Exigen a la Ciudad legalizar a vendedores ambulantes sin permiso
Comerciantes, líderes comunitarios y políticos pidieron a De Blasio que ordene al NYPD no arrestar a vendedores y que autorice la emisión de más licencias para trabajar en espacios públicos
El arresto de dos mujeres vendedoras de churros en estaciones del Subway en Brooklyn en los últimos días, puso de nuevo sobre la mesa el clamor que miles de comerciantes informales llevan años haciéndole a la Administración De Blasio para que reactive la emisión de permisos de venta ambulante, que están congelados desde 1979.
Tras denunciar abusos y atropellos por parte de algunos policías, a quienes señalan de usar medidas extremas contra los vendedores, “como si fueran delincuentes”, líderes, activistas, políticos y comerciantes ambulantes se plantaron este miércoles frente a la estación Myrtle-Wyckoff de Brooklyn, donde tuvo lugar el más reciente arresto de una vendedora de churros. para hacerle una exigencia al Gobierno Municipal: que los legalice para poder trabajar en espacios públicos sin miedo.
Y además de insistir que la Ciudad otorgue permisos a unos 10,000 vendedores ambulantes que se estima hay en la Gran Manzana actualmente sin licencias para ejercer su labor, el otro pedido formulado en la manifestación fue que la Administración local ordene a los oficiales del Departamento de Policía (NYPD) que no realicen más arrestos de vendedores.
“Permisos sí, arrestos no”, fue la consigna que vendedores ambulantes como Carmita, una madre ecuatoriana que vende churros en Brooklyn, y quien ha sido arrestada dos veces, no dejaron de gritar para exigir que se implemente lo más pronto posible un plan de licencias.
“Es muy duro trabajar así, siendo víctima de la policía y recibiendo multas y arrestos todo el tiempo. Nosotras solo somos madres trabajadoras que queremos sacar adelante a nuestras familias y lo único que pedimos es que nos den permisos. Queremos hacer todo legal, pero si no dan permisos cómo vamos a poder trabajar sin miedo”, aseguró la vendedora, quien agregó que ha sido tal la persecución de la Policía hacia ella que la han tratado como una peligrosa criminal y le han impuesto más de $12,000 en multas.
“Yo solo soy una mujer trabajadora, pero incluso una vez, estando embarazada y faltándome dos semanas para tener a mi hijo, la policía me persiguió por las calles en una patrulla para quitarme mis cosas. Yo corrí pero me alcanzaron y me hicieron sentir como si me hubiera robado algo. Eso es humillación. Yo no soy una criminal”, contó la madre de familia.
Ataque a la población inmigrante
El concejal Antonio Reynoso criticó a la Policía por extralimitarse en la aplicación de la ley con las vendedoras y manifestó que es un ataque directo a la población inmigrante.
“Los arrestos recientes de mujeres que venden churros en el metro son un ejemplo particularmente atroz de aplicación de la ley dirigida a miembros vulnerables de nuestra sociedad por delitos derivados de la inseguridad económica. Muchos de nuestros vendedores de alimentos son inmigrantes que tal vez no puedan acceder a las licencias de venta”, dijo el líder político de Brooklyn.
“Es espantoso que la policía haya elegido perseguir a las personas que simplemente están trabajando para mantenerse y eso plantea seriamente la pregunta de si tenemos demasiados oficiales en la calle en este momento. Los oficiales deberían trabajar para generar confianza con estas personas, no participar en el acoso y la intimidación, lo que solo nos hace menos seguros a largo plazo”, agregó Reynoso, al tiempo que hizo un llamado a De Blasio para que resuelva el problema de la falta de permisos de venta ambulante.
“El Alcalde debe eliminar las limitaciones en la cantidad de licencias de vendedores ambulantes permitidas y eliminar cualquier excusa legal para que los oficiales tomen medidas policiacas contra los trabajadores”, advirtió el concejal, destacando que el acoso a los comerciantes informales es una clara muestra de que se está criminalizando la pobreza.
Entre tanto,la senadora estatal Jessica Ramos, quien hace un mes presentó ante la Legislatura estatal un proyecto de ley para quitar el límite de emisión de permisos de venta que se puedan otorgar, lo que abriría una puerta a que los ambulantes de la Gran Manzana tengan licencias, defendió su iniciativa ante la falta de soluciones de la Administración local.
“En la Ciudad ha sido muy fácil ignorar problemas que incumben a comunidades vulnerables y si la Ciudad no está tomando acción, a nivel estatal lo vamos a hacer”, advirtió Ramos, respondiéndole al Alcalde, quien se opone a su propuesta y quien pidió al Estado no meterse en ese asunto.
“Voy a seguir promoviendo esa ley porque en mi capacidad como oficial electa, mis vecinos me eligieron para utilizar todos los recursos a mi disponibilidad para pasar legislación y para ayudarlos y este es un asunto en el que tenemos que actuar, pero vamos a necesitar cooperación del Concejo Municipal porque las reglas locales de dónde y cómo van a operar los vendedores, tienen que poner las ciudades”, explicó Ramos.
Y aunque las licencias de venta no darían autorización a que los vendedores puedan comercializar sus productos en las estaciones del Subway, la líder política de Queens aseguró que es urgente buscar la manera de que se habilite y se organice la venta en las estaciones.
“Debemos hacer que hayan lugares escogidos donde puedan funcionar los vendedores. Por ejemplo, en la estación de la calle 74 con Avenida Roosevelt, por más de una década hay locales que ha estado vacíos que los vendedores ambulantes podrían usar para vender allí de una manera muy organizada”, dijo Ramos, al tiempo que criticó el respaldo que De Blasio ha mostrado a los arrestos de vendedores ambulantes, por las consecuencias legales que ello acarrea.
“La gran mayoría de vendedores ambulantes son mujeres, son latinas, son madres y son indocumentadas y nos preocupa que después de que experimenten varios arrestos, algunas de ellas puedan ser puestas en procesos de deportación, separando a familias”, dijo la senadora. “Lo que pedimos es que nos respeten, que dejen de arrestar a latinos que andan en el rebusque para ganarse un dólar honradamente. En vez de estarlos molestando por no tener permisos que desde 1983 no se dan, exigimos que los dejen tranquilos y que la policía mejor se centre en perseguir verdaderos crímenes. Las mujeres que venden churros no son una amenaza”.
La senadora estatal Julia Salazar criticó a la Administración local por ser “cómplice” de abusos y atropellos contra vendedores ambulantes que aunque tienen permisos del Departamento de Salud para comerciar sus productos, carecen de licencias porque llevan cuatro décadas congeladas.
“Es casi imposible tener un permiso en esta ciudad y eso fomenta el mercado negro. La Ciudad debe aprobar el proyecto de la concejal Chin de dar más licencias y debe asumir este asunto con seriedad”, dijo la senadora, quien se mostró en contra de la manera como del Alcalde ha asumido el tema de los arrestos. “La respuesta del Alcalde de apoyar las detenciones, implica que está apoyando las políticas de ventanas rotas y cuando apoya eso, endorsa políticas reaccionarias que afectan a inmigrantes y a neoyorquinos vulnerables. Eso no se puede tolerar”, dijo Salazar.
Sonia Pérez, de la organización Make the Road, también se sumó al llamado al Concejo Municipal para que dé luz verde al proyecto de más licencias que está en ese organismo.
“Le queremos pedir a Corey Johnson que ya actúe y que pasen la propuesta 116 de más permisos para que nos ayuden de verdad para poder trabajar sin miedo y seguir apoyando a nuestras familias”, dijo la activista.
Mohamed Attia, del grupo Street Vendor Project exigió a la Ciudad que pase del discurso a las acciones y autorice más permisos.
“Estos arrestos y este acoso que hemos visto pasa todos los días en esta ciudad y por eso cuando muchas personas ven un policía cerca no se sienten seguros. Esto es lo que enfrenta nuestra gente a la que están criminalizando en vez de tomar acciones inmediatas y resolver el problema de una vez por todas autorizando licencias”, dijo Attia.
Rosa Piyacela, quien se dedica a la venta de mangos en el verano y de churros en el invierno, resumió el sentir de los ambulantes en una sola frase: “Sin permisos uno se siente como que está haciendo algo malo. Lo único que pedimos es que nos saquen de las sombras, que nos legalicen el trabajo para vender nuestras cosas en paz”.
Hasta el 10 de noviembre, el NYPD había arrestado a 22 personas por vender sin licencia en el sistema de transporte de la Gran Manzana. También había emitido 903 multas.
“El NYPD está comprometido con la seguridad de los casi 6 millones de pasajeros que usan el metro todos los días y todos los pasajeros tienen derecho a usar el metro de manera segura, sin temor, lesiones o acoso”, se indicó desde el NYPD en un comunicado. “Es responsabilidad de la policía de Nueva York garantizar el movimiento rápido y sin trabas de las personas que entran y salen de las estaciones de tránsito. La venta en el sistema de metro es un obstáculo para estos esfuerzos y las reglas de la MTA prohíben la venta de bienes comerciales en el sistema de metro”.