Urgen en el Senado aprobar ley que daría ciudadanía a cinco millones de indocumentados

Expertos, activistas e inmigrantes exponen la importancia de votar la Ley de Trabajadores Esenciales; los republicanos se oponen al proyecto, a pesar de respaldo de grupos empresariales

Miles de trabajadores de primera línea contra COVID-19 son inmigrantes.
Miles de trabajadores de primera línea contra COVID-19 son inmigrantes.
Foto: Spencer Platt/ / Getty Images

Inmigrantes, expertos y grupos de activistas defendieron ante el Subcomité de Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza del Senado el proyecto de Ley de Trabajadores Esenciales, la cual otorgaría la naturalización a unos cinco millones de personas, incluidos ‘dreamers’ y beneficiarios de TPS.

El panel, presidido por el demócrata Alex Padilla (California), destacó la labor de los inmigrantes que han contribuido a los Estados Unidos en distintos sectores durante la pandemia de COVID-19.

La enfermera Rose Tilus, originaria de Haití y portadora de TPS, quien vive en Pawtucket, Rhode Island, habló del temor que viven los inmigrantes con protecciones provisionales, al no poder aplicar por un beneficio permanente, un sentimiento que se intensificó con la incertidumbre por la pandemia.

“Despues de 10 años de vivir en los EE.UU. sin certeza tuve la posibilidad de obtener un permiso laboral que me permitió estudiar; aproveché las oportunidades en enfermería… durante esta pandemia he estado en la primera línea”, expresó Tilus. “Otros beneficiarios de TPS se han unido a mí en la batalla contra COVID-19”.

La inmigrante dijo que se contagió de coronavirus, pero pronto se recuperó y volvió al trabajo.

Un reporte al inicio de la pandemia del Center for American Progress (CAP) reveló que 202,500 receptores del programa de los Llegados en la Infancia (DACA) y 131,300 extranjeros adscritos al Estatus de Protección Temporal (TPS) de El Salvador, Haití y Honduras eran trabajadores esenciales de primera línea, como el caso de Tilus.

El senador Padilla, quien ocupó la posición dejada por la vicepresidenta Kamala Harris, destacó el proyecto S. 747 o Ley de Ciudadanía para Trabajadores Esenciales, que en la Cámara de Representantes también se introdujo como la HR 1909.

El plan es impulsado por los representantes Joaquin Castro (Texas) y Ted Lieu (California) y la senadora Elizabeth Warren (Massachusetts), aunque respaldado por al menos otros 18 congresistas.

Padilla es el primer latino en presidir el Subcomité en el Senado.

“Hoy presidiré la primera audiencia del Subcomité de Inmigración… el primer senador latino en hacerlo”, escribió en Twitter previo al evento. “Vamos a discutir el rol esencial de los trabajadores inmigrantes y necesitamos agradecerles con un camino a la ciudadanía que merecen”.

Padilla, cuyos padres son migrantes, consideró como una deuda para los trabajadores esenciales aprobar una reforma migratoria, lo cual además beneficiaría económicamente al país.

Rechazo republicano

El senador republicano John Cornyn (Texas), responsable de obtener los votos de su bancada, consideró que el Congreso “no ha hecho su trabajo” en cuanto a una reforma migratoria, pero consideró que la ley en debate no es viable, sobre todo porque no aborda el tema de seguridad en la frontera.

Su colega de bancada Ted Cruz (Texas), quien no estuvo durante toda la audiencia, criticó el proyecto de ley.

“Es una ley peligrosa, radical… inmoral”, expresó y acusó a los demócratas de querer una política de fronteras abiertas para alentar la migración irregular, además de que la aprobación del proyecto afectaría a trabajadores estadounidenses. “Es el opuesto a la compasión, es lo opuesto a humanidad”. Apeló a que se aplique la ley contra indocumentados.

Tras la intervención de Cruz, el senador Padilla preguntó al Dr. Tom K. Wong, profesor asociado de Ciencias Políticas y fundador y director del Centro de Políticas de Inmigración (USIPC) de la Universidad de California en San Diego, si había reportes de que proporcionar la ciudadanía a indocumentados afectaría a trabajadores estadounidenses.

“Aprobar una ciudadanía para indocumentados no generará una migración masiva”, dijo Wong, quien recordó una reforma en 1986 no incrementó este tipo de inmigración. “De hecho la migración hacia los Estados Unidos se redujo”. También citó un intento de reforma migratoria en 2006 que no alentó el viaje de personas sin papeles a EE.UU.

En la audiencia también participaron Bruce Goldstein, presidente de Justicia de los Trabajadores Agrícolas; el Dr. Douglas Holtz-Eakin, presidente del Foro de Acción Estadounidense, y Ronald Vitiello, exjefe de la Patrulla Fronteriza y de la oficina de Inmigración y Control Aduanas (ICE).

Respaldo y presión

El proyecto tiene una larga ruta por delante, pero el presidente Joe Biden ha expresado su respaldo a un plan que “al menos” otorgue la ciudadanía a “dreamers”, portadores de TPS y a los trabajadores agrícolas.

El movimiento We Are Home (Estamos en casa), que promueve un camino a la ciudadanía de inmigrantes indocumentados, destacó los esfuerzos de congresistas demócratas, incluida la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California), el presidente de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York), el senador Bob Menéndez (Nueva Jersey), así como al senador Padilla.

Los activistas consideraron que los próximos 100 días son “críticos” para aprobar la reforma, que sería la más completa desde 1986.

“Con el apoyo de la mayoría del público estadounidense y el poder colectivo de nuestro movimiento, trabajaremos con los demócratas para asegurarnos de legalizar a la mayor cantidad de personas posible después de décadas de inacción“, indicó el grupo integrado por varias organizaciones. “A diferencia de lo que los republicanos pueden hacerles creer, el momento es ahora”.

Destacaron que los beneficios para inmigrantes tienen varias rutas desde el Congreso, en referencia a las distintas leyes que se han propuesto en los últimos meses, incluida la Ley de Ciudadanía 2021 del presidente Biden; la Ley de Sueño y Promesa y la Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola, estas últimas ya aprobadas en la Cámara de Representantes.