Aumentan el debate a semanas de entrar en vigor nuevas leyes de fianzas en NY

El 1 de enero comienzan a implementarse los cambios al sistema de justicia penal y mientras algunos sectores manifiestan preocupaciones, defensores afirman que es un acto de justicia

La nueva ley de fianza, que según cifras extraoficiales beneficiaría de manera inmediata a unos 900 reclusos.

La nueva ley de fianza, que según cifras extraoficiales beneficiaría de manera inmediata a unos 900 reclusos. Crédito: Shutterstock

Faltan siete semanas para que entren en vigor las reformas al sistema penal del Estado de Nueva York, aprobadas por la Legislatura este año. Y entre las novedades, el fin de las fianzas como mecanismo para que personas acusadas de haber cometido delitos e infracciones recobren su libertad, sigue levantando preocupaciones.

Aunque defensores de la reforma y activistas, quienes califican al sistema de fianzas que ha regido por décadas, como una figura legal injusta para aquellos reclusos que no tienen recursos económicos, otros sectores, entre ellos miembros de la propia Policía, temen que abolir los pagos puede incidir en un eventual aumento de la criminalidad.

“Estoy preocupado por eso. El 1 de enero habrá muchas personas que actualmente no están en nuestras calles que volverán a estar en nuestras calles”, dijo el jefe del NYPD, Terence Monahan. “Con más personas en las calles, con más personas que no deberían volver a las calles hay una posibilidad de que el crimen aumente”.

Pero esa inquietud no solamente asalta a funcionarios de alto rango del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), incluyendo al saliente comisionado James O’Neill y el entrante Dermot Shea, quienes han manifestado sus dudas, sino también a residentes neoyorquinos quienes creen que liberar a acusados de manera masiva puede tener efectos negativos.

“Yo no estoy de acuerdo con que quiten las fianzas, porque aunque entiendo que hay gente inocente que puede ahora esperar su juicio en libertad también tenemos que ser claros que hay otros que no son muy buenos y tenerlos afuera puede ser un peligro para la sociedad”, aseguró la dominicana Luz Rosario, residente de Queens.

Rikers Island alberga actualmente unos 9 mil presos

Lo que establece la nueva ley

La nueva ley de fianza, que según cifras extraoficiales beneficiaría de manera inmediata a unos 900 reclusos y cada año a más de 20,000, prohíbe a los jueces estatales imponer pagos en la gran mayoría de los casos de delitos menores y no violentos.

Al otro lado del debate, y tratando de calmar a quienes están llevándose por preocupaciones ante un eventual aumento en la criminalidad, están quienes defienden el fin de las fianzas como un mero acto de justicia que ha afectado desproporcionadamente a comunidades pobres, mayormente negros e hispanos.

“Eso tenía que terminar. Debería haber terminado hace décadas. Terminamos la fianza en efectivo para el 90% de los casos, eso significa que 25,000 personas ahora estarán libres hasta que tengan su día en la corte“, advierte el propio gobernador Andrew Cuomo.

Asimismo, la senadora estatal Jessica Ramos, una de las principales impulsoras de la reforma penal, negó que conceder la libertad a quienes todavía no han sido condenados es un triunfo contra la criminalización de la pobreza.

“En el centro de la reforma de la fianza hay una verdad muy simple: ser pobre no es un delito. Durante demasiado tiempo, nuestro sistema de justicia ha tratado a los neoyorquinos pobres como si fueran culpables hasta que se demuestre su inocencia”, dijo la líder política, advirtiendo que quienes se beneficiarán no están señalados de crímenes graves. “Mis colegas del Senado y yo trabajamos arduamente en la última sesión para arreglar este sistema roto, y como resultado eliminamos la fianza en efectivo por delitos menores y delitos no violentos”.

Ramos advirtió que abolir las fianzas en efectivo, que cada año genera entre $16 y $27 millones de doláres, es una prueba de que Nueva York está caminando hacia una ruta de justicia.

“Al asegurarnos de que ningún neoyorquino sea encarcelado antes del juicio debido a su incapacidad para pagar la fianza en efectivo, ahora estamos un paso más cerca de asegurarnos de que los neoyorquinos sean tratados por igual”, agregó la senadora.

“Un costo humano devastador”

El contralor municipal Scott Stringer, también negó que la implementación de la nueva ley de fianzas tenga efectos negativos y manifestó que es una reivindicación de los derechos de neoyorquinos vulnerables.

“La fianza en efectivo crea un sistema de justicia que obliga a las personas a comprar su libertad y las encierra cuando no pueden pagarla. Ha tenido un costo humano devastador en nuestras comunidades durante demasiado tiempo, y muchos neoyorquinos inocentes han pagado el precio”, dijo el funcionario. “Al acabar con la fianza en efectivo lo más rápido posible, tenemos la oportunidad de avanzar décadas atrás de política hacia atrás. Ya era hora. (…) será“ un punto de cambio muy grande en nuestra lucha por la justicia en Nueva York, y no puede llegar lo suficientemente pronto”.

Tyler U. Nims, director ejecutivo de la Comisión Independiente de Justicia Criminal y Reforma de Encarcelamiento de Nueva York aseguró que liberar a ciertas personas acusadas evitando que paguen fianzas no pone en riesgo la seguridad de la Gran Manzana.

“En los últimos años, la ciudad de Nueva York ha demostrado que podemos reducir significativamente el uso de la cárcel en nuestra ciudad y permanecer seguros”, dijo el funcionario, destacando como prioridad acabar con el encarcelamiento innecesario, al tiempo que destacó el plan municipal de libertad supervisada. “Debemos cerrar las cárceles de Rikers y asegurarnos de que cumplamos la promesa de la reforma de la fianza. Para lograr esos objetivos, el programa debe usarse como una alternativa al encarcelamiento en lugar de imponerse a quienes regresarían a la corte sin supervisión”.

Marie Ndiaye, de la asociación The Legal Aid Society, también manifestó la importancia de las reformas de fianza para que haya mayor equidad y justicia, algo que se le ha negado por décadas a comunidades pobres, y destacó la urgencia de buscar mecanismos para que los cambios logren su máximo potencial.

“Hay que garantizar que la mayoría de las personas sean liberadas antes del juicio y que esas personas tengan acceso a servicios y recursos”, dijo la abogada. “Las alternativas a los programas de encarcelamiento están comprobadas y son fundamentales para finalmente cerrar Rikers Island y reducir la población local de la cárcel”.

Preeti Chauhan, directora de la organización Data Collective for Justice, defendió los cambios también y advirtió que el beneficio es para todos.

“Preservan la seguridad de la comunidad, protegen los derechos de los acusados y garantizar que las víctimas de delitos reciban justicia”, dijo la defensora, anticipando que habrá liberaciones masivas de acusados, no de condenados. “Nuestra investigación indica que miles de casos más resultarán en liberación sin fianza una vez que las reformas de la fianza en todo el estado entren en vigencia en enero de 2020″.

Son inocentes hasta que se pruebe lo contrario

Vidal Guzmán, de la organización JustleadershipUSA, que vela por la defensa de los derechos de los reclusos y la defensa de la justicia, aseguró que la reforma de las fianzas es una clara muestra de que personas que no han sido condenadas por los cargos que les imputan están privados de la libertad solo por no tener dinero para pagar.

“La verdad es que las personas que van a regresar a sus casas por cuenta de esta ley son personas que no pudieran pagar una fianza, por lo tanto, son inocentes hasta que se pruebe lo contrario según la ley”, aseguró el activista, advirtiendo que la Constitución de los Estados Unidos defiende la presunción de inocencia.

Guzmán criticó de paso las posiciones manifestadas por oficiales del NYPD contra la reforma, y advirtió que no solo generan temores infundados sino que violan principios de ley.

“La declaración de miedo de NYPD socava la presunción de inocencia protegida por la Constitución de los Estados Unidos. Lo mismo se dijo sobre los adolescentes y las mujeres sobre fin masivo de fianzas”.

Juan Cartagena, de la asociación Latino Justice, calmó los temores que han venido surgiendo a medida que se acerca la hora cero para implementar la nueva ley explicando que quienes saldrán de la cárcel no son “criminales condenados” sino personas que apenas están siendo acusadas de delitos menores y no violentos. “Tienen el derecho de esperar su juicio fuera de prisión, pues por ahora no han sido declarados culpable de los delitos que se les señalan. Es un acto de justicia social y no hay nada de que temer, pues lo que hace es que protege a comunidades que por años fueron maltratadas solo por la pobreza”.

El presidente del Comité del Sistema de Justicia del Concejo Municipal, Rory Lancman, rechazó los temores del NYPD y describió los cambios estatales como herramientas fundamentales para revertir la excesiva dependencia de las fianzas de dinero, el sistema de ocultar pruebas esenciales de los acusados, y la detención preventiva de personas inocentes, que afectan especialmente contra los neoyorquinos pobres y marginados.

“Nadie debería estar puesto en la cárcel porque son demasiado pobres para pagar su fianza. Nadie debería enfrentar la peor parte del sistema de justicia sin conocer la evidencia en su contra”, dijo Lancman. “Las reformas que comienzan el 1 de enero no pueden llegar lo suficientemente pronto, y estaremos atentos estrechamente para asegurarnos de que las nuevas leyes se implementen plena y fielmente”.

Datos de fianzas en NY:

  • $16 y $27, entre esos dos montos, son los millones que recibe la industria de fianzas comerciales cada año.
  • $28 millones equivalen al monto que los presos con opciones de salir bajo fianza no pueden pagar.
  • 50% y más de los reclusos con opción de salir no pueden pagar sus fianzas.
  • 12% ha aumentado el movimiento de fianzas comerciales en los últimos 2 años.
  • 18% ha aumentado el movimiento de bonos de pago en los últimos dos años
  • 900 reclusos actuales se estima serían los primeros en beneficiarse cuando la ley entre en vigor el 1 de enero.

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