Puerto Rico, finanzas y estatus político

Después de cinco años de regateos, debates y protestas, la jueza principal Laura Taylor Swain del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York finalmente aprobó un acuerdo de reestructuración de deuda para Puerto Rico en enero.

La Junta Fiscal (FOMB) redujo las obligaciones totales del gobierno de Puerto Rico de $33 billiones millones a $7.4 billones, según el NY Times.

“Hoy, Puerto Rico puede comenzar a pasar de la inestabilidad fiscal y la insolvencia a un futuro de oportunidades y crecimiento”, dijo la Junta en un comunicado oficial

Pero esto todavía deja la causa raíz de muchos de los problemas fiscales y de recuperación de desastres de la Isla sin resolvado. Como territorio, los 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico están sujetos a los poderes plenarios del Congreso, pero no pueden votar por el presidente y no están representados en la Cámara o el Senado de los E.U.

“Es obvio que el estatus político subordinado de Puerto Rico, algunos dirían colonial, ha sido un obstáculo para el proceso de recuperación”, dijo Sergio Marxuach, del Centro para una Nueva Economía no partidista en San Juan.

Este estatus de privación de derechos permitió al Congreso aprobar una legislación que crea un control fiscal para supervisar las finanzas del gobierno. También permite que el gobierno federal discrimine a Puerto Rico cuando asigna fondos para Medicare, Medicaid y Asistencia Nutricional.

Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la FOMB, dijo que los puertorriqueños están justificados de sentirse resentidos por la imposición de una junta de control.

“El Congreso no podría haber impuesto una junta de supervisión a un estado”, escribió Jaresko en The Wall Street Journal.

Hay desacuerdo sobre cuál debe ser el estatus permanente de la relación de la Isla.   Pero los residentes de la isla han expresado algunas preferencias durante las consultas de estado patrocinadas localmente en 2012, 2017 y 2020.

En 2012, se les preguntó si deseaban seguir viviendo bajo la forma actual de estatus territorial.  El 54% dijo que no.  En 2020, el 53% de los residentes de la isla eligieron la opción de la estadidad confirmando votos similares en 2012 y 2017.

“Es poco probable que el Congreso intervenga para tomar una determinación sobre el estatus hasta que PR vuelva a poner en orden su casa financiera”, dijo Jaresko. “Y la carga de la deuda fue uno de los mayores obstáculos; ese obstáculo ahora se ha eliminado”.

En los últimos años, algunos miembros del Congreso se han resistido a resolver el estatus de Puerto Rico hasta que se liquidó la deuda cuestionada.   Ahora que el juez Swain ha aprobado el acuerdo de reestructuración, se ha eliminado el último obstáculo para resolver permanentemente la cuestión del estatuto.

Gene Roman es un periodista ubicado en El Bronx.