Hay que proteger a los trabajadores

Hay que proteger a los trabajadores
En Nueva York, centro de la pandemia, los hospitales públicos y privados, le han fallado a las enfermeras y otros obreros de la salud.
Foto: Peter Foley / EFE

La pandemia de COVID-19 ha transformado la forma en que las personas funcionamos, las compras por internet se han convertido en esenciales – ya que atreves de ellas compramos desde la comodidad, medicinas, máscaras N95, juguetes y hasta licor, en resumen – casi todo. Compañías como Amazon hacen que la cuarentena sea más tolerable para aquellos que puedan pagar por esa comodidad. Sin embargo, los noticieros nos dicen que mientras que los ejecutivos supervisan a sus trabajadores desde la comida y seguridad de su hogar – los trabajadores en los centros de distribución, en las plantas de procesamiento de alimentos y en los hospitales, trabajan sin los equipos de protección necesarios para su supervivencia. La seguridad de los trabajadores en sus centros de trabajo no es responsabilidad exclusiva de sus patronos: sino es una cuestión de seguridad y salud pública.

Es raro que las negligencias de salud y seguridad de los patronos impliquen consecuencias penales. Muchas veces los accidentes o muertes de los trabajadores son meros cálculos de dinero en los planes de negocios de muchos patronos. Esta realidad tiene que cambiar. Como fiscal a que estuvo a cargo del Construction Fraud Task Force y que investigaba casos penales de trabajadores que fallecían o resultaban heridos en obras de construcción en Manhattan. Durante mis investigaciones – trabajador tras trabajador – muchas veces sabía que trabajaba en condiciones inseguras, pero al mismo tiempo sus patronos les dejaban claro si se quejaban de estas condiciones ellos podrían ser disciplinados o despedidos. Sin embargo, los trabajadores cooperaban con mis investigaciones porque sabían que, si sus patronos los despedían, esta acción se podría verse como obstrucción a la justicia.

Las autoridades deben estar vigilantes y fiscalizar otras industrias de igual o mayor impacto y que dan prioridad a sus ganancias sobre la seguridad de sus trabajadores. Por ejemplo, Amazon vende equipo de protección “PPE” en su página de internet a sus consumidores, por otro lado, está despidiendo a empleados que han denunciado la falta de equipo de seguridad en sus centros de distribución. En vez de proveer los equipos de seguridad a sus empleados, Amazon está usando la tecnología para rastrear a los trabajadores y obstaculizar sus intentos de sindicalización. Al igual Smithfield Foods, una compañía de alimentos que posee marcas reconocida Nathan’s y Farmland, cientos de trabajadores han dado positivo a COVID-19. Aun así, “Smithfield” continúa ofreciendo “bonos de responsabilidad” a aquellos trabajadores que no usen la licencia por enfermedad. (Por otro lado, Amazon se retractó su ofrecimiento de ofrecer dos semanas adicionales de licencia por enfermedad pagada a aquellos trabajadores que se enfermen con el virus. Ahora, Amazon, les exige a sus trabajadores que tienen que usar la licencia por enfermedad existente). En lugar de implementar barreras de distanciamiento efectivas en sus plantas, los trabajadores laboran hombro con hombro, casi tocándose. En Nueva York, centro de la pandemia, los hospitales públicos y privados, le han fallado a las enfermeras y otros obreros de la salud. En tres demandas civiles presentadas por el sindicato de las enfermeras (New York State Nurses Association – NYSNA) señalaron a través de declaraciones juradas que el patrono no le había provisto equipo de protección “PPE” esencial.  Además, estos hospitales les exigían a las enfermeras regresaran a su trabajo, aunque tuvieran síntomas de COVID-19.

Cuando ocurre una muerte en el área de trabajo la respuesta inmediata es clasificarlo como un accidente. Existe una gran diferencia entre un accidente casual y un accidente provocado limitaciones de seguridad que imponen los patronos. Esto es pensando que las ganancias son más importantes que la salud y seguridad de sus trabajadores.

Los fiscales tienen una amplia discreción, rara vez eligen usar su poder para tratar estos “accidentes” como casos penales. ¿Por que una muerte causada por un conductor ebrio es diferente a una muerte provocada por el acto imprudente de un patrono? Es mucho más fácil procesar casos penales que involucran actos intencionales como un robo, en lugar de un caso que involucra una falta de salud y seguridad deficiente que afecta a los trabajadores. Hasta que las autoridades tomen conciencia que estas muertes no son solo accidentes, sino posible casos penales – los patronos continuarán con sus prácticas y todo seguirá siendo igual.

En la medida que los estados de Georgia, Carolina del Sur y otros comienzan la reapertura de sus economías, esta semana, los fiscales locales deben poner mayor énfasis en usar las leyes penales existentes para encausar a los patronos irresponsables y con esto reducir el número de muertes. Nosotros tenemos que apoyar las recomendaciones que ofreció la AFL-CIO a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) para crear un “estándar temporal de trabajo de emergencia”. Además, debemos instar al Congreso a aprobar la Ley de Protección de Todos los Trabajadores COVID-19, que requeriría que OSHA haga que todos los patronos a implementar controles de exposición a enfermedades infecciosas y prohibirles que tomen represalias contra los trabajadores que usen su voz para denunciar fallas en la salud y seguridad en su área de trabajo. Los gobiernos a su vez, federal, estatal y local no deben recompensar a las corporaciones que no dan prioridad a la seguridad sus trabajadores y que amenacen nuestro futuro colectivo, con exenciones de impuestos.

Los trabajadores esenciales – muchos de ellos mal pagados, con pocos o ningún beneficio – siguen estando presente y al frente de las líneas de trabajo salvando vidas. La salud y la seguridad de nuestro país dependen de cómo protejamos a todos los trabajadores durante la pandemia y después que esta termine.

-Diana Florence es una exfiscal adjunta del distrito de Manhattan, que durante sus 25 años de labor dirigió el Grupo de Trabajo contra el Fraude en la Construcción.