Familia de hispano que murió a manos de la Policía insiste en llevar a juicio a los agentes

A los uniformados no se les acusó por el hecho ocurrido en Arizona

Miembros de la familia de Carlos Adrián Ingram López

Miembros de la familia de Carlos Adrián Ingram López. Crédito: María León | EFE

Miembros de la familia de Carlos Adrián Ingram López aseguraron este jueves que no se quedarán de brazos cruzados y exigieron a la Fiscalía del Condado Pima que reconsidere su decisión de no presentar cargos criminales contra los policías involucrados en la muerte de hispano el 21 de abril pasado.

“Nuestra familia vio en vídeo a tres oficiales de policía inmovilizar a Adrián con dos pares de esposas, dos mantas cubriéndolo de pies a cabeza, un protector para que no escupiera y más de 600 libras de peso en su espalda, mientras se encontraba boca abajo por más de 12 minutos”, dijo Diana Chuffe, tía de Ingram López.

El lunes pasado, la Fiscalía de Pima, sur de Arizona, informó que los policías involucrados en la muerte del hispano no enfrentarán cargos ya que no se encontró suficiente evidencia de que cometieran un crimen.

La Fiscalía revisó múltiples reportes y otras pruebas del caso, incluyendo la llamada al número de emergencia hecha por la abuela del occiso solicitando ayuda porque su nieto actuaba de “forma extraña” y se encontraba posiblemente bajo la influencia de drogas.

En imágenes dadas a conocer por el departamento policiaco un mes después de la muerte de Ingram López, se puede ver a los oficiales llegar de noche a la casa de la familia donde el hispano se encontraba desnudo. Los oficiales lo siguen hasta la cochera, donde lo inmovilizan y esposan con la cara contra el piso.

Tres de los agentes involucrados en este caso renunciaron a sus cargos, y uno más aún se encuentra trabajando.

Chuffe, quien habló en nombre de la familia durante una conferencia de prensa en Tucson, aseguró que la madre del Ingram López se encuentra “devastada” con la noticia de que ninguno de los policías enfrentará cargos por la muerte de su hijo.

“Nuestra familia escuchó en el vídeo los gritos desgarradores de Adrián pidiendo ayuda, lo escuchó pedir agua, lo escuchó pedir ayuda mientras se ahogaba. Lo escuchamos gritar ‘Nana, ayúdame’ y con impotencia lo vimos lentamente morir. También vimos en las imágenes la indiferencia de la policía por la vida de Adrián”, relató Chuffe quien no pudo ocultar su dolor e indignación.

La familia está convencida de que los policías no siguieron el protocolo del Departamento de Policía de la Ciudad de Tucson (TPD) y esto fue lo que causó la muerte de Ingram López.

Chuffe aseguró que están convencidos de que si Adrián hubiera sido puesto en una posición de “recuperación” no hubiera muerto, por lo que consideran que la “asfixia” fue provocada por la posición en que se encontraba.

La autopsia de la Oficina del Médico Forense del Condado Pima determinó como la causa de la muerte un paro cardiaco, y halló vestigios de cocaína en el cuerpo de Ingram López.

La familia no está dispuesta a aceptar la decisión de la Fiscalía, por lo que ha iniciado una petición en línea para exigir que sea un jurado quien determine si los policías son culpable o no. En la petición, que ya circula en las redes sociales, pide que se presenten cargos criminales contra los policías involucrados, identificados como Jonathan Jackson, Samuel Routledge y Ryan Starbuck.

La muerte de Ingram López el pasado mes de abril acaparó la atención nacional debido a que los detalles y el vídeo de las cámaras corporales de los policías no se dieron a conocer hasta dos meses después del fallecimiento.

El caso vino a revivir la desconfianza y el llamado de justicia a nivel nacional contra los departamentos policiacos por parte de movimientos sociales como Black Lives Matter.

Chuffe dijo que la madre de Adrián está sumamente afectada por la decisión de la Fiscalía, mientras que la hija de dos años de la víctima todos los días sigue preguntando por su padre.

La familia está convencida de que el sistema “nuevamente ha fallado” en el caso de Ingram López, pero está dispuesta a seguir luchando tanto por la vía legal como por la civil.

En agosto pasado abogados que representan a la familia presentaron una notificación legal a la ciudad de Tucson y al TPD sobre una demanda de 19 millones de dólares por la muerte del hispano.

“La decisión de la Fiscalía no es absoluta, puede cambiar, debe cambiar”, dijo Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

En su opinión este caso es otro ejemplo de la impunidad con la que operan los departamentos policiacos en Estados Unidos y las fallas dentro del sistema que al parecer existen solo para “protegerlos”.

“No pueden negar que existen causas para presentar cargos por homicidio por negligencia. Esta no es la primera vez que la Fiscalía del Condado Pima se rehúsa a presentar cargos contra agentes policiacos”, dijo.

En su opinión este es un problema sistémico que se vive a nivel nacional, el cual se puso de manifiesto nuevamente en Lousville, Kentucky, cuando la fiscalía desestimó acusar de asesinato a los policías involucrados en la muerte de la afroamericana Breonna Taylor en su apartamento en marzo pasado.

Esta decisión ha desencadenado nuevamente una serie de protestas a nivel nacional.

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