150 organizaciones reavivan la lucha para que se eliminen las largas sentencias en cárceles de Nueva York

Con la apertura de las sesiones legislativas de este año en Nueva York arranca nuevamente un delicado debate sobre nuevas reformas del sistema de justicia penal: El objetivo de un bloque de legisladores y activistas es que se aprueben cambios técnicos para eliminar las largas sentencias, las cadenas perpetuas y surjan mayores oportunidades de rehabilitación para las personas encarceladas.

Este martes, una coalición de más de 150 grupos de defensa, unieron fuerzas en una manifestación en la sede la legislatura estatal en Albany para lanzar la campaña “Comunidades, no jaulas”.

Este impulso se produce cuando el tiempo de duración de las sentencias de privativa de libertad en Nueva York, se han duplicado en las últimas tres décadas. Eso quiere decir que históricamente las personas que han sido juzgados firmemente por delitos graves, desde la década de los 90, suelen permanecer más tiempo tras las rejas.

Este movimiento coincide con otros fuertes debates sobre los encarcelamientos masivos, la reforma de la ley de fianzas y otras iniciativas legales para que los ancianos tras las rejas puedan tener acceso a beneficios de libertad condicional.

“Está probado que mientras más tiempo una persona permanece en prisión, sus posibilidades de rehabilitarse son totalmente destruidas. Es tiempo que Nueva York dé un paso adelante para modernizar un sistema penal racista, roto e injusto. No extraña que el 75% de los convictos sean personas hispanas y de color”, indicó Patrick Stephen, portavoz del Centro de Alternativas Comunitarias.

En general, el sistema de justicia penal en Nueva York se basa en las leyes de drogas de Rockefeller aprobada en la década de 1970 y la Ley contra el Crimen de 1994.

No más sentencias mínimas

En específico, esta nueva campaña pide la aprobación de tres anteproyectos de ley que fueron introducidos el año pasado en la Asamblea Estatal, que llevaría en primer término a eliminar una ley de sentencias mínimas obligatorias tras las rejas.

Debido a los esquemas vigentes, los defensores consideran que los fiscales pueden amenazar con acusar a una persona de una dura sentencia en prisión, lo que intimida al acusado para que se declare culpable, a cambio de una sentencia reducida.

El criterio de los activistas es que este esquema es un impulsor del encarcelamiento masivo y otorgan un poder alarmante a los fiscales para forzar acuerdos de culpabilidad.

“Como resultado, el 96% de las condenas por delitos graves y el 99% de las condenas por delitos menores en el estado de Nueva York, son el resultado de declaraciones de culpabilidad, no de un juicio”, razonan expertos legales de la coalición “Comunidades, no Jaulas”.

Una oportunidad de revisión

De acuerdo con los balances, durante los últimos 50 años, las leyes de Nueva York producen sentencias muy severas. Sin oportunidad para que los jueces reconsideren casos de manera individual.

Las largas penas de prisión que incluso duran décadas, se convirtieron en una norma en Nueva York desde los años 70, cuando se impusó la idea de “mano dura” contra el crimen.

Como consecuencia de este esquema en la administración de la justicia penal, cada año cerca de 1,000 personas son sentenciadas a 10 o más años de prisión. 

Ante este panorama, la propuesta de ley conocida como ‘Segunda Mirada’, que se encuentra ya en el comité de la Asamblea Estatal, genera posibilidades para quienes están cumpliendo largas sentencias, tengan la oportunidad de demostrarle a un juez, que han cambiado después de años o décadas en prisión.

También abre la puerta para revisar sentencias de manera individual ante el cambio de leyes y normas.

Tal es el caso, del hoy activista Marcel Smith, quien compartió un testimonio demoledor: “Cuando tenía 17 años, me sentenciaron a 25 años de prisión. Si hubiese estado vigente esta ley, habría sido elegible para una nueva audiencia. No tomó 25 años para darme cuenta de que cometí un error. No tomó 25 años para rehabilitarme”

Este proyecto de ley, normaría que las personas encarceladas, soliciten una audiencia para una revisión de su pena, después de haber cumplido 10 años o la mitad de su sentencia, si es más de una década.

Si una persona no es elegible de otra manera, un fiscal puede dar su consentimiento para su solicitud de revisión. Según la iniciativa, los casos serán escuchados por un juez diferente al que dictó la sentencia inicial.

Un estudio en Texas compartido por la coalición “Comunidades, no jaulas” encontró que cada año adicional que una persona pasa tiempo tras las rejas, hace que sea entre un 4% y un 7% más probable, que reincida dentro de los tres meses posteriores a su liberación.

Asimismo, un análisis del Centro Brennan publicado en 2022, encontró que las leyes de sentencia de Nueva York son “excesivamente punitivas y complicadas”.

Tiempo de mérito

La otra legislación que un grupo de senadores y asambleístas demócratas pelearán en los próximos meses, se conoce como la ley de ‘Tiempo Ganado’ que garantizaría que personas juzgadas paguen sentencias más cortas y se puedan lograr más reunificaciones familiares.

El criterio de los defensores de esta iniciativa, es que existen claras evidencias que las sentencias de prisión más largas, aumentan la posibilidad que los excarcelados cometan otros delitos.

Con base en los balances de la nueva coalición, durante la década de 1990 el estado de Nueva York recortó ciertos programas para personas encarceladas, limitando drásticamente el tiempo que las personas podían ganar tiempo de libertad con recorte de sentencias por buena conducta.

Esto incluyó por ejemplo, la eliminación de la ayuda financiera para estudiantes universitarios encarcelados. También se restringió el acceso a programas como “tiempo de mérito” basado en el tipo de condena, eliminando oportunidades para programas de rehabilitación.

Los defensores remarcan que Nueva York, está detrás de otros estados tradicionalmente conservadores como Alabama, Nebraska y Oklahoma en las normas que permiten que las personas encarceladas ganen el recorte del tiempo de sus sentencias. 

Acelerador a estas reformas

En este sentido, la senadora Jessica Ramos, de origen colombiano que representa a Jackson Heights en Queens, aseveró que un grupo de legisladores está listo para poner el acelerador a estas reformas.

“La gente necesita servicios y oportunidades. No más tiempo en prisión. Tenemos una oportunidad única de cambiar con estas leyes la vida de muchas familias. Estamos cansados de ver a miles de niños alejados de sus padres. Estamos listos para votar por estas leyes”, reiteró Ramos.

El llamado de la senadora estatal se sustenta además en el hecho que actualmente en Nueva York más de 105,000 niños tienen un padre cumpliendo condena en una prisión. De acuerdo con varios análisis este esquema aumenta la probabilidad de que un niño sea encarcelado en el futuro.

Por su parte, la asambleísta Anna Kelles patrocinadora de la ley “Tiempo Ganado” llamó a empoderar el sistema judicial para ver los méritos individuales de cada caso y poner fin al encarcelamiento masivo.

“La Ley de Eliminación de Mínimos Obligatorios, la Ley de Segunda Vista y la Ley de Tiempo Ganado son reinversiones en comunidades que brindan un camino justo y equitativo, hacia la posibilidad de la libertad condicional, centrándose en el objetivo de la rehabilitación de nuestra población encarcelada”, sostuvo.

En un comunicado, los portavoces de esta campaña remarcaron además que el encarcelamiento masivo es muy costoso para los contribuyentes neoyorquinos: Cuesta casi $70,000 por año encarcelar a una persona en una prisión estatal, con un costo anual del sistema penitenciario de $3 mil millones.

“Esperemos que este año se de un paso para eliminar el encarcelamiento masivo que perpetúa el racismo en el sistema de justicia penal, aumenta la reincidencia y cuesta miles de millones a los contribuyentes”, concluyeron.

Más tiempo tras las rejas:

• 526% aumentó el número de personas entre 1994 y 2014 que habían cumplido más de 15 años tras las rejas.
• 30,000 personas están encarceladas en las prisiones de Nueva York. Casi el 75% son negros y latinos.
• 9,000 neoyorquinos están pagando cadena perpetua, significando la tercera población sometida a este castigo de cárcel de por vida, más grande de todo el país.
• 98% de las condenas vienen a través de declaraciones de culpabilidad, no de juicio. 
• 20% de las personas encarceladas tienen una condición de salud mental diagnosticada. 
• 44% lucha con una condición de salud crónica debido a las condiciones de vida inhumanas.
• 8,000 personas mayores de 50 años en las prisiones de Nueva York