Perdonan “por salud mental” a hispano condenado por terrorismo; lo envían a refugio en Nueva York

Planeó explotar puentes y túneles, así como las sedes de la ONU y el FBI

ONU

Sede de la ONU, en Manhattan Crédito: Andrés Correa Guatarasma | Cortesía

Víctor Álvarez, un aspirante a terrorista condenado en un complot para bombardear íconos de la ciudad de Nueva York en 1993, fue puesto en libertad y enviado a un refugio para personas sin hogar en Manhattan ayer, después de amenazar en la corte con que dejaría de tomar sus medicamentos.

“Quiero estar libre de tratamiento de salud mental”, dijo Álvarez (54) en voz alta a su abogado durante una presentación en la corte. “Quiero ser libre ahora”.

El juez federal Vernon Broderick ordenó que le pusieran un brazalete de monitoreo electrónico y autorizó que se mudara al refugio de hombres sin hogar Bellevue, en Kips Bay, Midtown East.

El musulmán nacido en EE.UU. -cuya larga barba blanca estaba parcialmente cubierta por una mascarilla-, se negó a responder preguntas del New York Post mientras arribaba al refugio ayer alrededor de las 3:30 p.m., escoltado por dos oficiales federales de libertad condicional que habían estado presentes en la corte.

Ayer Álvarez terminó de cumplir gran parte de una condena de prisión de 30 años por conspirar con el difunto jeque Omar Abdel-Rahman para volar diversos puentes y túneles de NYC, así como las Naciones Unidas y la sede local del FBI.

Sus crímenes incluyeron ayudar a remover combustible diesel y fertilizante dentro de una fábrica de bombas improvisada en Queens, allanada en 1993, interrumpiendo el plan terrorista.

Tras ser detenido, “Entre 1993 y 2013 el acusado recibió 155 informes disciplinarios en la prisión, incluso por asaltar, escupir y amenazar a oficiales, poseer un arma, inundar su celda y mantener contenedores de orina y leche podrida en su celda”, resumió la fiscalía.

El juez Broderick acordó con los fiscales imponer el monitoreo electrónico y otras restricciones a Álvarez, basado en parte en lo que los documentos de la corte llamaron “problemas documentados de salud mental” que “contribuyeron a [su] radicalización y comportamiento violento”.

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