Demandan a ‘La Migra’ para frenar arrestos de inmigrantes en cortes de NY

Fiscal General del Estado denuncia que las acciones de los agentes de ICE son inconstitucionales
Demandan a ‘La Migra’ para frenar arrestos de inmigrantes en cortes de NY
Los arrestos de ICE en las cortes se han disparado en más del 1,700%, solamente en Nueva York.
Foto: ICE

¡Alto a ‘La Migra’! Ese es el objetivo de dos demandas judiciales que presentaron este miércoles la fiscal general del estado Letitia James, The Legal Aid Society, Gottlieb Steen & Hamilton LLP y el fiscal de distrito de Brooklyn Eric González, las cuales buscan poner un freno a los arrestos de inmigrantes que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizan dentro y en los alrededores de las cortes de Nueva York.

Las querellas judiciales introducidas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), denuncian que las acciones de los agentes de ‘La Migra’ son inconstitucionales, al realizar las detenciones de civiles dentro y fuera de los edificios de los tribunales, sin contar con las respectivas órdenes judiciales.

La primera demanda, presentada conjuntamente por los fiscales James y González, argumenta que el patrón de dos años de arrestos de inmigrantes por parte de ICE en los tribunales y sus alrededores impiden la administración de justicia y afectan negativamente la seguridad pública.

“La administración de justicia y la seguridad pública se encuentran entre las funciones más importantes del estado, y seré implacable en su defensa”, dijo la Fiscal General, agregando que cuando ICE acecha a testigos y víctimas para luego detenerlos, disuade a los inmigrantes de colaborar en los esfuerzos policiales estatales y locales o en su intención de proteger sus propios derechos en los tribunales. Esta es una violación desastrosa y peligrosa de la política anterior y es por eso que estamos luchando para obligarlos a poner fin a esta práctica”.

Desde la toma de posesión del presidente Donald Trump, los arrestos de ICE en los tribunales se han disparado en más del 1,700%, solamente en el estado de Nueva York, lo que ha provocado un efecto generalizado y escalofriante sobre los inmigrantes, que los frena a participar en el sistema judicial.

Datos de los demandantes demuestran que desde enero de 2017, cerca de 400 inmigrantes, tanto indocumentados como aquellos con estatus legal, han sido arrestados mientras se presentaban en los tribunales estatales y en sus alrededores, incluyendo los acusados de un delito; padres que se presentan por casos de manutención infantil; sobrevivientes de violencia doméstica, agresión sexual, trata de personas y otros delitos; personas con enfermedades mentales, o personas sin hogar; y personas LGBTQ +; entre otros.

González recalcó que en los últimos dos años, “numerosas víctimas inmigrantes y testigos se han negado a presentarse y colaborar en nuestros procesos judiciales por temor a ser arrestados en la corte por agentes de Inmigración, lo que obligó a mi oficina a desestimar o reducir casos penales muy serios. El rechazo de ICE de tratar a los tribunales como ubicaciones sensibles interrumpe regularmente las operaciones judiciales, crea un efecto escalofriante en las comunidades de inmigrantes y erosiona la seguridad pública”.

En la segunda demanda, presentada por la organización Legal Aid Society y Clearly Gottlieb, se exige una orden judicial permanente que ordene la suspensión de los frecuentes operativos de ICE en los tribunales, en nombre de un demandante individual, no-ciudadano y sobreviviente a actos de violencia doméstica que necesitaba comparecer ante el tribunal para una orden de protección, pero que temía el riesgo de ser arrestado por agentes de ICE en un tribunal.

“Nueva York es el hogar de más de 4 millones de inmigrantes-no ciudadanos vulnerables a la deportación. Para que nuestro sistema judicial, un pilar de nuestra democracia, funcione de manera efectiva, es fundamental que tengan el mismo acceso a los tribunales. La aplicación de la ley por parte de ICE viola abiertamente los derechos constitucionales de nuestros clientes, así como de todos los inmigrantes neoyorquinos, y esperamos abordar esta injusticia en los tribunales”, dijo Janet Sabel, CEO y abogada en jefe de Legal Aid Society.

Entre los demandantes se encuentran las organizaciones Make The Road New York (MRNY), el Centro de Justicia Urbana, Sanctuary for Families, The Door y la Coalición del Inmigrante de NY (NYIC).

Luba Cortés, coordinadora y defensora de inmigrantes en MRNY, dijo: “La presencia depredadora de los agentes de ICE en nuestros tribunales y en sus alrededores impide que los inmigrantes de Nueva York accedan plena y equitativamente a la justicia. El aumento sin precedentes de arrestos de ICE en nuestros tribunales busca infundir miedo y privar a nuestra comunidad del acceso a un debido proceso judicial”.

Entre tanto, al reaccionar al anuncio de la demanda, el ex Juez Principal del Tribunal de Apelaciones de Nueva York Jonathan Lippman insistió que la presencia de agentes de inmigración dentro y alrededor los tribunales “ha tenido un efecto escalofriante que perjudica nuestra capacidad de garantizar que se haga justicia. Aplaudo a la Fiscal General James, al Fiscal de Distrito de Brooklyn González y a The Legal Aid Society por su compromiso de proteger a los neoyorquinos y con la integridad de nuestro sistema legal”.

Acciones inconstitucionales

En la demanda, la Fiscal General del Estado y el Fiscal de Brooklyn argumentan que la Directiva de Arrestos Civiles de ICE en los Tribunales, implementada en el 2018, viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución de los Estados Unidos de las siguientes maneras:

  1. Excede la autorización del Congreso en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo porque transgrede los privilegios de derecho consuetudinario de siglos de antigüedad contra los arrestos civiles en los tribunales y en sus alrededores. La autoridad legal de arresto de ICE no se extiende a las áreas protegidas por este privilegio bien establecido.
  2. Es arbitraria y caprichosa y, por lo tanto, viola las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo. Específicamente, la agencia no consideró el grave perjuicio a los procedimientos judiciales estatales ni justificó los beneficios marginales de la Directiva contra dicho daño.
  3. Infringe la soberanía de los Estados. La Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos otorga a los Estados autonomía histórica y soberana para controlar el funcionamiento de su judicatura y su sistema y poder judiciales.