Pequeño detalle lo salvó de la deportación y le dio la residencia. Pero ahora le pedían $100,000

El proceso legal de este mexicano ha durado casi dos décadas

Pequeño detalle lo salvó de la deportación y le dio la residencia. Pero ahora le pedían $100,000
Ignacio Lanuza fue víctima del engaño de un agente de inmigración.
Foto: ICE

Ignacio Lanuza fue arrestado por un cargo de posesión ilegal de armas y estaba a punto de ser deportado a México en 2009 cuando un empleado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) dio un paso en falso.

Jonathan M. Love, asistente del abogado jefe de ICE en Seattle (Washington), falsificó un documento que pretendía demostrar que Lanuza había aceptado ser deportado a México en 2000, según ha reportado la agencia de noticias The Associated Press.

A resultas, un juez dio vía libre a su expulsión.

Dos años después, el abogado del inmigrante se fijó en un pequeño detalle de gran importancia: en el encabezado del documento, aceptado como bueno por el juez, decía: “Departamento de Seguridad Nacional”.

Pero el Departamento de Seguridad Nacional, responsable de ICE, no existía en 2000, cuando el documento fue supuestamente firmado por el inmigrante.

Una vez la falsificación fue descubierta, las autoridades de inmigración le otorgaron la residencia permanente a Lanuza, lo que le permitió permanecer en el país legalmente con su esposa e hijos, todos ciudadanos estadounidenses.

Lanuza demandó a Love y al Gobierno federal en 2014, acusando al abogado de violar su derecho constitucional al debido proceso, y al Ejecutivo (entonces presidido por el demócrata Barack Obama) de enjuiciamiento malicioso y aflicción emocional.

El caso resultó en un fallo que sentó precedentes en la Novena Corte de Apelaciones del Circuito, dejando claro que los inmigrantes pueden obtener daños de funcionarios federales individuales por violaciones constitucionales durante los procedimientos de inmigración.

Love le pagó 6,250 dólares a Lanuza para resolver su parte de la demanda de derechos civiles y también se declaró culpable de un cargo penal federal: pasó un mes en la cárcel, renunció a su licencia legal durante al menos una década, y acordó pagar otros 12,000 dólares en compensación al inmigrante.

Sin embargo, los esfuerzos de Lanuza para responsabilizar financieramente al Gobierno Federal por la conducta de su abogado no tuvieron el mismo resultado.

La jueza del distrito Barbara Rothstein rechazó en agosto la demanda de Lanuza.

Timothy Durkin, procurador asistente en Spokane (Washington), intentó entonces recuperar los costos legales haciendo responsable al inmigrante, por, según dijo, haber iniciado un caso que no tenía posibilidades de ganar.

En su argumentación, Durkin usó datos del pasado de Lanuza, como sus intentos por entrar ilegalmente al país y conducir en estado de embriaguez, a pesar de que esos detalles no tenían nada que ver con el tema que se estaba disputando.

En su sentencia, conocida este martes, la jueza ha criticado al Departamento de Justicia por querer responsabilizar a la “víctima” de los gastos del litigio.

A la Corte no se le olvida que Lanuza fue víctima de un delito cometido por un abogado de los Estados Unidos, y que otro abogado de los Estados Unidos se hizo cargo de la defensa del caso civil de Lanuza de una manera que parece demasiado entusiasta”, ha dicho Rothstein.

La jueza ha agregado que el reclamo del Gobierno “no servía otro propósito que el de denigrar y avergonzar a Lanuza”.

Con la decisión, Lanuza no tendrá que pagar una deuda que podría superar los 100,000 dólares.

Por Alexandra Plazas


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