Importante condado de Texas brinda abogado gratuito para más de 400,000 inmigrantes
Vecinos de Houston se verán beneficiados con este programa
Más de 18,300 indocumentados del estado necesitan asistencia legal. Crédito: John Moore/Getty Images
Por tres votos a favor y dos en contra, el condado más poblado y diverso de Texas aprobó este martes la propuesta de la jueza hispana Lina Hidalgo que otorga recursos para sufragar la representación legal de inmigrantes.
La junta de comisionados del Condado de Harris, al que pertenece la ciudad de Houston y en el que viven 4.6 millones de personas, dio luz verde al Programa de Servicios Legales de Inmigración, que tiene como objetivo invertir 500 millones de dólares para costear los gastos que supone la representación legal de inmigrantes que quieren permanecer en Estados Unidos, incluso de indocumentados.
“El Condado de Harris se beneficia enormemente de la diversidad, la energía y el espíritu empresarial que brindan los inmigrantes. Si nos tomamos en serio el hecho de ser un condado que prioriza a las familias, podemos comenzar asegurándonos de que no sean desgarradas por un sistema de inmigración federal desalentador, quebrantado e injusto “, dijo Hidalgo, principal administradora del condado, tras la aprobación de su iniciativa que aún tardará meses en implementarse.
Más del 25% de los 4.6 millones de residentes de ese condado son extranjeros, entre los que se incluyen unos 412,000 indocumentados que representan casi el 10% de la fuerza laboral. De de este grupo, más de 18,300 personas, incluidas familias y niños detenidos, necesitan asistencia legal.
Para Hidalgo, inmigrante de Colombia que se mudó a Estados Unidos en 2005 con su familia, la representación legal es crucial para que los inmigrantes reciban el debido proceso. Destacó que los niños a veces se ven obligados a representarse a sí mismos en casos de inmigración o sufren las consecuencias de que sus padres no puedan costear los honorarios de un abogado especializado.
“Los hijos de padres detenidos y deportados enfrentan enormes desafíos de salud, que pueden conducir a un bajo rendimiento en la escuela y un mayor riesgo de pobreza. Y mayor probabilidad de ser enviados a hogares de acogida, ser encarcelados y sufrir inseguridad alimentaria y de vivienda”, lamentó Hidalgo.
“Los hogares de inmigrantes indocumentados en Houston generaron ingresos por más de 11,000 millones de dólares en 2016, pagaron 742 millones de dólares en impuestos federales y 448 millones de dólares en impuestos estatales y locales, lo que supne 9,800 milllones de dólares de poder adquisitivo”, según la resolución aprobada.
“Todos en nuestra ciudad merecen acceso a la justicia y la capacidad de defender su caso de la manera que garantiza nuestra Constitución”, sostuvo el rabino Oren Hayon, de la Congregación Emanu El, una de las sinagogas más grandes de Houston.
Si bien la mayoría de los que participaraon en la reunión estaban a favor del programa, los opositores aducieron que proporcionaría servicios a personas que han violado las leyes migratorias y han cometido delitos financiados con el dinero de los contribuyentes.
“Los contribuyentes en Texas pagamos cerca de 1,000 millones de dólares al año por el costo de los crímenes y delitos cometidos por los inmigrantes indocumentados. No es justo que sigamos subsidiándolos con nuestros impuestos”, se quejó María Espinoza, fundadora de The Remembrance Project, que informa sobre los crímenes en que han participado indocumentados.
Por su parte, Makayla Rodríguez, de la organización Mi Familia Vota, instó a los comisionados a votar en favor de la medida para reducir la inseguridad de muchos estudiantes y ‘soñadores’ que no tienen protección legal.
“Estos jóvenes no merecen vivir con el temor permanente de enfrentar una deportación por un error administrativo o porque sus padres los trajeron consigo cuando eran pequeños”, expresó Rodríguez.
Con la aprobación del programa, ese condado se une a las ciudades de Austin y San Antonio en Texas, así como a otras de Estados Unidos, entre las que se incluyen Atlanta, Baltimore y Denver, que brindan servicios legales a los residentes que están en riesgo de ser deportados.
