Ron DeSantis y su postura antiaborto en Florida es una amenaza nacional

El reciente golpe del gobernador Ron DeSantis y sus aliados políticos de restringir aún más el acceso al aborto en nuestro estado es un ataque directo a la libertad de las mujeres y de las personas gestantes y representa un futuro oscuro para todos si llega a la Casa Blanca.

Recientemente, el Senado de la Florida, de mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley que restringe el aborto hasta las 6 semanas, cuando la mayoría de las personas desconocen que están embarazadas. Ahora la votación final queda en manos de la Cámara de Representantes estatal, también de mayoría republicana, para luego ser firmada por el gobernador. Una prohibición casi  total del aborto podría ser nuestra realidad esta misma semana. 

El plan de DeSantis de convertirse en presidente de este país debe ser motivo de preocupación adicional para todas las comunidades vulnerables que históricamente han sido oprimidas. 

Como gobernador de Florida, DeSantis ha demostrado un claro desprecio por la autonomía reproductiva, por la clase obrera, los inmigrantes, la comunidad LGBTQ, los afroamericanos, la libertad de prensa y ha buscado socavar activamente los derechos de toda persona que no esté de acuerdo con sus posturas extremas. 

Si lleva esta mentalidad a nivel nacional, podría tener un impacto devastador no solamente en los derechos reproductivos de las personas en todo Estados Unidos, sino en contra de todos los valores que defendemos como la equidad, la diversidad, la inclusión, los derechos civiles y la justicia social.

Tengamos en cuenta que el gobernador DeSantis ha impulsado una serie de medidas regresivas en su lucha contra el derecho al aborto en Florida a pesar de que el 64% de los floridanos favorece el derecho y acceso al aborto seguro. Este proyecto de ley, SB300, es cruel y discriminatorio, ya que ataca directamente a personas con poder adquisitivo limitado y a sus familias, y viola nuestro derecho a tomar decisiones médicas informadas y autónomas sobre nuestro propio cuerpo.

Además, esta nueva legislación es un retroceso alarmante. Limitar el aborto a tan solo 6 semanas de embarazo es una restricción severa y draconiana que va en contra de los principios de derechos humanos. Significa que muchas personas gestantes se verán obligadas a tomar decisiones apresuradas y en ciertos casos, hasta traumáticas sobre su salud y bienestar en un plazo de tiempo extremadamente limitado. Esto se traduce a que las personas de escasos recursos no podrán costear el gasto de viajar a otros estados para recibir la atención médica que necesitan. 

Esta legislación también afecta excesivamente a las personas de color y a las comunidades latinas que ya enfrentan barreras para acceder a servicios de atención médica de calidad. Limitar el acceso al aborto aún más exacerbará las desigualdades en el acceso a la atención médica y perpetuará la injusticia en nuestro sistema de salud.

Florida es un estado con una población latina significativa en Estados Unidos, y el acceso al aborto es un tema importante en nuestra comunidad. 

Según datos del Guttmacher Institute, una organización de investigación en salud reproductiva, en 2017, aproximadamente el 22% de las personas que obtuvieron un aborto en Florida eran latinas. 

Sin embargo, es importante destacar que las cifras pueden variar año tras año y verse influenciadas por diversos factores, como la disponibilidad de servicios de atención médica y los obstáculos legales o financieros para acceder al aborto.

Es relevante considerar que las personas latinas, al igual que otras comunidades minoritarias, a menudo enfrentan barreras adicionales para acceder a la atención médica, incluyendo el acceso al aborto. Estas barreras pueden incluir la falta de seguro médico, la discriminación basada en la raza o el idioma, la falta de acceso a servicios de atención médica culturalmente sensibles, y la desconfianza en el sistema de atención médica debido a barreras lingüísticas o culturales.

De acuerdo con datos de la Kaiser Family Foundation, en 2019, aproximadamente el 18,5% de los adultos latinos en Florida no tenían seguro médico. Esto significa que más de uno de cada seis adultos latinos en Florida carecían de cobertura médica en ese año.

Pero ampliar el acceso a cobertura médica en nuestras comunidades no es una prioridad para DeSantis. Su prioridad es forzar a las personas a llevar un embarazo no deseado o a convertirse en padres o madres en contra de su voluntad porque piensa que es políticamente conveniente. Por eso, esta ley otorga otros 25 millones a centros anti-aborto que son administrados por personas que no tienen credenciales médicas ni de salud para proveer estos servicios y cuidados vitales. 

No olvidemos que DeSantis ha buscado restricciones adicionales al acceso al aborto anteriormente que lo han convertido prácticamente en un servicio innacesible, como imponer requisitos de consentimiento informado y períodos de espera obligatorios, que solo sirven para retrasar y obstaculizar el proceso de obtener un aborto legal y seguro. 

Estas medidas son intrusivas, innecesarias y conllevan una carga financiera y emocional para las personas que buscan atención médica.

Es fundamental que las personas defensoras de los derechos reproductivos en Florida y en todo el país se unan para oponerse a las restricciones del aborto propuestas por DeSantis y todos los líderes políticos anti-derechos que lo apoyan. 

Debemos asegurarnos que organizaciones como la nuestra, Florida Access Network (https://www.flaccessnetwork.org/donate) y otros fondos de aborto obtengan la financiación necesaria para seguir combatiendo el estigma y la falta de acceso. 

Como activista pro-aborto, estoy comprometida a luchar contra estas medidas regresivas y a asegurar que se protejan y se respeten los derechos reproductivos de todas las personas. 

¡No dejaremos que los derechos de las personas sean pisoteados y continuaremos defendiendo el acceso al aborto seguro y legal en Florida y en todo el país!

Ysabella Osses es miembro de Florida Access Network. Es una líder con experiencia en el campo de la justicia reproductiva desde sus años universitarios y también trabajó como maestra de escuela intermedia durante tres años.