Policía que intentó tregua con la MS-13 en El Salvador no cree que pandilleros vayan a negociar
El nivel de violencia como la herramienta principal de poder de estos grupos complica el panorama, alega Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública
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Mauricio Ramírez Landaverde, ministro de Justicia y Seguridad Pública. Crédito: (La Prensa Gráfica)
EL SALVADOR – El ministro de Justicia y Seguridad Pública reconoce que en el interior de la Policía hubo conocimiento de que las pandillas entraron a la tregua para obtener beneficios. Un pacto ideado por el expresidente Mauricio Funes y el entonces ministro del ramo, David Munguía Payés, que se hizo público en marzo de 2012. Sin embargo, Mauricio Ramírez Landaverde asegura que como jefe policial decidió continuar con el plan trazado desde arriba porque “la PNC es una institución disciplinada”.
En esta charla con LA PRENSA GRÁFICA, Mauricio Ramírez Landaverde también acepta, a pocos días de dejar el cargo, que las pandillas estuvieron a un tiro de piedra de “fundirse con el Estado” como organización criminal. Lo dice un policía de carrera que ingresó a la PNC desde la primera promoción y que ascendió a los puestos clave de la Policía: desde subdirector de Investigaciones, subdirector general (durante la tregua), director general y desde 2016 fue nombrado ministro de Seguridad.
¿Cuál fue su papel como subdirector de la PNC ante la tregua entre pandillas?
En la Policía somos ejecutores y durante ese período no fui funcionario, fui empleado. En la institución el único que tiene capacidad de decisión es el director general. La Policía es una institución disciplinada y obediente a las órdenes de las autoridades legítimas; sin embargo, en la institución sabíamos muy bien que ese proceso iba a ser temporal. Conocíamos que la criminalidad buscaba sacar provecho de ello y entre policías acordamos seguir trabajando.
¿Seguir trabajando?
La PNC continuó cumpliendo su misión y, por supuesto, que cumplimos las órdenes que nos encomendaron las autoridades superiores, pero como policía que habíamos dado seguimiento al fenómeno de mutación de las pandillas desde un inicio, sabíamos que a esa altura estábamos ante una expresión de crimen organizado. Sabíamos muy bien que su finalidad era lucrarse y que ya, de acuerdo con los ciclos del crimen organizado, ellos estaban en una etapa previa a lo que podía ser un estado simbiótico, aquel donde la criminalidad escala y logra niveles de influencia en el Estado. De forma que buscamos un justo equilibrio entre seguir los lineamientos de la política pedidas por el Gobierno, pero como policía resistir y hacerle frente a ese período, porque sabíamos de antemano que iba a ser de corta duración.
El tiempo demostró que las pandillas se fortalecieron. ¿Por qué miden su fuerza contra las autoridades?
Son expresiones que en el país ha ocurrido con estos grupos de pandillas. Ellos históricamente han hecho uso de la violencia como medio principal, en su primera fase como un medio ideológicamente a sus grupos, pero posteriormente pasó a ser un uso instrumental de la violencia.
Un instrumento que cuando lo desean lo utilizan contra los miembros de la Seguridad Pública…
La violencia no va dirigida solo contra el contrario, sino como un obstáculo para lograr otros objetivos, que en este caso es consolidar sus ilícitos o mantener su influencia sobre una zona determinada.
Aunque se le ha ido reduciendo la capacidad al respecto, continúa habiendo grupos principales que consideran la violencia como el medio principal. A finales de 2011 y 2012 sometieron al país a un incremento de violencia bastante fuerte, pero el cual llevaba cierta finalidad de ser precedida por una reducción súbita de homicidios, pero era un medio para lograr un objetivo (la tregua).
¿Nunca vieron como autoridades una salida real a la violencia por medio de la tregua?
No, porque al igual que hoy, cualquier medida de ese tipo, aunque vaya revestida con un rostro humanitario o de pacificación, lo que buscan es tener mejores condiciones para su fin principal, que es seguir cometiendo delitos y seguirse lucrando de ello en un ambiente más favorable, de menor persecución de parte del Estado o algunas medidas que les faciliten su trabajo.
¿Dice que las pandillas tiene el control para aumentar o disminuir la violencia como mejor les convenga?
Durante todo este período los objetivos e intentos de incrementar la violencia han sido claros, pero la violencia ha venido disminuyendo. Está claro que la capacidad de estos grupos de incrementar la violencia según les convenga ha ido disminuyendo por varias razones. Primero, porque prácticamente toda la cabeza de estos grupos está en el sistema penitenciario. De forma que a lo largo de estos cinco años, varios niveles en la estructura han ido siendo capturados y están siendo procesados por diferentes delitos.
¿Todo se basa en operativos contra estructuras de las pandillas?
La parte de persecución penal se ha caracterizado por un giro importante que dio inicio en el año 2015. Pasamos a centrar la atención en los niveles intelectuales y en las finanzas. En junio de 2016, se operativizó el caso Jaque. De forma que, a la fecha, suman 20 operaciones de este tipo que se han logrado ejecutar y van a continuar otras.
¿Cuántos bienes han incautado a las pandillas en esos operaciones?
Se han incautado 1,198 bienes, de todo tipo; como empresas agropecuarias, del área turística, de telecomunicaciones, bienes inmuebles, vehículos, todo eso por un monto de más de $180 millones.
¿Son entonces las pandillas la principal causa de violencia en El Salvador?
El Salvador tiene un problema de violencia muy complejo y se expresa de maneras diversas, pero la que más agobia a la gente y se expresa con mayor nivel de violencia es sin duda la que ejercen las pandillas.
¿Considera han tenido un conflicto o guerra constante en contra de las pandillas?
No, lo que vivimos hoy es el resultado de una problemática social mal atendida que mutó hasta atravesar diferentes fases hasta convertirse en una expresión de crimen organizado, que estuvo a las puertas de mutar a un nivel simbiótico, en el cual la criminalidad y el Estado se funden en una sola entidad. Vimos algunas expresiones que nos hacían temer que estaba ese peligro, como por ejemplo el caso de Apopa, la cual estaba en función de los intereses de un grupo criminal. Hacia eso pudo haber mutado el Estado salvadoreño.
¿Qué va a encontrar el nuevo Gobierno en el tema de seguridad?
Las pandillas y el crimen organizado en general durante estos cinco años es donde ha recibido los golpes más fuertes. Se ha incautado 37 toneladas de sustancias ilícitas, sobre todo cocaína, con pérdidas multimillonarias para las estructuras del crimen organizado en general.
Ahora que menciona las drogas, ¿siguen operando estructuras de narcotráfico en el país?
Hemos ido atravesando diferentes períodos. Primero era un transporte terrestre, luego por el aeropuerto y después fue el transporte marítimo cercano a la costa con estructuras locales bastante fuerte. El caso típico fue la del “Gordo” Quezada en La Unión. En este período era fuerte la relación de la estructuras locales con pandillas. Desde el origen al destino, ahora, las trazas llevan a concluir que el destino es más al norte en el continente, ya sea en Guatemala, México o Estados Unidos.
¿Pero siguen operando estructuras?
Cómo no, pero hay diferentes formas de operar. La principal es dejar la carga y usar tecnología con localizadores para que con actividades, supuestamente de pesca, la sustancia se recoge. Todo eso lo tenemos.
¿Por qué en los últimos años no hubo reportes de nuevos golpes contra el narcotráfico?
Hay una difuminación, porque hay algunos que se dedican a esto claramente. Además hay un involucramiento de algunas estructuras de pandillas que han buscado cierta especialización. Quedan remanentes o grupos pequeños que continúan dedicándose a la misma actividad, pero ya no a niveles como los que tuvimos en un inicio.
Le entiendo, por cómo lo dice, que ya no es una amenaza el narcotráfico en El Salvador…
No estamos ajenos a esa amenaza, pero considero que institucionalmente estamos menos expuestos que nuestros vecinos de nuestra región, por características del territorio y fortaleza de nuestras instituciones.
Hablemos de los feminicidios, otro de los problemas que debieron enfrentar las instituciones en los últimos años. ¿Qué papel ha jugado la PNC en ese tema?
Cabe destacar el papel de la Policía, que es una institución androcéntrica por excelencia, como la institución del sector público que más avanzó en este tema, pese a manchas muy fuertes como el caso de Carla Ayala. Cuenta con toda una base de atención especializada, aunque se le pueda atribuir (a la PNC) una cultura machista predominante, el enfoque de género ganó terreno.
Ahora que lo recuerda, ¿es una de las deudas más fuertes de su administración la impunidad en el caso Carla Ayala, una policía que murió a manos de otro policía?
Este es un caso que se resolvió. Todavía está pendiente capturar dentro de todo el grupo al que fue el principal, pero eso no implica que se haya esclarecido la responsabilidad: los autores se capturaron. Es un caso en el que se tiene que seguir trabajando.
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(Por Mariana Arévalo / La Prensa Gráfica)