Asesino convicto acusado de matar a mujer en Puerto Rico tras salir bajo palabra por “parapléjico” presentó demandas contra Corrección
En una de las demandas que se encuentra activa, Hermes Ávila Vázquez alega impericia médica y reclama $1.7 millones de dólares al Departamento de Corrección (DCR)
Una de las fotos de fichaje de Hermes Ávila Vázquez. Crédito: Policía de Puerto Rico | Cortesía
Nueva York – Hermes Ávila Vázquez, el asesino condenado a cadena perpetua en Puerto Rico que tras ser liberado bajo palabra por su condición de paraplejia mató a Ivette Joan Meléndez Vega en Manatí, presentó al menos 15 demandas contra el Departamento de Corrección (DCR) y sus proveedores de salud.
El Nuevo Día reportó este viernes que Ávila Vázquez, de 52 años, radicó al menos 15 demandas en las que se representó él mismo.
De los recursos legales que presentó con su manuscrito entre 2018 y 2023, 10 fueron contra Physician HMO, actual proveedor de servicios de salud en el DCR y uno contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Sin embargo, al menos desde el 2016 Ávila Vázquez ya había hecho reclamaciones judiciales contra el DCR.
La información surge del archivo electrónico de casos en la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) que revisó el periódico local. En una de las demandas que permanece activa, Ávila Vázquez alega impericia médica y reclama $1.7 millones de dólares.
En otros litigios, el convicto denunció violación de derechos civiles y en algunos invocó reclamos de mandamus.
El pleito más reciente incoado por el confinado fue en abril de 2023, el mismo mes en que fue liberado de prisión a través de la la Ley 25 que permite a presos con enfermedades terminales egresar de instituciones penales en la isla.
Precisamente, en el 2016, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico le denegó a Ávila Vázquez salir anticipadamente de prisión por la supuesta condición de salud que limita su movilidad.
El documento especifica que, en ese momento, el DCR denegó la solicitud de pase extendido por condición de salud al considerar que su caso no era meritorio.
Ese mismo tribunal, también en el 2016, validó la decisión del DCR de denegarle una silla de ruedas especializada al confinado para que pudiera ponerse de pie.
En otra demanda, en el 2018, contra el departamento, Correctional Health Service y dos doctores, el criminal alegó que se encontraba parapléjico debido a una caída de 30 pies que sufrió trabajando dentro de la cárcel hacía unos 12 o 13 años.
El hombre argumentó que, como resultado de la caída, había sido sometido a más de nueve cirugías, y que esto lo llevó a perder la movilidad del pecho hacia abajo. Añadió que casi perdió la movilidad en el cuello, hombro, brazos, manos y dedos.
En esa instancia, el demandante denunció que las autoridades no habían cumplido con su responsabilidad de proveerle la silla de ruedas motorizada.
La jueza del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, Rosaline Santana, desestimó el pleito tras determinar que el DCR cumplió con los trámites requeridos.
Los $1.7 millones
Los $1.7 millones solicitados por Ávila Vázquez fueron a través de una demanda por daños y perjuicios debido a alegada impericia médica y fue radicada en el 2022. En dicho recurso, el recluso incluyó a tres doctores, dos enfermeros y un supervisor del dormitorio médico.
El hombre argumentó que, para la fecha, tenía 18 operaciones y que un enfermero mezcló tres medicamentos en una jeringuilla sin decirle nada y se la inyectó. Esto supuestamente le causó un paro respiratorio y tuvo que ser entubado en un hospital de Bayamón.
Una orden del juez del tribual de Bayamón, Jaime Fúster Zalduondo, emitida el 20 de abril pasado, le concedió 20 días a Ávila Vázquez para contestar las mociones o tomaría una decisión sin contar con los alegatos del demandante.
La última demanda fue presentada en el 2023
En la última demanda, con fecha del 13 de enero de 2023, pero que se reflejó en el expediente el 20 de abril del referido año, Ávila Vázquez denunció la intención del DCR de trasladarlo del Centro Médico Correccional en Bayamón a la cárcel Las Cucharas, en Ponce.
Según el recluso, entre el 2011 y el 2021 perdió 166 citas médicas, pero logró retomar su tratamiento cuando fue ubicado en el Centro Médico Correccional.
Además alegó que su salud hubiera estado en peligro si se le trasladaba a la cárcel en Ponce, ya que no cuenta con un vehículo de impedido.
La sentencia de la jueza Dalisa Fraticelli en la que se desestimó la demanda establece que, debido a que Ávila Vázquez fue excarcelado bajo la Ley 25 por su condición de salud, el caso se volvió académico.
Ávila Vázquez caminó escoltado por la Policía
Tras su arresto por el asesinato de Meléndez Vega y mientras era escoltado por agentes en Arecibo, a Ávila Vázquez se le ve caminando, aunque en momentos parece estar cojeando.
El acusado fue sentenciado en el 2005 a 122 años de cárcel después de declararse culpable de asesinar en Caguas a Celia López García, una terapista de 28 años y madre de dos hijos. El hombre fue liberado el año pasado bajo la Ley 25-1992, conocida como la “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras Enfermedades en su Etapa Terminal que están confinados”.
Según la Policía de Puerto Rico, Meléndez Vega, de 56 años y residente de Vega Baja, tenía una herida abierta en el cuello y en la cabeza que le provocaron la muerte en el acto.
La víctima fue encontrada semidesnuda en la carretera PR-686, cerca de la playa Los Tubos en Manatí, el pasado domingo, a eso de las 4:29 a.m.
Los restos de Meléndez Vega fueron enterrados este viernes en el cementerio Mausoleo Ojo de Agua en Vega Baja.
Los familiares de la mujer han pedido al Departamento de Justicia de Puerto Rico que realice una investigación independiente de las circunstancias que llevaron a la liberación de Ávila Vázquez, ya que no confían en que el DCR encamine una pesquisa imparcial de los hechos.
