Compás de espera sobre demanda que pide restablecer Ley de Secreto Policial 50-A
Una coalición de defensores de los derechos civiles se mantiene en pie de lucha para defender la vigencia de la legislación que garantiza la transparencia de los actos policiales en su interacción con el público
Activistas por los derechos civiles protestan en Foley Square. Crédito: CPR | Cortesía
NUEVA YORK.– Este martes se celebró la audiencia para conocer la demanda de varios sindicatos de policías bomberos y agentes correccionales de la ciudad de Nueva York que piden se revierta la derogatoria de la Ley de Secreto Policial (50-A). La comparecencia estuvo presidida por la jueza del Tribunal Federal, Katherine Failla.
Entre tanto, defensores de los derechos civiles, oficiales electos y miembros de una amplia coalición de activistas rechazaron la pretensión planteada en una demanda colectiva por los sindicatos.
El pasado 9 junio, la Legislatura del estado de Nueva York aprobó, y el gobernador Andrew Cuomo firmó luego la derogación de la llamada Sección 50-A, o Ley de Secreto Policial, que de acuerdo con Communities United for Police Reform (CPR), fue utilizada por el Departamento de Policía (NYPD) para ocultar la mala conducta policial en sus interacciones con el público.
“Después de la audiencia de hoy, esperamos que el tribunal desestime la solicitud de los sindicatos de policías infundados de una orden judicial preliminar que busca impedir que la Ciudad publique la base de datos de mala conducta de los oficiales”, dijo Anthonine Pierre, portavoz de CPR.
Pierre destacó que los sindicatos de policías quieren usar los tribunales y sus enormes recursos financieros para socavar la voluntad de los neoyorquinos y la legislatura estatal elegida democráticamente al tratar de mantener la mayoría de los archivos disciplinarios y mala conducta policial ocultos a la vista del público.
El portavoz de la CPR agregó que cientos de miles de neoyorquinos marcharon, protestaron y se organizaron en todo el estado de Nueva York por la transparencia policial, la rendición de cuentas y la derogación de la ley de secreto policial de Nueva York, 50-A.
“La decisión de la corte jugará un papel crucial en nuestra lucha en curso para poner en marcha un sistema en el que la policía sea responsable de sus acciones y los neoyorquinos no vivan con miedo. CPR llevó la histórica campaña a #Repeal50A, y continuaremos rechazando los intentos de los sindicatos policiales de hacer retroceder esta importante victoria para la transparencia, la responsabilidad y la democracia”, aseveró Pierre.
Se espera que la jueza Failla, emita una decisión sobre la solicitud de medida cautelar preliminar esta semana.
La CPR destacó que, durante al menos 17 años los archivos disciplinarios la policía, bomberos y oficiales correccionales han estado disponibles al público y, no obstante, los demandantes no han presentado ninguna prueba que demuestre que esta información pública significó un mayor riesgo para los oficiales. En consecuencia, “mantener el secretismo no tiene justificación”.
“A todos los que salieron a defender porque se mantenga la Ley de Secreto Policial (50-A), debemos tener presente que los cinco sindicatos del NYPD pueden tener el dinero, la voluntad de mentir y de imponer el temor de su lado, pero nosotros tenemos la organización, el amor y el poder de la gente”, dijo Joo-Hyun Kank, director de CPR.
La sección 50-A de la Ley de Derechos Civiles, estuvo en vigencia desde 1976, y permitió que se hagan públicos los archivos de investigaciones y acciones tomadas sobre la conducta de los agentes del orden.
La manifestación se hizo en Foley Square, frente a la corte federal en Manhattan, donde posteriormente se cumplió la audiencia para conocer la demanda que fuera presentada el 14 de julio por la Police Benevolent Association, la Correction Officer Benevolent Association, la Uniformed Firefighters Association of Greater New York y una serie de otros sindicatos policiales.
En suspenso
El 15 de julio, un juez de la corte estatal emitió una suspensión, impidiendo temporalmente que la Ciudad de Nueva York haga públicas las bases de datos de mala conducta policial tal como se había previsto. Poco después, el caso fue trasladado a un tribunal federal. El 22 de julio, el juez federal emitió una orden de restricción temporal (TRO) a la Ciudad, ordenándole que no avancen con ninguna base de datos que incluya información relacionada con mala conducta o disciplina que no haya sido comprobada o que sea definitiva.
Entre los manifestantes estuvo Hawa Bah, madre de Mohamed Bah, muerto en septiembre de 2012, en el marco de una operación de policías encubiertos del NYPD, el defensor de pueblo, Jumaane Williams, Lucy Lang, de la Asociación de Acción Policial, Molly Griffard, Sociedad de Ayuda Legal, Susan Lerner de Common Cause, Yul-san Liem, del Comité de Justicia, Katurah Topps, del Fondo de Educación y Defensa Legal de la NAACP y Janos Marton, de la Junta de Revisión de Quejas Civiles.
Entre los funcionarios electos se contaron los senadores estatales Jamaal Bailey y Julia Salazar; el asambleísta Michael Blake, los concejales Donovan Richards, presidente del Comité de Seguridad Pública y presidente electo del condado de Queens y Ben Kallos, presidente del Bloque Progresista del Concejo.
La ley cobijaba también a bomberos y oficiales de las cárceles para mantener en secreto sus archivos a menos que un juez ordenara lo contrario, pese a la existencia de la Ley de Libertad de Información (FOIL).
