Demandan a ‘La Migra’ por muerte de inmigrante detenido en Nueva Jersey

De acuerdo con la organización NYLPI, se han registrados desde el 2013 más de 17 muertes en este mismo Centro Correccional del Condado de Hudson

ADELANTO, CA - NOVEMBER 15: A guard escorts an immigrant detainee from his 'segregation cell' back into the general population at the Adelanto Detention Facility on November 15, 2013 in Adelanto, California. Most detainees in segregation cells are sent there for fighting with other immigrants, according to guards. The facility, the largest and newest Immigration and Customs Enforcement (ICE), detention center in California, houses an average of 1,100 immigrants in custody pending a decision in their immigration cases or awaiting deportation. The average stay for a detainee is 29 days. The facility is managed by the private GEO Group. ICE detains an average of 33,000 undocumented immigrants in more than 400 facilities nationwide. (Photo by John Moore/Getty Images)

ADELANTO, CA - NOVEMBER 15: A guard escorts an immigrant detainee from his 'segregation cell' back into the general population at the Adelanto Detention Facility on November 15, 2013 in Adelanto, California. Most detainees in segregation cells are sent there for fighting with other immigrants, according to guards. The facility, the largest and newest Immigration and Customs Enforcement (ICE), detention center in California, houses an average of 1,100 immigrants in custody pending a decision in their immigration cases or awaiting deportation. The average stay for a detainee is 29 days. The facility is managed by the private GEO Group. ICE detains an average of 33,000 undocumented immigrants in more than 400 facilities nationwide. (Photo by John Moore/Getty Images) Crédito: Getty Images

Carlos Bonilla, un obrero de la construcción salvadoreño, tenía 25 años viviendo y trabajando en Long Island cuando en la mañana del 1 de abril de 2017, camino a su trabajo, fue detenido por agentes de ‘La Migra‘ en Central Islip. Inmediatamente fue enviado al Centro Correccional del Condado Hudson, en Nueva Jersey, donde luego de casi dos meses detenido murió producto de una hemorragia interna.

Dos años más tarde, la atribulada familia de Bonilla trata de hacer justicia, y por ello acaban de interponer una demanda por agravio en un tribunal federal de Nueva Jersey en contra el Condado de Hudson y los responsables de su atención médica, mientras estuvo confinado en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

La batalla legal que inició la familia de Bonilla, con el apoyo de la organización The New York Lawyers for the Public (NYLPI) y la firma de abogados Dechert LLP, quita nuevamente el velo a las denuncias de varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, las cuales califican como “inhumano” el trato a los inmigrantes que son llevados a centros de detención del ICE.

De acuerdo con la organización NYLPI, se han registrados más de 17 muertes desde el 2013 en este mismo centro correccional, y varios informes han detallado una larga historia de problemas graves con la atención médica de los inmigrantes en ese establecimiento.

Marinda van Dalen, abogada de NYLPI, expresó que “las profundas deficiencias en la atención médica brindada a las personas detenidas por las autoridades migratorias, tienen resultados serios e incluso potencialmente mortales, como lo ilustra el caso de Carlos Bonilla”.

La demanda contiene reclamos constitucionales y de la ley estatal que buscan responsabilizar al Condado de Hudson, al Centro Correcional de Hudson y a la empresa que ofrece servicios de salud en ese recinto, de la muerte prematura de este trabajador de la construcción.

No fue atendido

Antes de ser detenido por las autoridades, el inmigrante centroamericano recibía tratamiento médico por un cuadro de cirrosis hepática, de hecho cuando se encontraba en libertad había sufrido algunas complicaciones que había superado luego de un tratamiento médico adecuado.

El reporte del grupo de abogados detalla que “el Centro Correccional de Hudson, sabía que el detenido había sido diagnosticado con afecciones médicas graves y tenía un esquema de medicamentos para controlar las complicaciones de la cirrosis”.

Además, agregan que el inmigrante fallecido cuando estuvo en manos del ICE “tuvo múltiples interacciones con el personal médico en el centro correccional. Hay evidencias de que solicitó atención adicional. Sin embargo, no tenían un plan médico para él, nunca evaluaron ni atendieron, su cuadro de salud”.

La demanda introducida el pasado lunes, ante un Tribunal Federal de Nueva Jersey, ofrece una balance detallado sobre el cuadro clínico que durante dos meses Bonilla enfrentó en el centro de reclusión.

“Nunca se le remitió a un especialista relacionado con su diagnóstico de cirrosis que estaba cruzado con diábetes. Nunca le dieron los medicamentos que tan desesperadamente necesitaba”, especificó el informe de los juristas.

Bonilla murió en el Jersey City Medical Center el 10 de junio del 2017, después de haber experimentado un agonizante sufrimiento. La causa oficial de la muerte fue “hemorragia interna y shock hemorrágico“, concluyó el amplio documento, el cual agrega que todo empezó con una hemorragia nasal dos semanas posteriores a su detención.

Esperamos que este caso sea un paso positivo, para remediar los graves errores que se infligen a los inmigrantes detenidos, a quienes se les niega la atención médica necesaria y apropiada”, dijo Michelle Hart Yeary, asesora de Dechert LLP.

Natalia Aristizabal, co-directora del equipo organizativo de Make the Road New York, reiteró que “los centros de detención donde mandan a nuestros seres queridos, son un infierno, en el cual sufren violaciones de derechos humanos, falta de cuidado médico, abuso, y violencia. Es por eso que seguimos exigiendo que se eliminen los fondos para este sistema que criminaliza y deshumaniza a nuestra comunidad a diario.”

Entre tanto, Maureen Belluscio, abogada principal de NYLPI destacó que este caso, además de significar un ejemplo de la crisis de derechos humanos de los centros de detención en el país, es una lucha para “reparar los errores graves que resultaron de la muerte del señor Bonilla y recuperar los daños a sus hijos”.

El Diario contactó a las autoridades del ICE y del Centro Correccional de Hudson para conocer sus reacciones acerca de esta demanda interpuesta por la familia del inmigrante salvadoreño, y no recibió respuestas.

Antecedentes

En febrero de 2017, antes de que Bonilla fuese trasladado al correcional de Hudson, la organización NYLPI publicó un informe titulado: Detenido y denegado: acceso a servicios de salud en detención de inmigrantes, el cual detalla las graves deficiencias en la atención médica prestada a personas confinadas, en centros de reclusión incluyendo el Centro Correccional del Condado de Hudson. La investigación se basó en entrevistas realizadas a 47 detenidos por ICE. Se reportan:

  • Patrones de atención inadecuada.
  • Fracaso en el manejo de enfermedades crónicas.
  • Negación de tratamiento continúo al ingreso.
  • Denegación de solicitudes de atención especializada fuera del sitio.
  • Tratamientos inadecuados para enfermedades agudas y dolor.
  • Negación de ejercicio adecuado y nutritivo.
  • Falta de planificación del alta de salud mental.
  • Barreras al acceso al idioma.

No es la primera muerte

  • 12 demandas previas al caso Bonilla, ha recibido el Centro Correccional de Hudson, en un lapso de 12 años, por no reconocer, diagnosticar y tratar enfermedades crónicas reportadas.
  • 6 detenidos incluyendo al señor Bonilla murieron entre 2017 y 2018, en custodia del Centro Correccional del Condado de Hudson.
  • 120 detenidos en el Centro Correccional de Hudson presentaron quejas por no recibir respuesta efectiva por sus estados de salud, según la coalición Community Initiatives for Visiting Immigrants in Confinement (Civic) entre enero de 2014 y mayo de 2016.
  • $ 180 millones aproximadamente es la inversión en servicios médicos que reporta anualmente ICE.
  • 40,000 es el promedio de las personas detenidas diariamente en Estados Unidos por las autoridades migratorias.
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