Editorial: Hay que aprobar la ley que frena las tarifas escondidas

Esta semana el presidente Joe Biden dio en el clavo durante su discurso del estado de Unión al abordar un asunto que atañe al consumidor estadounidense: el pago de tarifas escondidas en una serie de transacciones que a la larga aumentan los costos en detrimento del bolsillo de los usuarios.

“Nadie debería tener que pagar $50 dólares adicionales para sentarse junto a su hijo en el avión, o pagar una ‘tarifa de resort’ sorpresa por una estadía en un hotel, o pagar $200 dólares para cancelar su plan de cable o pagar tarifas de servicio abultadas para comprar boletos para conciertos”, dijo el mandatario en su informe a la nación el martes pasado.

Y tiene toda la razón. Quizá a los adinerados esto no les haga mella, pero para el trabajador promedio que quiere disfrutar de un espectáculo, un evento deportivo, o que se pasa todo el año ahorrando para poder organizar unas vacaciones con su familia, cada dólar cuenta.

El consumidor debería poder cambiar su plan de Internet, cable o telefonía celular sin la multa por terminación anticipada que cobran algunas compañías.

Por eso apoyamos el proyecto de ley ‘Junk Fee Prevention Act’ (Ley de prevención de tarifas escondidas) que hasta el momento yace en los escritorios de los congresistas.

El Congreso tiene la oportunidad de evitar que los hoteles, las aerolíneas, las compañías de cable e Internet y los vendedores de boletos en Internet estafen a los estadounidenses. Sí, porque estos recargos escondidos no son otra cosa que tarifas engañosas. Tal como lo dijo Biden “los consumidores están cansados ​​de que los tomen por tontos”.

Según un informe de la Casa Blanca –presentado en octubre del año pasado– estas tarifas también pueden crear un campo de juego desigual para las empresas, haciendo que las compañías que fijan precios de manera justa y transparente parezcan más caras que sus rivales”.

Ya desde el pasado otoño, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor ha estado vigilando de manera más exhaustiva ciertas tarifas que toman por sorpresa a los clientes.

Por eso, recientemente propuso una nueva regla que prohíbe a los bancos cobrar cargos repentinos por sobregiro en las transacciones de débito y reduce los cargos típicos por pagos atrasados ​​de aproximadamente $30 a $8, ahorrando a los consumidores hasta $9 mil millones al año, según la Casa Blanca.

Pero sin duda, tener una ley que ataque el problema de raíz es la mejor manera de defender de este asalto al bolsillo de los consumidores que de por sí ya bastante tienen con los aumentos de precios.
El Congreso tiene que terminar el trabajo y proteger a los clientes que son víctimas de un sistema predatorio de tarifas.