Alcalde propone liberar adolescentes criminales sin que paguen fianza
La medida forma parte del plan de la Ciudad para reducir la población carcelaria y cerrar Rikers Island
Como parte de las medidas que adelanta la Ciudad para reducir la población carcelaria, lo que al final permitiría cerrar la cárcel de Rikers Island, la Oficina del Alcalde sobre Justicia Criminal presentó un nuevo plan que busca triplicar el número de adolescentes criminales que son liberados de las prisiones de la Gran Manzana, sin la necesidad de que paguen una fianza.
La propuesta del alcalde Bill de Blasio entraría en vigor el próximo sábado y contempla la liberación de jovencitos que no solo hayan cometido crímenes menores, sino otros más serios como robo a mano armada, asalto y hurto. Sin embargo, el programa no es automático, ya que un juez sería quien decida si un acusado puede o no salir de la prisión.
Un vocero de la Alcaldía indicó que con este plan también se aumentará la seguridad pública, debido a que el adolescente debe recibir esa aprobación de un magistrado y quedaría bajo supervisión, por lo que ya no se dejará en libertad a cualquiera que puede representar un riesgo para la comunidad, algo que sucede actualmente.
La medida denominada Programa de Liberación Supervisada, también busca expandir el número de adultos que podrían ser elegibles para quedar libres sin la necesidad de pagar una fianza.
¿Cuál es el cambio?
Hasta ahora los únicos adolescentes que eran liberados sin fianza como parte del Programa de Participación Juvenil eran los que tenían 17 años, pero esa edad se extendió desde los 16 hasta los 19 años.
Además, antes solamente se beneficiaban aquellos que, aunque eran considerados adolescentes de ‘algo riesgo’, sólo estaban acusados de delitos menores y no violentos, pero ahora se ampliará para incluir los crímenes más serios como asaltos y robo en primer y segundo grado, que por lo general involucran un arma mortal, y en algunos casos han dejado lesiones física a las víctimas.
Otro cambio es que se está eliminando la necesidad de que los acusados deban demostrar sus “vínculos con la comunidad” antes de la comparecencia ante un juez, para calificar para la liberación supervisada.
