Un medio de vida, el carrito, no se bota
Acuerdo para indemnizar a vendedores ambulantes inmigrantes por la destrucción de sus propiedades
Ana Buestán es una ecuatoriana que vendía Italian ices en Flatbush. Su carrito fue decomisado y presuntamente destruido ilegalmente en 2016. Algo similar le ocurrió a Sanwar Ahmed, de Bangladesh, con su carrito de arroz. Ahora, tres años más tarde, recibirán una indemnización por ello.
El Proyecto de Venta Ambulante (Street Vendor Project) del Urban Justice Center demandó, en nombre de estos dos inmigrantes, a la policía (NYPD) y a los departamentos de Sanidad y Salud (DSNY y DOHMH, respectivamente) por la política de destruir estos carritos de comidas de los inmigrantes. Era una acción conjunta que ahora protege a más de 300 inmigrantes y que se cerró con un acuerdo entre las partes que el lunes logró la aprobación final por un juez.
Según informaba Urban Justice Center, el acuerdo estipula que los demandantes serán compensados con un mínimo de $585 por sus pertenencias, carritos, mesas, sombrillas, utensilios y otros objetos esenciales para sus negocios. La ley dispone que el NYPD debe dar cupones por la propiedad confiscada pero las agencias “repetidamente no lo hicieron”.
“La ciudad creyó que esta propiedad era basura y la botaron a la basura. Pero así es como estos vendedores se ganan la vida”, explicaba en un comunicado Matthew Shapiro, director legal de este Centro. Los vendedores alegaban que muchas veces se depositaba la propiedad de los comerciantes en el camión de la basura y se destruía delante de ellos.
Mohamed Attia, co-director del Street Vendor Project, asegura en el mismo comunicado que la conducta de las autoridades es chocante y explicaba que la mayoría de los vendedores afectados tenían licencias válidas por parte del Departamento de Sanidad a pesar de que la concesión de estas licencias estén congeladas desde 1983, algo que el Concejo busca cambiar en estos días.
En los próximos meses se va a buscar a todos los comerciantes que tengan derecho a una compensación.
María Calle, otra ecuatoriana que ha tenido shish kebabs en la Avenida Roosevelt durante más de 20 años se quejaba porque en 2017 le destrozaron el carrito. “Es como logro un medio de vida. Espero que ahora nos traten con más respeto”.
Además de las compensaciones, el acuerdo con esta organización que representa a más de 2,200 vendedores activos, contempla que la Ciudad ha acordado entrenar a la policía y los inspectores de Sanidad para corregir los defectos en los procedimientos que usan a la hora de confiscar propiedades.
