¿Afectará la ayuda económica de $1,200 dólares a la determinación de carga pública?

Quienes tienen trámites de inmigración pendientes se preguntan si la prestación del Gobierno les perjudicará en futuros beneficios migratorios

Indocumentados no recibirán el dinero.
Indocumentados no recibirán el dinero.
Foto: Thomas Breher / Pixabay

Como respuesta rápida al descalabro económico que la crisis del coronavirus está causando en millones de familias estadounidenses, el Gobierno se prepara para enviar $1,200 dólares a los estadounidenses que tengan número de la seguridad social y que ganen menos de $75,000 dólares al año. ¿Cómo afectará este pago a personas con trámites migratorios pendientes?

La definición de esta ley de ayuda económica, enmarcada en un paquete de emergencia ante la pandemia, deja fuera a los alrededor de cinco millones de indocumentados (un 5% de la fuerza laboral del país) que trabajan aunque no tienen número de la seguridad social sino que pagan sus impuestos a través del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Es decir, los trabajadores más vulnerables de Estados Unidos se quedarán sin la prestación.

Los inmigrantes que sí recibirán el dinero del Gobierno, por su parte, se preguntan si tal ayuda puede ser un arma de doble filo y convertirse en un motivo de carga pública. En tal caso, podría darles problemas a la hora de conseguir beneficios migratorios en el futuro.

El abogado de inmigración Jaime Barrón dijo a Univision que en la ley “faltan descripciones” y una des las cosas que no se detallan es, precisamente, el tema de la carga pública. Sin embargo, su sospecha es “que los cheques que envíe el gobierno no serán considerados como carga pública, ya que no está dirigido a un grupo en particular de inmigrantes, sino que se trata de una ayuda enviada por razones de emergencia”.

La profesora Lilia Velásquez, de la facultad de derecho de la Universidad de California, opina también que “el cheque no es carga publica”. Y agrega que “está basado en los ingresos de la persona y los ingresos que declaró al Servicio de Rentas Internas (IRS)”.

Según el citado medio hispano, el Centro Nacional de Derecho Migratorio (NILC, por sus siglas en inglés) añade a las observaciones de los abogados que, en cualquier caso, el Gobierno detuviera “la implementación de la nueva regla de carga pública”, que entró en vigor el pasado 24 de febrero.

Además, apuntó que las medidas del Gobierno “no cubren las necesidades económicas y sanitarias […] de trabajadores inmigrantes”, que muchas veces desarrollan “servicios cruciales mientras que otros pueden refugiarse en hogar”