Miles de muertes por COVID en asilos de ancianos de Nueva York no se contaron

Informe de la fiscal general del estado establece los fallecimientos podría ascender hasta un 50% más de la cifra entregadas por las autoridades de salud del estado

Miles de muertes por COVID en asilos de ancianos de Nueva York no se contaron
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York, sitúa las muertes por COVID-19 en casi 35.000, ya que solo toma en cuenta los casos confirmados.
Foto: JUSTIN LANE / EFE

Las cifras de muertes en los hogares de ancianos podrían ser en realidad hasta un 50% más de las que ha entregado como oficiales el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, según reveló este jueves un informe de la fiscal general Letitia James.

El informe es el resultado de las investigaciones de las denuncias de negligencia contra los pacientes de los asilos de ancianos durante la pandemia de COVID-19. Desde marzo, la fiscal general dispuso una pesquisa en los hogares de ancianos en todo el estado para determinar tales conductas y si se cumplían los protocolos de bioseguridad con los residentes y empleados.

El principal hallazgo apunta a que un número mayor de residentes de los ancianatos murieron por COVID-19 que los 8.500 los fallecimientos que reflejaban los datos publicados por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (DOH).

A través del estado hay unos 619 hogares de ancianos, 401 de estas instalaciones son entidades con fines de lucro, de propiedad y operación privada. De las 401 instalaciones con fines de lucro, más de dos tercios, es decir 280 hogares de ancianos tienen las calificaciones de personal de Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) más bajas posibles. La calificación de dotación de personal refleja la cantidad de horas de personal en el departamento de enfermería de un centro en relación con la cantidad de residentes.

Al 16 de noviembre, 3.487 muertes de residentes de COVID-19 (más de la mitad de todas las muertes) ocurrieron en estas 280 instalaciones.

No obstante, el estudio precisa que el número total de fallecimientos en Nueva York no aumenta, pues considera que esas muertes sí constan en la cifra general, a pesar de no haberse atribuido a las residencias de ancianos.

Se incumplieron protocolos

La investigación además denuncia que el incumplimiento de los protocolos de control de infecciones en los asilos de ancianos aumentó el riesgo de daños a los residentes, y las instalaciones que tenían calificaciones más bajas de personal prepandémico tenían tasas de mortalidad por COVID-19 más altas.

“Si bien no podemos recuperar a las personas que perdimos por esta crisis, este informe busca ofrecer la transparencia que el público merece y estimular una mayor acción para proteger a nuestros residentes más vulnerables”, dijo la procuradora general, durante la presentación del informe.

James agregó que los residentes y trabajadores de los asilos de ancianos merecen vivir y trabajar en entornos seguros, y en consecuencia, continuará trabajando duro para salvaguardar este derecho básico durante este tiempo de difícil.

La fiscal general sostuvo que hay en curso investigaciones en más de 20 hogares de ancianos cuya conducta reportada durante la primera ola de la pandemia representó una preocupación adicional a la crisis de salud.

Críticas a orden de Cuomo

Cuando arreció la pandemia y se conoció de muertes masivas en los ancianatos, las críticas responsabilizaron al gobernador de Nueva York Andrew Cuomo. Una de las medidas dadas por el gobernador en marzo por ejemplo fue la Orden Ejecutiva de que los hogares de ancianos podían permitir el acceso de pacientes con COVID, lo cual fue señalada como la causa de la ola de contagios en estos establecimientos.

La referida orden del gobierno estatal, concluye el informe, puso en mayor riesgo a los residentes de sufrir daños en algunas instalaciones y puede haber ocultado los datos disponibles para evaluar ese riesgo.

Aunque la fiscalía general comenzó a investigar a principios de marzo las denuncias de negligencia relacionadas con el COVID-19, el 23 de abril estableció una línea directa para recibir quejas de los miembros de familia a quienes se les prohibió las visitas en persona a los asilos de ancianos.

En ese proceso la fiscalía general recibió más de 770 quejas en la línea directa hasta el 3 de agosto, y 179 quejas adicionales hasta el 16 de noviembre. Posteriormente continuó recibiendo denuncias de negligencia de los residentes en los asilos relacionadas con COVID-19 a través de sistemas de informes preexistentes.

Puntos clave del informe

El estudio precisa de forma contundente la serie de fallas en que incurrieron los hogares de ancianos para responder a la crisis desatada por el coronavirus y a la vez ofrece una serie de recomendaciones

  • Un número mayor de residentes de hogares de ancianos murió por COVID-19 de lo que reflejan los datos del DOH;
  • El incumplimiento de los protocolos de control de infecciones aumenta el riesgo de que los residentes sufran daños;
  • Los hogares de ancianos que calificaron para operar durante la pandemia con calificaciones bajas de personal de los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) tuvieron tasas de mortalidad por COVID-19 más altas;
  • El insuficiente equipo de protección personal (EPP) para el personal del asilo de ancianos aumentó el riesgo de daño para los residentes;
  • Las insuficientes pruebas de COVID-19 para los residentes y el personal en las primeras etapas de la pandemia pusieron a los residentes en mayor riesgo de sufrir daños;
  • El modelo de reembolso estatal actual para hogares de ancianos brinda un incentivo financiero que llevó a aumentar sus propias ganancias a los propietarios de hogares de ancianos en lugar de invertir en niveles más altos de personal y PPE;
  • La falta de cumplimiento de la orden ejecutiva que requería que los hogares de ancianos den acceso a la comunicación con los miembros de la familia causó dolor y angustia que se pudieron evitar; y
  • La guía del gobierno que requiere la admisión de pacientes con COVID-19 en hogares de ancianos puede haber puesto a los residentes en mayor riesgo de sufrir daños en algunas instalaciones y puede haber ocultado los datos disponibles para evaluar ese riesgo.