Reforma migratoria podría avanzar en el Congreso sin apoyo de republicanos

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, revisa la aplicación de la regla de Reconciliación, lo que implicaría una decisión con menos de 60 votos

Chuck Schumer se reunió con congresistas del Caucus Hispano.

Chuck Schumer se reunió con congresistas del Caucus Hispano. Crédito: Alex Wong | Getty Images

Durante su mensaje ante el Congreso, el presidente Joe Biden pidió que se aprobara la reforma migratoria o “al menos” se permitiera otorgar la ciudadanía a los “dreamers” y a quienes han sido trabajadores esenciales durante la pandemia de COVID-19.

Grupos de activistas han exigido anteriormente la aprobación bajo la regla de Reconciliación de la HR 1909 (en la Cámara de Representantes) o S. 747 (en el Senado), la Ley de Ciudadanía para Trabajadores Esenciales.

Ahora, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), está explorando si es posible aprobar alguna ley que otorgue ciudadanía a indocumentados sin necesidad de 60 votos, que obligaría a obtener el respaldo de al menos 10 republicanos.

“Él y los demócratas del Senado están explorando activamente qué es posible hacer en materia de inmigración a través de la (regla de) Reconciliación”, reportó The Hill con información de una fuente familiarizada con una reunión con el Caucus Hispano.

La decisión no depende de los demócratas, sino de la oficina parlamentaria, que deberá evaluar si una reforma de ese tipo es viable bajo la regla especial que no exija mayoría calificada.

Uno de los argumentos de los demócratas es que en 2005 el Congreso aprobó una legislación en el marco del proceso presupestario que incluyó cambios sobre visas H-1B.

Los comentarios de Schumer a los congresistas hispanos ocurrieron en febrero y fueron informados por The New York Times este martes, luego de una reunión de senadores que incluyó a Dick Durbin (Illinois), el segundo demócrata de mayor rango en el Senado.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), ha expresado su apertura a que haya modificaciones migratorias bajo esa regla, lo cual permitiría avanzar contra el obstruccionismo republicano.

“Creemos que podemos argumentar sobre los impactos presupuestarios de la inmigración en nuestro país y vamos a intentar hacerlo”, dijo la presidenta Pelosi en una llamada con los líderes de las islas del Pacífico asiático-estadounidenses la última semana de marzo.

Durbin también se ha pronunciado al respecto y considera una posibilidad el plan, pero preferiría que fuera bajo un acuerdo bipartidista.

“Se ha considerado una alternativa (de la Reconciliación)”, dijo a Punchbowl News. “Espero que podamos demostrar que podemos hacerlo bajo el orden regular de los negocios de manera bipartidista. Ese es mi objetivo”.

Los demócratas, sin embargo, podrían enfrentar problemas, luego de que el parlamentario indicara que el incremento salarial a $15 dólares la hora no era viable para discutir bajo la regla de Reconciliación, pues no era un asunto netamente presupuestario.

Activistas han presionado para que el presidente Biden se pronuncie sobre los beneficios económicos de los inmigrantes al país, lo que abonaría a la discusión en cuanto al impacto presupuestal.

Organizaciones también continúan presionando a los legisladores demócratas, lo cual hacen a través de una movilización nacional, que incluyó una manifestación en Washington, D.C., el 1 de mayo.

“Estamos listos para que los líderes de la Casa Blanca y el Congreso tomen una acción audaz y decisiva al incluir un camino hacia la ciudadanía para trabajadores esenciales, trabajadores agrícolas, beneficiarios de DACA y TPS, y otros en el próximo paquete legislativo de infraestructura, a través de la Reconciliación si es necesario”, pide la National Partnership for New Americans. “Debemos asegurarnos de que un camino hacia la ciudadanía plena para los 11 millones (de indocumentados) se combine con medidas de integración para garantizar la perspectiva cívica, social, cultural y económica completa para los nuevos estadounidenses”.

Sin embargo, el proyecto de Ley de Trabajadores Esenciales no contempla a 11 millones de indocumentados, sino a alrededor de cinco millones, varios identificables por estar bajo programas que impiden su deportación o son parte de la fuerza laboral agrícola.

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