Corte Suprema podría rechazar plan de Trump de excluir a indocumentados del censo

Avanza en el máximo tribunal la discusión sobre plan del presidente contra inmigrantes

Desde 2019, grupos de derechos civiles defienden el conteo de inmigrantes indocumentados.

Desde 2019, grupos de derechos civiles defienden el conteo de inmigrantes indocumentados. Crédito: Mark Wilson | Getty Images

Debido a sus cuestionamientos y comentarios, hay un halo de esperanza de que los jueces de la Corte Suprema rechacen la petición del presidente Donald Trump de no contar a indocumentados en el censo.

Este lunes, los miembros del máximo tribunal escucharon los alegatos a favor y en contra, tras una petición de una coalición de defensa liderada por la fiscal de Nueva York, Letitia James, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Hay dos lecturas sobre los comentarios de los jueces: su tendencia a cuestionar la petición del presidente Trump y la posibilidad de no tener que tomar una pronta decisión, ya que el actual gobierno no tendría tiempo de terminar el conteo.

Al interrogar al procurador general interino Jeffrey Wall, el juez Samuel Alito cuestionó como una “tarea monumental” la decisión de excluir a estos inmigrantes y terminar el censo antes del 31 de diciembre.

“Creo que podría decirnos si sigue siendo una posibilidad realista en este momento”, expresó el juez Alito.

Parte de la discusión se centró sobre los indocumentados detenidos por Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ya que la Administración Trump tampoco podría enviar datos confiables sobre esa categoría de inmigrantes.

La jueza Amy Coney Barrett, recientemente designada por el presidente Trump, incluso apuntó que estos extranjeros que residen en los Estados Unidos sin papeles nunca han sido excluidos del conteo.

La petición del presidente Trump a la Oficina del Censo busca que al descartar a estos inmigrantes se tenga “una mejor” distribución en los distritos para el Congreso, mientras que los grupos que rechazan su propuesta consideran que eso provocaría daños severos en la asignación de presupuesto a las comunidades.

La audiencia vía telefónica de este lunes comenzó con la posición de Wall, seguido por la procuradora general de Nueva York, Barbara Underwood, y Dale Ho, director de los derechos de votantes de ACLU.

En una de sus intervenciones, el juez presidente John Roberts cuestionó que decidir sobre esta petición de la Administración Trump podría afectar la redistritación en un momento crucial, por lo que quizá no era necesario apurar la una decisión.

Los jueces plantearon los problemas subsecuentes a una decisión. El juez Brett Kavanaugh, por ejemplo, señaló que si el Gobierno finalmente optaba por no excluir a todos los inmigrantes indocumentados, sino solo a un subconjunto de ellos, surgirían nuevos desafíos legales que volverían a llegar a la Corte Suprema por una resuesta.

Los argumentos de este lunes ocurren a pocos días de que un tribunal inferior en Washington, D.C, desestimó una de las múltiples demandas por el memorando del presidente Trump emitido el 21 de julio pasado.

Tribunales de Nueva York, California y Maryland declararon anteriormente que ese memorando viola una ley federal que requiere que el presidente informe al Congreso el número de escaños de cada estado en la Cámara de Representantes según el “número total de personas” en cada estado, es decir, sin importar su estatus migratorio.

El presidente Trump tuvo un primer éxito en la Corte Suprema cuando se le permitió concluir el conteo dos semanas antes en octubre, a fin de que la Oficina del Censo entregara la información procesada máximo el 31 de diciembre.

Sin embargo, esa dependencia pidió una ampliación al 26 de enero, lo que sería una semana después de que termine el mandato del presidente Trump.

En una conferencia de prensa posterior a la audiencia, la fiscal James felicitó la defensa de Inderwood y de Ho en la Corte Suprema.

“La Constitución de los Estados Unidos es clara sobre que todas las personas que residen en los Estados Unidos deben ser contadas, sin importar su estatus legal”, indicó.

Acusó a la Administración Trump de “politizar el censo”, además “de perseguir a los inmigrantes indocumentados”.

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