Narco inundó la política mexicana, operan 19 cárteles actualmente
Expertos señalan complicidad entre criminales y funcionarios en el tráfico de drogas y lavado de dinero
Lavado de dinero. Crédito: Joe Raedle | Getty Images
MÉXICO – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto Castillo no inventó el hilo negro al reconocer que todo el territorio mexicano está plagado de cárteles de la droga.
Tampoco lo inventó al informar que hay 19 asociaciones delictuosas de alto impacto que generan violencia, corrupción y recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, la UIF aclaró que la delincuencia organizada sí está creciendo y que su crecimiento es uno de los principales factores del incremento en el flujo de recursos ilícitos generados a nivel nacional.
Sólo entre 2016 y 2018, dijo Nieto Castillo, los grupos delictivos tuvieron ganancias estimadas por 1 billón de pesos, o bien, el equivalente al 6.6 por ciento del Producto Interno Bruto nacional registrado durante el segundo trimestre de 2020, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
Para Edgar Guerra Blanco, el problema del combate al crimen organizado parte de que la estrategia actual es punitiva –es decir, que está centrada en el uso de las fuerzas armadas como la principal vía de contención– y no integra en igual forma, políticas y mecanismos de combate alternativos como la inteligencia financiera, el desmantelamiento de redes criminales a través de maxi-procesos, el saneamiento del tejido social, e incluso, la regulación y legalización de estupefacientes.
“Mi conclusión es que en los últimos tres sexenios se han desgastado recursos, vidas humanas, voluntad política, tiempo, tranquilidad de la ciudadanía, justamente por mantener una visión, un enfoque [punitivo] que no nos va a llevar a ningún lado. Creo que han sido tres sexenios tristes donde no hemos logrado entender que no es por ahí, que no ha funcionado por ahí y que no va a funcionar por ahí”, explicó a SinEmbargo el profesor-investigador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El experto en materia de seguridad, Ricardo Ravelo Galó, coincidió con Guerra Blanco acerca de que el combate al crimen organizado debe de ser integral, máxime considerando la diversidad de actividades del crimen organizado que implica 25 tipologías delictivas, como lo son el secuestro, la trata de personas, el lavado de dinero, los cobros de piso, entre otras.
“Lo que observo es que el Gobierno no tiene una estrategia integral contra el crimen organizado”. En México y a pesar de la militarización, abundó Ravelo, hay un vacío legal que sirve de “caldo de cultivo para que la criminalidad aumente”. Una situación que en la opinión del analista, está relacionada con la incapacidad, el miedo y la corrupción de las autoridades.
Aunque Ravelo reconoció que el trabajo de la UIF parece bien intencionado, destacó que el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una deuda con la persecución de dinero de procedencia ilícita en la vida pública, como en el caso de los recursos ilegales para financiar campañas políticas.
“El dinero del crimen corre por todos lados. [?] Estamos ante un narcoestado que debe autolimpiarse. [?] No es nada menor que alcaldes, diputados y senadores lleguen al poder financiados por el crimen, porque al final del día terminan obedeciendo al crimen”, destacó.
Por su parte, Rodrigo Elizarrarás mencionó que a pesar de que “el Gobierno federal hace bien en utilizar las herramientas de inteligencia financiera para congelar cuentas y detectar flujos y giros ilegales, […] ese esfuerzo esta todavía a medias”. Desde la perspectiva del analista de políticas de seguridad y socio de la consultoría de riesgos Humint, uno de los grandes problemas ligados al combate al crimen organizado y al lavado de dinero es la debilidad del sistema judicial y la falta de procuración de justicia en México.
Elizarrás, Guerra y Ravelo refirieron que aunque la UIF tenga información detallada sobre la distribución del crimen organizado a nivel nacional, el problema es que en México “no se ganan los juicios en tribunales”, como sucedió recientemente con la operación “Agave Azul”, con que el Gobierno federal aseguró presuntos recursos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mismos que tendrá que devolver por no acreditar su origen ilegal.
Para los expertos en materia de seguridad pública, lo anterior podría implicar que todo el sistema de procuración de justicia está fallando, sea por incompetencia de las autoridades durante los procesos de judicialización de carpetas, o incluso por actos de corrupción relacionados con sus procesos de integración.
Droga y lavado
En el marco de la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgo 2019-2020, Santiago Nieto Castillo señaló que “las amenazas más relevantes en materia de lavado de dinero son la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos y la corrupción”. Al respecto, el titular de la UIF precisó que en México hay 19 organizaciones delictivas de alto impacto, de las cuales dos –el CJNG y el Cártel del Pacífico o Cártel de Sonora– tienen “naturaleza supranacional”.
Además de los cárteles de Jalisco y Sonora, la lista de la UIF incluye a los cárteles del Golfo, Fuerza Antiunión, Los Beltrán Leyva, La Nueva Familia Michoacana y Santa Rosa de Lima, así como también a organizaciones de menor impacto y células de otros cárteles como La Línea, Los Colombianos, Los Marquina o Cártel de la Sierra, Nueva Plaza y Nuevo Cártel de Juárez.
Asimismo están siete organizaciones de carácter regional que crecieron durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto: El Cartel del Noreste en Tamaulipas; los cárteles guerrerenses Guerreros Unidos, Independiente de Acapulco y Los Rojos; Los Viagra en Michoacán; y los cárteles capitalinos de la Unión Tepito y de Tláhuac.
En el caso del Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, la UIF refirió que aparte de que ha ido perdiendo fuerza debido al combate del Estado mexicano, en los últimos años sus actividades principales pasaron del robo de hidrocarburos y tráfico de drogas, a temas relacionados con secuestro y extorsión.
En el Gobierno anterior fueron identificados 122 objetivos o líderes del crimen organizado, de los cuales detuvieron o abatieron a 116. “Sin embargo esto es insuficiente. […] Se requiere combatir las estructuras financieras de los grupos delictivos. […] Lo importante es combatir la corrupción política que les da cobijo […] y a ello habría que sumarle el combate a la base social [oportunidad y demanda] que tienen estos grupos delictivos”, dijo Santiago Nieto.
Acerca de la situación descrita por el titular de la UIF, Edgar Guerra Blanco indicó que “resulta evidente que los cárteles se han venido fortaleciendo, fragmentando y acoplando de mejor manera a los contextos regionales y esto es una situación riesgosa” que desemboca en tragedias como el atentado contra Omar García Harfuch (2020), el estado de sitio en Culiacán (2019), el asesinato de la familia LeBarón (2019) y las masacres y los constantes enfrentamientos entre las fuerzas del crimen y del Estado.
Para el profesor-investigador del CIDE, el enfrentamiento frontal iniciado en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, continuado de manera soterrada durante el peñanietismo, e incluso con la estrategia de disuasión del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es un fracaso continuo que permite que los cárteles proliferen a la sombra de los vacíos de Estado.
Desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, México no ha visto un golpe contundente a las redes criminales de los cárteles. El escritor y periodista Ricardo Ravelo Galó explicó en ese sentido que, por esos años (1994-2000) hubo un maxi-proceso en contra del Cártel de Juárez que culminó con el encarcelamiento del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid.
Más allá de eso, abundó, las acciones de gobierno –generalmente centradas en cortar cabezas de líderes criminales– han disparado la fragmentación y reacomodo de fuerzas criminales, lo que implica el fortalecimiento coligado de sus lazos institucionales que, además de promover la corrupción, agravan la situación de violencia, inseguridad y falta de procuración de justicia a nivel nacional.
Acerca de dicha situación, en lo tocante al tema de los beneficiarios finales de la delincuencia organizada, Santiago Nieto Castillo ha referido que es necesario modificar la ley para homologar el concepto de beneficiario controlador o beneficiario final, con la finalidad de facilitar la identificación de las personas que se benefician del crimen organizado y de la corrupción. Lo anterior en un contexto nacional en que la certeza jurídica y la impunidad son las principales vulnerabilidades, abundó.
Aunque los resultados van a paso lento, Nieto Castillo recordó que en 2018 la UIF presentó 82 denuncias y que un año después, en 2019, presentó 164. En materia de impartición de justicia, Nieto ha referido que “el Consejo de la Judicatura Federal reportó en 2018 seis sentencias condenatorias en materia de lavado, y en 2019, 84”. Hasta septiembre de 2020, recalcó, “el monto bloqueado de dinero suma 5 mil 678 millones de pesos y 344 millones de dólares. Además, se han incorporado a la lista de personas bloqueadas 3 mil 627 personas y se han congelado 25 mil 337 cuentas”.
Para fortalecer la estrategia de combate al crimen organizado, los especialistas consultados por SinEmbargo urgieron la necesidad de reformar el sistema de justicia, reforzar a las policías federal, estatal y municipal, así como profesionalizar a los funcionarios públicos responsables de dicha labor y robustecer el control de aduanas.
La espiral de violencia
La fragmentación y proliferación de grupos delictivos en México ha detonado “la mayor crisis de violencia que hemos tenido en la historia de nuestro país”, de acuerdo con el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONCSJL), Francisco Rivas Rodríguez.
Si comparamos las cifras anuales de 2015 a 2019, así como las cifras preliminares de 2015 a 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se observa que la tasas de delitos y de violencia fueron en aumento, inclusive alcanzando niveles históricos dentro del periodo de análisis.
Entre 2015 y 2019, la tasa general de delitos cometidos a nivel nacional tuvo un incremento sostenido que equivale, proporcionalmente, a un aumento de 6.7 por ciento anual, de modo que en cuatro años la comisión de ilícitos aumentó 29.1 por ciento. Algo similar ocurrió con algunos delitos de alto impacto (homicidio doloso, delitos contra la libertad personal, robos, abuso sexual y violación).
En ese sentido y durante el periodo referido, las cifras del SESNSP indican que la tasa de delitos con violencia aumentó a un ritmo proporcional de 12.9 por ciento anual, hasta alcanzar una diferencia de 51.6 por ciento en cuatro años.
A principios de septiembre, Rivas Rodríguez dijo a SinEmbargo que “2019 ha resultado el año más trágico de la historia. Fue primer lugar en homicidio doloso, en feminicidio, en lesiones dolosas, en violencia familiar, en narcomenudeo, en trata, en robo a negocio… Segundo lugar en extorsión, tercer lugar en violaciones, quinto lugar en secuestro y robo con violencia, así como octavo lugar en robo a transeúnte desde que tenemos registros”.
El director general de ONCSJL mencionó que “por más que el presidente insista en que están conteniendo el problema […] los homicidios siguen creciendo con base en los datos oficiales. Entonces, la crisis nunca había sido tan grave y no se ve en el escenario que vaya a haber alguna mejora pronto”.
Pese a que la incidencia delictiva tiene una tendencia al alza, éste año “evidentemente la pandemia tuvo un efecto positivo en términos de la reducción de delitos patrimoniales que se cometieron a lo largo del periodo de confinamiento, pues en la medida en que no había gente en las calles, fue más difícil que te pudieran asaltar, o que pudiese haber un evento violento. No obstante que los delitos patrimoniales bajaron, los homicidios, feminicidios, el narcomenudeo y la trata siguieron creciendo”, abundó Rivas.
La información oficial coincide con el especialista en temas de seguridad pública y procuración de justicia. A partir de diciembre de 2019, los delitos (en general) fueron a la baja. Tras un repunte delictivo entre enero y marzo, la caída continuó hasta mayo de 2020, y a partir de junio las cifras repuntaron. Sin embargo, hay precisiones al respecto.
En primer lugar, la caída en la incidencia delictiva registrada en 2019 es común en los cierres de cada año. En los últimos cuatro años, en noviembre y diciembre de cada año, los delitos (en general) tendieron a la baja. Empero, el decremento acumulado registrado en los dos últimos meses de 2019 fue 1.1 puntos porcentuales inferior al decremento registrado en el mismo periodo de 2018.
En segundo lugar está el repunte general de la incidencia delictiva en México, que entre mayo y julio fue de 26.4 por ciento. A pesar de que la comisión de ilícitos registrada pasó de 121 mil 847 a 154 mil 23 casos, la actividad criminal no ha llegado al nivel más alto registrado en lo que va del año (171 mil 336 delitos registrados en marzo).
Las corruptelas
En la opinión de Francisco Rivas Rodríguez, el problema con la seguridad pública es que el Gobierno federal no tiene una estrategia, por lo que “no queda claro si sigue o no sigue la política de los abrazos, si vamos o no vamos a perseguir a los delincuentes, si la justicia depende de la popularidad, o si la justicia depende de lo que se establece en la ley”.
Al no haber una estrategia, explicó el analista, “los resultados que tenemos son desastrosos. Hoy no tenemos claro ni hacia dónde vamos ni cómo vamos a mejorar. La verdad es que yo no encuentro ni un solo acierto en términos de resultados. […] Hoy no ha cambiado nada. Seguimos haciendo exactamente lo mismo: tenemos una Guardia Nacional que se compone de los expolicías federales, muy mermada respecto a lo que era, de Ejército y Marina que siguen trabajando como trabajaban con Calderón y con Peña. Están haciendo exactamente lo mismo porque hoy nadie les ha dicho cómo deberían de actuar de manera diferente”.
A la par que hace falta una estrategia, dijo Rivas, hace falta ver de dónde van a salir los recursos suficientes para ejecutar el plan, “dado que hoy tenemos el peor recorte presupuestal en la historia de nuestro país, tanto en 2019 como en 2020, que ha llevado a la inoperatividad de las instituciones de seguridad y justicia, y por lo que leímos, ya el Secretario de Hacienda salió a decir que el próximo año tampoco habrá recursos. Entonces, sinceramente pienso que las cosas sólo pueden empeorar”.
