El reto de Biden para resolver el desorden en cortes migratorias que dejó Trump

Los retrasos en los tribunales afectan a más de un millón de personas cuyos casos quedaron en el limbo

Un cambio en las políticas de deportación ayudaría a despresurizar los tribunales migratorios.
Un cambio en las políticas de deportación ayudaría a despresurizar los tribunales migratorios.
Foto: Spencer Platt / Getty Images

En su plan migratorio, el presidente Joe Biden pretende contratar a más jueces para atender el rezago en tribunales, el cual se triplicó durante el gobierno de Donald Trump, alcanzando casi 1.3 millones de casos pendientes.

Sin embargo, el plan del demócrata no es necesariamente el mejor, según el Dr. Austin Kocher, investigador del Transactional Research Access Clearinghouse (TRAC) en la Universidad de Syracuse, un instituto que realiza reportes bajo la Ley de Libertad de Información para estudiar el gobierno federal.

El experto dijo en entrevista que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debe cambiar sus prioridades de deportación, lo cual despresurizará a las cortes.

“No necesitan más jueces, quizá tengan suficientes jueces… no es sobre el número de jueces, sino la decisión del DHS en su plan de deportación”, indicó. “Durante la Administración Trump intentaron deportar a cualquier persona, mientras no cambie esa perspectiva no habrá jueces suficientes”.

La entrevista ocurre tras el reporte de TRAC, “Los tiempos de finalización de casos en las cortes migratorias aumentan a medida que se prolongan las demoras”, sobre los retrasos en tribunales que están afectando a miles de inmigrantes cuyos casos quedan en el limbo, sin posibilidad de ninguna protección migratoria y, por ende, sin esperanza de conseguir un trabajo en forma legal.

“Los casos nuevos continúan superando drásticamente la finalización de casos”, indica el reporte. “A la carga de trabajo de la corte se suman no sólo las nuevas carpetas, sino los casos previamente cerrados que han sido reabiertos, reenviados para reconsideración o colocados nuevamente en el expediente de la corte”.

Se apunta que en octubre y noviembre de 2020, los tribunales de inmigración recibieron 29,758 nuevos casos y aunque son menos solicitudes de lo habitual, representaron casi el doble de los 15,990 casos que lograron una decisión de un juez

El atraso activo de la corte a fines de noviembre de 2020 alcanzó casi 1.3 millones, un incremento de 18,821 casos en solo dos meses.

Otro problema detectado es que los casos de asilo y deportaciones cerrados tardaron más en llegar a ese punto, ya que tenían un promedio de solución de 460 días, pero en los primeros dos meses del año fiscal 2021 ese periodo se disparó a 755 días o 64 por ciento más.

Los tribunales que más casos cerraron hasta el momento son Baltimore con 995, pero con un promedio de 1,282 días para lograrlo.

Le siguen San Francisco con 890 casos, Miami con 774 casos, y Los Ángeles con 740 casos cerrados, pero que tomaron un promedio de 1,054 días.

El problema, consideró el experto, fue intensificado por la Administración Trump, como parte de su estrategia política.

“La Administración Trump reabrió un buen número de casos, para volverlos al sistema de las cortes, porque decidió que quería perseguir a esas personas, incluso si los casos habían sido cerrados temporalmente”, criticó. “Fue una administración extremadamente agresiva que terminó por socavar la labor de las cortes… políticamente estimuladas”.

Los principales problemas

El Dr. Kocher, experto en detenciones migratorias, deportaciones y sistema de cortes, enlistó al menos tres problemas que enfrentan actualmente los jueces.

“Hay varios problemas, los jueces migratorios están sobrecargados por el número de casos que tienen. Hay casos que son un reto, que pueden ser realmente complicados, pueden incluir asilo u otros problemas”, apuntó. “(Aumentó) casi el triple de casos durante la Administración Trump, incluso cuando se prometió resolver algunos de los problemas”.

Al no ser tribunales propiamente, las cortes migratorias –que dependen del Departamento de Justicia (DOJ)– no deciden qué casos deberán evaluar, sino que depende del trabajo asignado por el DHS.

“El segundo problema con las cortes migratorias, no es necesariamente en esos tribunales, porque los jueces no deciden directamente qué casos van atender, eso depende del Departamento de Seguridad Nacional, principalmente la oficina de Inmigración y control de Aduanas”, indicó. “Desafortunadamente ha utilizado gran parte de sus recursos tratando de deportar, no solamente criminales, sino a cualquier persona, incluso aquellas que han estado por muchos años en el país sin récord criminal”.

Insistió en que la mayor parte de esos casos agregan presión a los jueces y un cambio de política en general podría reducir el problema.

El otro, agregó el Dr. Kocher, depende sobre la calidad de la impartición de justicia, ya que los inmigrantes no siempre tienen derecho o el tiempo suficiente para construir su defensa legal, incluso para conseguir un abogado.

“El tercer problema tiene que ver con la calidad en el proceso bajo nuestro sistema legal, desafortunadamente los inmigrantes que enfrentan deportación bajo nuestro sistema de inmigración enfrentan varias barreras… volviendo muy difícil para que los casos procedan”, lamentó el experto. “Incluso cuando hay buenos jueces que intentan ser justos y mantener un balance, durante el proceso, los jueces en sí mismos están restringidos, no tienen la libertad como jueces federales, porque están controlados por el Departamento de Justicia”.

Cierre administrativo

Los jueces tienen el poder de cerrar y abrir casos administrativamente, lo que les permite atender expedientes complicados. Esa decisión también es benéfica para los inmigrantes, porque significa que no habrá una orden de deportación inmediata, ya que no representan un peligro para el país.

“El cierre administrativo de casos es una herramienta importante para ellos. Creo que es bueno”, dijo el Dr. Kocher en referencia a la decisión del juez Richard Leon, de la Corte de Distrito de Washington, D.C., que decidió a favor de defensores de inmigrantes para devolver ese poder a los jueces. La decisión, sin embargo, no es final.

El investigador explicó que todos los casos en tribunales en realidad abordan procesos de deportación, incluso si se evalúa una petición de asilo, porque el resultado negativo deriva en la expulsión de una persona.

“Todos pueden ser clasificados como problemas de deportación”, indicó. “Trabajan estos casos como deportación, incluso los casos de asilo pueden ser considerados de remoción”.