¿Es un delito ayudar a inmigrantes indocumentados?

El gobierno del presidente Donald Trump ha buscado cerrar el cerco a cualquier ayuda a inmigrantes indocumentados, quienes tienen apoyo incluso de gobiernos estatales y de ciudades “santuario”.

La pregunta sobre si es un delito ayudar a estas personas puso en jaque el juicio contra Scott Warren, a quien el jurado reconoció que no podía determinar si el activista de Tucson, Arizona, estaba cometiendo un delito al proporcionar agua, alimento y resguardo a inmigrantes que ingresaron por la frontera.

El caso de este miembro de la organización “No Más Muertes” tendrá un nuevo capítulo el 2 de julio, cuando los fiscales determinen si retiran los cargos contra Warren o piden un nuevo juicio. Eso podría dar una respuesta contundente a esta pregunta.

Sin embargo hay aspectos que actualmente ocurren y hay cierta claridad.

Tráfico de personas

Las leyes estadounidenses consideran un delito el tráfico de personas, que sería el modo más común de intentar ayudar a un indocumentado a ingresar a los Estados Unidos con transporte y alojamiento, algo que la organización de Warren no hace, sino que deja víveres en el camino de los inmigrantes durante su ingreso al país, a fin de evitar su muerte.

Sobre el tráfico de personas, alguien que transporte a un indocumentado cerca de la frontera podría ser acusado de dicho delito, como ocurrió con una beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en junio de 2018, cuando fue descubierta en Texas transportando a tres extranjeros en una camioneta.

Su problema se complicó porque afirmó ser ciudadana estadounidense, lo cual se considera fraude. Ella y los extranjeros fueron retenidos y ella podría perder su beneficio DACA.

Trabajo

En sus redadas en espacios de trabajo, los agentes de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (ICE) detienen a los inmigrantes indocumentados por fraude u robo de documentos, además de estar en el país sin una visa, pero a los empleados buscan imputarles algún delito por contratarlos, aunque no hay reportes concretos de cuántas personas han sido procesadas.

Podría haber casos en que se demuestre que hubo una colusión clara entre el empleado y el empleador para cometer un fraude laboral utilizando un número de Seguro Social de otra persona, pero de esos casos tampoco hay estadísticas.

Hay empresas que contratan a indocumentados y les pagan en efectivo, para no integrarlos en el sistema, pero eso genera derechos y responsabilidades para ambas partes. ICE está buscando cerrar ese cerco al integrar el mayor número de empresas posibles a su programa IMAGE, que obliga a las empresas a contratar solamente a quienes tienen una Autorización de Empleo válida.

Otras ayudas

La ayuda que se puede ofrecer a indocumentados es amplia y, como se mencionó, hay gobiernos que incluso tienen programas oficiales para ellos, tanto educativos, como de alimentación, vivienda y salud.

Sin embargo, la Administración Trump busca también evitar que reciban apoyos con dinero del erario federal, lo que ha limitado a organizaciones civiles o programas estatales el uso de sus recursos, ya que deben entregar reportes de a quienes entregan la ayuda y su estatus migratorio, confirmó una fuente de LaGuardia Community Collegue sobre sus proyectos educativos.

Bajo Administración Trump

En la Orden Ejecutiva “Mejoramiento de la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos” del presidente Trump, la Sección 6 ordena la creación de reglamentos que permita sancionar a personas que ayudan a indocumentados.

“Multas y sanciones civiles. Tan pronto como sea posible, y a más tardar un año después de la fecha de esta orden (se) emitirá una guía y promulgará los reglamentos, cuando así lo exija la ley, para garantizar la evaluación y el cobro de todas las multas y sanciones… para evaluar y cobrar a los extranjeros ilegalmente presentes en los Estados Unidos y a aquellos que facilitan su presencia en los Estados Unidos“, indica la norma.

De ahí se desprende una regla que cobraría a aquellas personas las ayudas sociales que un inmgirante al que patrocinaron requiera al Gobierno federal.