La escandalosa transacción en Puerto Rico para comprar pruebas de coronavirus a empresa australiana

La fallida compra de pruebas COVID-19 fue a una empresa especializada en construcción, Apex General Contractors

Trabajadores del ministerio de Salud toman muestras a domicilio para pruebas de coronavirus en Lima.

Trabajadores del ministerio de Salud toman muestras a domicilio para pruebas de coronavirus en Lima. Crédito: Paolo Aguilar | EFE

La gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó este jueves cancelar todos los contratos de la compañía Apex General Contractors con el gobierno de Puerto Rico, así como de los contratos asociados con el exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Juan Maldonado, quien fue el contacto de la compañía a la que se le otorgó el contrato millonario para la compra fallida de pruebas de coronavirus COVID-19.

De igual forma, indicó que los acuerdos contractuales entre Orlando “Tito” Laureano y el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se deberán dar por terminado.

“En Puerto Rico las manos tienen que estar fuera del dinero del pueblo… Le he dado instrucciones al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, para que cancele todo contrato en el gobierno que tenga alguna relación, ya bien sea como su representante o directamente, con el licenciado Juan Maldonado de Jesús está expresamente desautorizada cualquier gestión de este abogado en su carácter personal o como cabildero para tener acceso a recursos del gobierno de Puerto Rico”, señaló.

La última vez que la gobernadora ofreció una conferencia de prensa fue el miércoles de la semana pasada, donde defendió el contrato otorgado Apex General Contractors.

“No permitiré actuaciones fuera del marco de la ley. Estamos extenuados de que el pueblo de Puerto Rico esté expuesto a personas que tratan de aprovecharse, de los que usan el amiguismo y las conexiones para vivir de la necesidad del pueblo”, subrayó esta vez la primera mandataria.

Sus expresiones se producen en medio de la vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, donde la exsecretaria auxiliar de Salud, Adil Rosa, ofrece su testimonio sobre el proceso de compra de las pruebas. Rosa renunció al ofrecimiento de inmunidad que le realizaron.

La exfuncionaria indicó el martes durante su segunda participación en las vistas que Rodríguez Quilichini fue uno de los que recomendó contratar a la compañía.

Vázquez Garced indicó que, pese a esto, el médico cuenta con su confianza.

Un reportaje de El Nuevo Día destapó que Apex, dedicada a la industria de la construcción, no tenía experiencia en temas de salud y que intentó vender los exámenes a sobreprecio, pese a que otras dos empresas presentaron cotizaciones más económicas.

El contrato de Apex fue cancelado por el gobierno luego de que las pruebas no llegaron a la isla en cinco días, tiempo al que se habían comprometido para entregar los exámenes que produce una empresa con sede en Australia. No obstante, esa compañía negó esta semana que haya tenido alguna relación de negocios con Apex.

Ante eso, anunció el nombramiento de un funcionario federal que se encargará de vigilar los procesos de compra en el Departamento de Salud.

Incentivo de $500 para contribuyentes

De otro lado, la gobernadora informó sobre un incentivo de $500 para todos los contribuyentes de Puerto Rico, como una medida adicional para hacer frente a la crisis económica generada por el coronavirus.

Indicó que solicitará autorización a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para hacer el desembolso.

“Le estoy solicitando a la Junta de Supervisión Fiscal que autorice los fondos necesarios para poder llevarle una ayuda económica de $500 a todo contribuyente en la isla así como nuestros pensionados, independientemente si rindieron la planilla durante el año pasado”, estableció la primera mandataria.

La gobernadora de Puerto Rico indicó que identificó los fondos de un sobrante que tendrá el Fondo General porque se había separado un dinero de Medicaid que se va a cubrir ahora con fondos federales.

“Estos fondos servirán como un alivio para los gastos extraordinarios así como para compensar por ingresos dejados de recibir. Además, se unirá a otros incentivos federales que ya han sido anunciado así como los $1,200 por persona y los $500 por hijo que el Departamento de Hacienda estará manejando con el Tesoro Federal”, indicó.

Asimismo, indicó que otorgarán unos $12 millones en incentivos para el personal del Departamento de Educación. El bono va entre los $500 a $1,500, dependiendo de la escuela en la que laboren.

Vázquez Garced también anunció que otorgó la permanencia a 706 maestros y directores de escuelas del sistema de educación pública.

De acuerdo con la mandataria, las ayudas para atender la emergencia suman $840 millones.

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