Plan de Trump contra hispanos con el Censo 2020 desata alertas en tribunal

Un juez de Nueva York calificó de “serias” las acusaciones de que un cambio propuesto por la Administración de Donald Trump para el Censo 2020 busca beneficiar a blancos no hispanos.

El juez federal Jesse M. Furman concedió más tiempo a los demandantes para ahondar en sus investigaciones y presentar más evidencia en una moción que deben presentar el próximo 12 de julio.

“Apreciamos que la corte esté tomando seriamente nuestra alegaciones”, dijo a su salida de la corte el principal abogado de la acusación en este caso, John Freedman, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representa a los demandantes, la Coalición del Inmigrante de Nueva York.

“Queremos descubrir la verdad”, agregó.

Furman recordó además al inicio de la breve audiencia, celebrada en una sala abarrotada de público, que la Corte Suprema de EEUU aún debe dar a conocer su veredicto sobre la apelación de la Administración de Trump a la decisión de tres jueces de prohibir el cambio del contenido del censo de 2020.

Una coalición de organizaciones proinmigrantes ha pedido que no se incluya esta modificación, que consiste en la reintroducción de una pregunta sobre ciudadanía del residente, que ya tres jueces federales, incluyendo Furman, han ordenado que no sea incluida.

De acuerdo con los demandantes, la pregunta llevaría a una reducción de la participación de las comunidades inmigrantes por temor a ser deportados, lo que llevaría además a los estados con mayor inmigración a recibir menos fondos de lo necesario, ya que se calculan en relación a su población.

Como reacción a las decisiones de estos tres jueces, el Gobierno llevó el caso ante la Corte Suprema del país, que realizó una audiencia el pasado 23 de agosto.

Este caso se ha complicado después de encontrarse documentos recientemente en los archivos del republicano Thomas Hofeller, que falleció el año pasado, y que apuntan a que volver a incluir la pregunta sobre ciudadanía, que se había descartado en la década de 1950, sería parte de un plan para darle más poder político a los republicanos y a los blancos no hispanos.

De acuerdo con la Coalición del Inmigrante, la reintroducción de la pregunta tuvo su origen en “una abierta discriminación racial”.

Estos nuevos archivos de Hofeller son los que llevaron a la Coalición a presentar la demanda contra el Departamento de Comercio de EEUU, que se ocupa del censo, pidiendo que la agencia gubernamental explique sus razones, como le exige la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

También buscan que el Departamento de Comercio presente más documentos relacionados con la pregunta que quieren incluir en el censo y los expedientes de las diez personas que participaron en la redacción de documentos del Departamento de Justicia relacionados con la pregunta.

De acuerdo con la nueva información, que fue agregada como evidencia al caso ante el Tribunal Supremo, los demandados habrían ocultado la participación de Hofeller, en agosto de 2017, en la escritura de una carta del Departamento de Justicia enviada al de Comercio para que se incluyera dicha pregunta en el conteo que se hace cada diez años, por orden constitucional, de quienes viven en EEUU.

Los demandantes aseguran que en un estudio de 2015 Hofeller precisa que incluir la pregunta sobre ciudadanía “podría poner claramente en desventaja a los demócratas y en ventaja a los republicanos y blancos no hispanos en el momento de rediseñar los distritos electorales”.