Flexibilidad o derechos laborales, Nueva York estudia cómo regular el trabajo “gig”

“Existe la idea equivocada de que el trabajo gig (o por tareas) es diferente al resto del trabajo”. Así sentó el tono de su intervención en el Senado de nueva York, Rocío Ávila, director de la National Domestic Alliance.

Frente a ella, la senadora Diane Savino que convino una audiencia para oír voces sobre una cuestión fundamental en materia laboral y crucial para el futuro social, la regulación de la llamada gig economy, o más concretamente del trabajo por labores.

Es una cuestión que debido al auge de plataformas como Postmates, Uber, Lyft, Dash Door está ganando en controversia porque se está clasificando a quienes hacen “tareas” como contratistas (trabajo sin garantías o derechos laborales que incluyen la paga por desempleo, los días de enfermedad, horas extra, horarios…) a trabajadores que no están en plantilla pero tienen que seguir las normas de una empresa en cuanto a lo que ganan, la marca que tiene su servicio o cómo han de hacer el trabajo.

Los empleados, si tienen derechos laborales reconocidos por contratos colectivos, en caso de tener representación sindical, o por ley.

En California acaba de entrar una ley, conocida como la AB5, que clarifica la clasificación de los trabajadores y Savino considera que sacar adelante una normativa en este sentido es “la cuestión decisiva del periodo de sesiones”, según dijo a El Diario.

La senadora quiso oír a todas las voces en el debate y en la sesión mantenida el miércoles se tuvo ocasión también de escuchar a empresarios que abogan por este tipo de trabajos como Rahim Ali, cofundador del restaurante Chelsea Papaya en la ciudad de Nueva York.

Ali, explicaba que si no fuera por la capacidad que le da el servicio de entregas de comida Postmates, tendría muchos problemas en su negocio que compite directamente con un Taco Bell y su comida barata en la misma calle.

Ali dijo que pese a la competencia su negocio ha mejorado un 30%, está contratando a más gente y apoyando a más personas.

“Ahora estoy preocupado porque se cuestione la flexibilidad que permiten este tipo de plataformas”, explicaba en referencia a Postmates en una audiencia en la que no faltaron referencias a la ley de California que pone en entredicho la continuidad de la mano de obra gig en estas plataformas.

En la misma línea, Julie Samuels, directora ejecutiva de Tech:NYC, una organización que aglutina a 750 empresas de tecnología hizo llegar su opinión de que la gig economy proporciona a los neoyorquinos “un amplio rango de beneficios como flexibilidad y oportunidades de ingresos además de la conveniencia de los ahorros de costos”.

Samuels dice que uno de los retos ahora es lidiar con leyes laborales “diseñadas hace un siglo”. “Tratar de resolver esos retos con una reclasificación de trabajadores no es la respuesta”, explicaba.

A razonamientos como este, Bhairavi Desai, directora ejecutiva de New York Taxi Alliance, se preguntaba “¿Qué ha cambiado para que un trabajo no sea reconocido como tal?”.

Entre una posición y otra, Larry Goldbetter, de la National Writers Union, que representa a trabajadores independientes tradicionales, como escritores, creativos, fotógrafos y periodistas entre otros, explicaba que los sectores en los que trabajan sus miembros son muy conscientes y han sufrido la mala clasificación laboral pero que la regulación gig debe tener en cuenta que hay quienes prefieren mantener su estatus independiente y controlar los derechos sobre sus creaciones.

El Independent Riders Guild, la asociación que representa a los conductores de plataformas como Uber y Lyft pedían que la nueva ley incluyera un derecho a la formación sindical y negociación de contrato colectivo, algo que la diferenciaría de la de California y que Savino considera “imprescindible”.

“La ley de California tiene propuestas interesantes pero no requiere negociación colectiva, para nosotros esto es importante”, dijo la senadora antes de explicar que hay segmentos “en nuestra economía, como en los medios, las artes, que no queremos perjudicar afectando a sus derechos de autor pero es claro que hay muchas personas que están siendo perjudicadas en la base de la economía”.

Por lo que se refiere a la flexibilidad, trabajar conciliando con la vida familiar o cuando se pueda o quiera, Savino explicaba que todos los trabajadores la quieren y la realidad es que independientemente del estatus de cada uno se avanza en este terreno.

Savino dice que la experiencia en la cámara le impide decir cuándo estará la ley lista pero afirmó que se va a trabajar en ella en este periodo de sesiones.

El examen ABC

La ley de California y las propuestas que se hacen en NY tienen como piedra angular un test con el que determinar la clasificación del trabajador. Es el ABC test y consiste en saber

1) Si el trabajador está libre del control o la dirección del empleador a la hora de hacer la labor.

2) El trabajo no es forma parte habitual del negocio de la empresa.

3) Normalmente el trabajador tiene un oficio, ocupación, profesión o negocio independiente.

Las manicuristas, un caso aparte

Sonia Morales no pudo testificar el miércoles en la comisión del Senado porque tuvo que trabajar. Esta manicurista mandó su declaración sobre los efectos de la gig economy en un trabajo en el que lleva 20 años y en el que en muchas ocasiones ha cobrado por comisión en vez del salario que le corresponda.

“Trabajamos 10 u 11 horas sin descanso, dividimos el costo del servicio con el dueño, si no hay clientes no ganamos dinero”, explicaba. El precio y el horario lo fijan los dueños del salón y no tiene días por enfermedad. “Necesitamos un sistema claro que nos garantice una clasificación adecuada con derechos básicos laborales”, pedía.

María Hernández, otra manicurista mandó también su queja por las condiciones que también se viven en las plataformas en la web en la que se ofrecen los servicios. Ella trabajó para una y dijo que se gastaba lo que ganaba en el quiropráctico por los problemas de salud que tenía por carecer del equipamiento necesario para trabajar a domicilio”.

“En la web la empresa fija precios, asigna citas y asegura los pagos”, describía Hernández.

La senadora Savino, al conocer que estas empleadas– porque mayoritariamente son mujeres además de inmigrantes– cobraban en muchos casos a comisión no pudo contener su frustración. “Esto es ridículo”, dijo no lo suficientemente lejos del micrófono visiblemente enfadada.

“Lo que pasa con estas trabajadoras es ilegal. Totalmente ilegal. Lo que describen es ilegal”, dijo sin descanso.

Savino recordó que se habían aprobado leyes hace tres años precisamente para proteger a estas trabajadoras pero lamentó que no hubiera seguridad de su cumplimento. “Estoy asombrada ante la falta de aplicación de la ley”, dijo.

Savino dijo estar muy preocupada y se preguntó en voz alta si los dueños de los salones no están entendiendo la ley o la ignoran. “Voy a preguntar al departamento de Labor qué están haciendo ante esta situación”, dijo.