Alertan aumento en revisión de aparatos electrónicos en aeropuertos de EEUU
El gobierno estaría abusando de la constitución para realizar este tipo de revisiones
TSA colabora con CPB para aumentar la seguridad en aeropuertos. Crédito: cbp.gov
Una controvertida práctica del gobierno que afecta tanto a ciudadanos de EEUU como a inmingrantes sigue en aumento de acuerdo a la Unión Americana de Libertades Civiles ACLU.
Según una demanda federal presentada este martes las búsquedas de las autoridades migratorias de teléfonos celulares y computadoras portátiles de viajeros en aeropuertos y cruces fronterizos casi se ha cuadruplicado desde 2015.
La demanda interpuesta por la Unión Americana de Derechos Civiles ACLU afirma que la revisión indiscriminada de dispositivos electrónicos sin orden judicial es inconstitucional.
El grupo de derechos civiles solicitó un juicio sumario en su demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional después de que su proceso de descubrimiento reveló políticas de gran alcance para búsquedas “sin orden judicial y sin sospecha”.
Según se informa, tanto el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza como ICE han reclamado una “autoridad casi ilimitada” para revisar teléfonos, PC y otros dispositivos electrónicos tanto de ciudadanos de EEUU como de inmigrantes a su ingreso a a Estados Unidos.
La ACLU agregó que los agentes de los dos cuerpos del gobierno no solo pueden mantener la información obtenida de los dispositivos, sino también compartirla con otros organismos gubernamentales en los Estados Unidos y en el extranjero.
El gobierno ha defendido vigorosamente las búsquedas, que aumentaron a 33,295 en el año fiscal 2018, como una herramienta crítica para proteger a los Estados Unidos.
Pero los documentos recientemente presentados afirman que el alcance de las búsquedas sin orden judicial se ha ampliado para hacer cumplir las leyes de impuestos, quiebras, protección del medio ambiente y del consumidor, recopilar información y avanzar en las investigaciones en curso de aplicación de la ley, informó la agencia AP.
Los demandantes en el caso incluyen tanto a un periodista aparentemente seleccionado por sus informes como a otro cuyo teléfono incluyó contenido privilegiado de abogado-cliente.
