El peor brote de coronavirus en una prisión federal: tiene 1,051 reos y 620 están contagiados

Un inmigrante se convierte en el sexto muerto por COVID-19 en esta cárcel ubicada en el condado de Los Ángeles

detención ICE

Crédito: PAUL RATJE | AFP / Getty Images

Seis reos han muerto por COVID-19 en la prisión federal FCI Terminal Island de San Pedro, en el condado de Los Ángeles, California, donde se reportan 620 casos confirmados de coronavirus, el peor brote dentro del sistema penitenciario del país.

La víctima más reciente es un inmigrante identificado como Eduardo Robles Holguín, de 58 años de edad, quien cumplía una condena de 20 meses por ingresar a Estados Unidos sin documentos de forma reincidente.

El Buró de Prisiones (BOP) informó que murió el 4 de mayo luego de que el pasado 25 de abril fuera trasladado a un hospital donde ese mismo día le colocaron un respirador artificial al ser diagnosticado con COVID-19.

Estaba recluido en la FCI Terminal Island desde el pasado 14 de enero, pero 80 días después murió para convertirse en la sexta víctima mortal registrada al interior de esta prisión federal donde el 60% de sus internos está contagiado.

Robles Holguín no estaba en una cárcel de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE), donde los inmigrantes son recluidos por faltas administrativas, sino en una prisión de BOP sentenciado por un delito federal luego de que le fincaran cargos criminales por reingreso ilegal al país después de haber sido deportado a México en 2015.

La Terminal Island de San Pedro es una cárcel de nivel de seguridad bajo que actualmente tiene 1,051 reclusos y de los cuales 620 están contagiados, indica el más reciente reporte del BOP. Otros 15 empleados de la misma prisión también se reportan enfermos por el coronavirus.

Al martes 5 de mayo, en todo el sistema penitenciario a cargo del BOP se han registrado 41 muertos por coronavirus y hay 2,066 casos confirmados. Es decir, la cárcel de San Pedro registra el 30% de todos los contagios en las prisiones federales del país.

La alarmante situación en esta cárcel ha generado malestar entre los familiares de los detenidos que acusan al gobierno de no hacer lo suficiente para proteger a los internos ni al personal.

“Sus vidas importan”, dijo Sandra Hines al periódico Long Beach Post, una activista local que la semana pasado organizó una protesta afuera de la prisión de San Pedro. “Son personas que violaron la ley, pero aún así son seres humanos. Y no fueron sentenciados a la pena de muerte”.

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