Por riesgo a contagio por COVID-19, se oponen a que comparecencias en las cortes sea en persona

NUEVA YORK.- Una nueva disposición de la Oficina de Administración de la Cortes del Estado de Nueva York (OCA), hará que los ciudadanos que tengan casos pendientes ante el circuito de las cortes de justicia tendrán que comparecer en persona a partir del lunes 13 de julio, lo cual generó la inmediata reacción de varias organizaciones de defensa legal, que temen que la medida facilite el contagio con el virus COVID-19.

Los defensores emitieron una declaración conjunta dirigida al juez jefe administrativo de OCA, Lawrence K. Marks, en la que solicitan se continúen las comparecencias virtuales (remoto) y abandone su propuesta de reiniciar las apariciones en persona, hasta que los expertos en salud hayan desarrollado planes para que las personas puedan regresar a las cortes de manera segura.

“Nos oponemos firmemente a la reapertura de la Corte Suprema porque no es segura y no es esencial hacerlo”, estableció en primer término el documento.

De acuerdo con las organizaciones, entre las que figuran: Legal Aid Society, Brooklyn Defender Services, The Bronx Defenders, New York County Defender Services, Queens Defenders y Neighborhood Defender Service of Harlem, el 6 de julio, la OCA anunció sus planes para exigir unilateralmente comparecencias en persona en la Corte Suprema, en contradicción con un esfuerzo de colaboración para trabajar hacia la apertura de los tribunales, solo cuando se pueda garantizar un entorno seguro.

La notificación del juez jefe administrativo de OCA se ampara en que la Ciudad de Nueva York entró en la Fase 3 de apertura en el curso de la pandemia de COVID-19, y en consecuencia, los individuos deben comparecer en persona.

“Cualquier plan de la OCA para exigir unilateralmente las comparecencias en persona en las cortes contraviene la última Orden ejecutiva 202.48, que requiere el consentimiento. Además, cualquier plan de este tipo, constituiría una desviación grave de todas las conversaciones y entendimientos con OCA hasta la fecha”, destaca la declaración.

Las organizaciones, insisten que la medida de OCA representa un cambio drástico y no garantiza un ambiente seguro en medio de la pandemia de COVID-19.

Exigir que los clientes acudan a la corte por un asunto que no sea de emergencia es simplemente injusto y no reconoce la enorme carga que esto supone para ellos, sus familias y comunidades, así como para nuestro personal, el personal de los fiscales de distrito y el personal de la corte.

Por todas estas argumentaciones, los defensores solicitan que el Tribunal suspenda el plan para comenzar las comparecencias en persona, hasta que los expertos tengan la oportunidad de trabajar juntos en desarrollar planes y protocolos para regresar de manera segura.

“Nos habían dado garantías claras y absolutas de que los tribunales no estaban planeando reabrir tan pronto y que recibiríamos una notificación suficiente cuando eso ocurriera. Nos oponemos firmemente a la reapertura de la Corte Suprema porque no es segura y no es esencial hacerlo”, insiste la declaración.

Funcionarios de las cortes demandan a OCA

La semana pasada, el sindicato de oficiales de la corte de Nueva York, presentó una demanda contra la oficina estatal que administra el sistema judicial, alegando que no ha logrado mantener a los miembros a salvo del coronavirus.

Dennis Quirk, presidente de la Asociación de Oficiales de la Corte del Estado de Nueva York, afirmó en la demanda presentada en la Corte Federal de Manhattan, que OCA no ha limpiado adecuadamente los espacios, ni ha proporcionado equipos de protección personal a los oficiales.

“Como resultado, los miembros del sindicato han estado y continúan expuestos al COVID-19 y, de hecho, han contraído coronavirus y han muerto como resultado de dicho fracaso”, se lee en la denuncia civil, que cita a la jueza principal Janet DiFiore como acusada.

Tres miembros del sindicato, un oficial de la corte en Brooklyn y dos asistentes de la corte, murieron debido al virus, mientras que más de 100 oficiales de la corte más se enfermaron, según Quirk.

Las organizaciones de defensores públicos agregaron que conocen que los tribunales planean exigir a los litigantes, que hagan comparecencias en persona en asuntos que no sean de emergencia, tales como comparecencias ante el Tribunal Supremo y asuntos de conferencias de casos que se han hecho de manera remota con mucho éxito hasta ahora.

Impacto desproporcionado en las minorías

Varios estudios han establecido que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado entre los negros, hispanos y otras comunidades de minorías de bajos ingresos, los mismos sectores de la población que también son desproporcionadamente arrestados y representados en casos judiciales en Nueva York y quienes serán los que lleven la peor parte de esta nueva política.

Por ejemplo, dijeron los defensores, las personas que viven en el sur de El Bronx sufren una de las tasas más altas de COVID-19 en Nueva York, a la par con otros puntos críticos en todo el país. Observamos que dichos lugares están tomando medidas para retrasar la reapertura de los lugares públicos, por tanto, que la elección de reabrir el palacio de justicia de El Bronx, que se encuentra en el área de alta incidencia, es tan sorprendente e inexplicable, insistieron.

Además de enfrentar la muerte y el debilitamiento a causa de COVID-19, son las personas de las mismas comunidades quienes asumen la disparidad económica y los desafíos asociados con la falta de cuidado infantil alternativo y / o la falta de vacaciones pagadas o tiempo de enfermedad que son necesarios para comparecer en persona en las cortes.

Finalmente, subrayaron los defensores, como muchos neoyorquinos, sus clientes necesitarán usar el sistema de metro, rutas de autobús u otro transporte público para viajar hacia y desde la corte, lo que muchos dicen que es demasiado inseguro, incluso en la Fase 3. Estos riesgos graves e innecesarios se agravan sobre todo entre quienes trabajan dentro del juzgado, además de contribuir al número de personas en el público que potencialmente pueden transferir el virus, es completamente inapropiado volver a abrir los tribunales al público antes de que se hayan evaluado y abordado todos los riesgos para la salud.