Deportan a 500 inmigrantes mediante dos engañosos programas de asilo
Defensores de los derechos civiles pidieron a un juez federal que detenga los programas piloto PACR y HARP
Dos programas piloto implementados por las autoridades de inmigración en la frontera de El Paso, Texas, para procesar las solicitudes de asilo han resultado ser engañosos y causado la deportación inmediata de alrededor de 500 inmigrantes, denunciaron organizaciones defensoras de derechos civiles que presentaron una demanda ante una corte federal en Washington DC.
La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), que presentó la querella junto con el Centro de Defensa de Inmigrantes de las Américas, argumenta que esos programas de las autoridades de inmigración despojan a los solicitantes de asilo de sus derechos legales y agilizan su deportación a países violentos.
Dichos programas piloto son identificados como PACR (revisión rápida de solicitud de asilo) y HARP (proceso de revisión humanitaria de asilo, exclusivo para mexicanos), los cuales empezaron a operar en El Paso, Texas, donde cientos de inmigrantes centroamericanos esperan su turno viviendo en un campamento de casas de lona.
La demanda fue presentada esta semana a nombre de salvadoreños y mexicanos a quienes se les ordenó ser expulsados de Estados Unidos después de ser incluidos en los programas.
PACR y HARP requieren que algunos solicitantes de asilo se mantengan en las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), donde sólo se les permite 30 minutos para comunicarse por teléfono con abogados o familiares, señala la ACLU.
Anteriormente los solicitantes de asilo eran transferidos a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) donde se les daba más tiempo para buscar asistencia y hablar con un abogado en persona o por teléfono antes de la entrevista de miedo creíble que les realiza un oficial de asilo para determinar la viabilidad de la petición.
El argumento de la demanda establece que los solicitantes de asilo que son registrados en estos programas están prácticamente incomunicados, bajo la custodia de CBP, sin acceso a un abogado y con tiempo limitado para presentar su petición, lo que puede afectar para que el solicitante exponga de manera correcta su caso.
“PACR y HARP dan lugar a la deportación de personas que corren el riesgo de persecución, tortura y muerte”, recalca la demanda.
La ACLU aseguró que 500 solicitantes de asilo ya han sido deportados bajo estos programas.
La demanda está pidiendo que declare ilegales los programas, anule las órdenes de deportación emitidas para los demandantes nombrados en el caso y ponga en espera las entrevistas de miedo creíble para aquellos que fueron inscritos en el programa hasta que sean transferidos a la custodia de ICE o se le otorgue la libertad condicional y se le dio tiempo suficiente para buscar asesoría.