la Sangre que afecta a millones de mexicanos

MÉXICO – A Catalina Alvarado le dieron la cita para una biopsia hasta mayo próximo. Cinco meses después de solicitarla en un hospital de gobierno. Desde entonces a la fecha ha tenido punzadas y ardores en el seno izquierdo, pero la respuesta de los médicos es la misma: “No tenemos suficiente equipo para atenderla”.

Catalina no puede acudir a una clínica privada porque su presupuesto de limpiadora doméstica es limitado mientras la salud pública pasa por un problema de atención y presupuesto en medio de los escándalos de corrupción mas grandes en su historia.

Un grupo de empresas de laboratorios  encontraron la manera de apañarse contratos por servicios de banco de sangre y de laboratorio del sector salud público dándole la vuelta a la ley.

El esquema no es novedoso. Desde 2016 la Comisión Federal de Competencia lo denunció ante la Procuraduría General de la República, pero no hubo investigación; con el cambio de gobierno, volvieron al banquillo de los acusados.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador los tiene en la mira porque éstas se organizaron como un cártel para fijar precios y repartirse millonarios contratos aparentemente con ayuda de funcionarios de la administración del exmandatario Enrique Peña Nieto.

La prensa local los bautizó como el cártel de la sangre y, entre las empresas señaladas, se encuentran Falcon, Impromed, Intermet, Centrum, Hemoser y Dicipa.

Hace tres años se divulgaron en redes sociales algunas grabaciones de conversaciones de presuntos  directivos de algunas de estas  empresas negociando condiciones para participar en la licitación de servicios de laboratorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Así se supo que se reunían para acordar las condiciones que exigirían al gobierno mexicano (entre ellas, el sobreprecio), para crear empresas “fachada” y  simular competencia o esconder su verdadera identidad en las licitaciones.

El senador Ricardo Monreal, del partido Morena, afín al presidente, dijo que irán contra las mafias que han lucrado con la salud pública en todo el pais. “Será prioridad una vez controlado el huchicoleo”.

Pero la primera batalla no se libera a nivel federal sino en el estado de Jalisco empujado por el escándalo. El gobernador  Enrique Alfaro canceló dos procesos licitatorios de la empresa Distribuidora Química y Hospitalaria GAP que tenía en marcha la Secretaría de Salud local por alrededor de 18 millones de dólares presuntamente por ser parte del grupo Intermet-Impromed.

“Tras la revisión documental que se ha hecho de las adquisiciones en los últimos 5 años en la administración anterior (que incluyó la extensión del contrato en el gobierno actual a raíz de la transición), se detectó, revisando los precios, una venta a sobreprecio cercana al 20% en los últimos años”, detalló Alfaro en un comunicado.

Esto significa que la empresa ofertó en el proceso actual un 20% más barato de lo que le estuvo vendiendo como proveedor al Gobierno anterior y a la extensión del contrato actual.

En otros estados como en la Ciudad de México, aunque no se han mencionado los nombres de las empresas, la jefa de Gobierno anunció que se suspendieron las licitaciones hasta aclarar procesos anteriores, una tendencia que se espera en otros estados.

En los últimos años, médicos, enfermeros y trabajadores del sistema de salud pública en Mexico han denunciado un problema de falta de recursos, medicamentos y equipo para atender a los millones de usuarios de los servicios como los que requiere Catalina Alvarado.

“Nunca mas se volverá a lucrar con la salud de los mexicanos” advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embrargo no dio detalles sobre lo que hará. Si será un combate coyuntural o propondrá alguna ley para impedirlo de raíz.